Enmienda del BNG para que los nietos no voten hasta la reforma de la Ley Electoral

El texto de la ley aprobado en el Congreso y que ha llegado al Senado mandata al Gobierno a extender la nacionalidad española y, por consiguiente, apunta el BNG, el derecho a voto “a todos los nietos descendientes de exiliados españoles sin regular las condiciones del derecho al sufragio”, lo que en opinión de Jorquera “provocaría distorsiones en el sistema electoral”.
La enmienda propuesta por el senador del BNG, que se mantiene para su debate en el pleno de la Cámara, pretende modificar la Disposición Final segunda, relativa a la entrada en vigor de la ley, estableciendo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, con excepción de la Disposición Adicional Séptima, referida a la adquisición de la nacionalidad, que lo hará al año de su publicación.
Lo que pretende el BNG es que se añada que en lo relativo al derecho a sufragio de los ciudadanos a los que hace referencia en la extensión de la nacionalidad la ley entrará en vigor cuando se apruebe una modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que establezca la regulación de las condiciones de ejercicio del derecho de voto.
“La reforma introducida no es lógica, es incoherente y provocaría inseguridad jurídica”, mantuvo Jorquera en su intervención. También precisó que el BNG está de acuerdo con los aspectos generales de la Ley de la Memoria Histórica , que contó con su apoyo en el Congrso, pero que consideran que “este aspecto es muy cuestionable”.
En este sentido, Jorquera manifestó su desacuerdo con el punto dos de la Disposición Adicional Séptima del proyecto de ley que reconoce el derecho a la nacionalidad española “de los que perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”. “Esto supone una incongruencia y una discriminación con el resto de los nietos de emigrantes que no están recogidos en ese grupo”, valoró.
Por otra parte, aseguró que “lo lógico es que la adquisición de la nacionalidad se regule por una reforma del Código Civil” y no en la ley en la que se recoge. En este sentido mantuvo que “no se puede modificar una ley orgánica, como es el Código Civil, a través de un precepto establecido en una ley inferior” y advirtió que “si no se acepta esta enmienda el Gobierno estaría incurriendo en una incoherencia jurídica de grandes dimensiones”.
En senador del BNG también hizo hincapié en criticar la política del Gobierno de “extender indefinidamente la nacionalidad española y por lo tanto el derecho a voto a los descendientes de emigrantes españoles sin modificar previamente a Loreg para que esta situación no nos conduzca a un fraude democrático”.
En este sentido consideró necesario regular los procesos de votación en el exterior con el voto interior en España “para que se garanticen las mismas condiciones de limpieza del proceso; que se regule en qué procesos electorales pueden participar los emigrantes y en cuales no, “porque no tiene sentido que un nieto de emigrantes gallegos que nunca pisó Galicia pueda votar en unas elecciones municipales”, y que no se pueda ejercer el derecho al sufragio en dos países.


Respetando el consenso
Ésta fue la única enmienda que el BNG presentó al proyecto de ley y así lo hizo notar Jorquera, junto con el hecho de que su formación está de acuerdo con la ley. “Hemos presentado una enmienda a un aspecto que nosotros entendemos que no forma parte de los elementos de consenso con otros grupos que apoyan este proyecto de ley y que ha hecho posible que este proyecto de ley haya sido aprobado en primera instancia en el Congreso”, explicó, solicitando el apoyo de los demás grupos parlamentarios porque “no estamos enmendando un aspecto sustantivo de la ley”.
Jorquera reclamó la atención de los senadores respecto a que la ley se refiere a los nietos sólo para el caso de los exiliados, considerando que “sería incongruente desde el punto de vista jurídico que se reconozca este derecho, la adquisición de la nacionalidad española, a los nietos de aquellas personas que hubiesen tenido nacionalidad española de origen y que la hayan perdido por razón del exilio y no para el resto de los nietos de españoles”. También insitió en que lo lógico es que la adquisición de la nacionalidad se regule en el Código Civil.
Recordó el senador que el BNG considera que es necesario un cambio en la legislación electoral “en todo lo relativo al voto de los equívocamente llamados ‘residentes ausentes”. “Pensamos que no pueden seguir votando en condiciones que no se aseguren el carácter libre, secreto y directo del voto. Pensamos que hay que reglamentar la extensión del derecho al sufragio; es decir, establecer en qué procesos pueden votar, en cuáles no es lógico que voten e, incluso, que reglamente aspectos que a nosotros nos parecen elementales. No es lógico que personas que tengan doble nacionalidad puedan votar simultáneamente en su país de residencia y en su país de origen por haber adquirido la nacionalidad por ser descendientes de españoles”.


Dos propuestas de veto
Al proyecto de ley dictaminado por la Comisión Constitucional del Senado se presentaron dos propuestas de veto, una del Grupo Parlamentario Popular (PP) y otra de los senadores Miquel Bofill Abelló, Luis Aragonès Delgado de Torres, Josep María Esquerda Segués y Carles Josep Bonet i Revés, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (ECP), y 111 enmiendas.
La propuesta de veto de ECP fue defendida por Miquel Bofill, quien consideró que la llamada Ley de la Memoria Histórica era una ley oportuna y necesaria “porque el Estado español y sus clases dirigentes deben condenar con claridad el franquismo” y “porque, de acuerdo con la doctrina de los derechos humanos, las víctimas de la barbarie deben ser reconocidas y deben ver su honor restablecido así como verse recompensadas en la medida de lo posible”. Recordó que Esquerra Republicana fue uno de los grupos impulsores de la ley, sin embargo, apuntó, presentaban un veto “porque el proyecto que está sobre la mesa no responde a las razones que lo hacían necesario y, lejos de cerrar de manera clara y transparente el negro período de la dictadura, se mantiene aún en los grises y claroscuros de la transición”.
Bofill informó de que los senadores a los que representaba habían resumido en 16 puntos lo que entienden que debería haber sido el contenido de la ley.
“Este veto es un veto de dignidad. Esquerra Republicana de Cataluña dice con este veto que la cuestión no queda zanjada ni políticamente ni desde el punto de vista de las víctimas, de sus familiares y de sus amigos. Tampoco queda zanjada desde el punto de vista de los derechos humanos”, dijo.
El veto del PP fue defendido por el senador Alejandro Muñoz-Alonso, quien consideró al proyecto “innecesario, irrelevante y engañoso”, sosteniendo que ya antes de aprobarse ha producido una división perjudicial en la sociedad española. También que sus objetivos “ya están de un modo u otro resueltos por una veintena larga de disposiciones de diverso rango, que se han ido sucediendo desde el mismo momento de la transición”, así como que va en contra de la transición y que es de tendencia revisionista.
En un turno posterior, el senador del PP insistió en dejar claro que su partido siempre ha dado su apoyo “a medidas de cualquier tipo que pudieran resarcir a las víctimas de la Guerra Civil en la dictadura” y que no han presentado enmiendas a los artículos que hablan de reparación, y reiteró su opinión de que “esta ley no va en esa dirección”.
La senadora socialista María Cinta Castillo rechazó el veto de ECP valorando que, al contrario de lo que dijo Bofill, se llevan treinta años haciendo justicia y no esperando a que esta ley se apruebe y se recupere la memoria histórica o la dignidad.
Por otra parte aseguró que las propuestas de ECP estaban recogidas en la ley, “salvo en el último punto cuando solicitan que sea el jefe del Estado, curiosamente, el que haga un perdón expreso a las víctimas”.
Otra senadora socialista, María del Carmen Granado, fue la encargada de responder al veto del PP. Mantuvo que “esta ley trata de reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles y de las españolas que durante largos años han sufrido la tremenda injusticia de ver cómo no se recuperaba la memoria ni el respeto a sus familias”, que lo que hace la ley es “establecer derechos y medidas de reconocimiento y reparación a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista” y que “pretende simplemente hacer justicia”.
“La mayoría de los españoles, dos de cada tres según las encuestas del CIS, afirman que las víctimas de la Guerra Civil han sido las grandes olvidadas y piensan que ya es el momento de reparar esa injusticia”, explicó, rechazando la acusación de que el texto haya dividido a la sociedad. También sostuvo que no va contra el espíritu de la transición sino que es heredera del mismo y que no revisa la historia.
Ambos vetos fueron rechazados sin más apoyo que el de su respectivo grupo proponente. La Comisión aprobó el texto propuesto en el informe que le remitió la ponencia, que ya descartaba ambos vetos, con trece votos a favor y diez en contra. El documento final, junto con las enmiendas presentadas, se debatirán nuevamente y se votarán a finales de mes en el pleno del Senado.