EN BERLíN SE PRESENTó EL ACUERDO FIRMADO ENTRE LOS SINDICATOS Y EL GOBIERNO SOBRE EL SERVICIO EXTERIOR
CEAEE y CC OO exigen al Gobierno que paralice los cierres previstos de consejerías
Juan Antonio Bastán, secretario general de la Sección Estatal del Servicio Exterior de la FSAP de Comisiones Obreras (CC OO), y Pablo Caballero, coordinador general del Sector Federal de la Administración del Estado, estuvieron el pasado 13 de diciembre en Berlín, donde mantuvieron una entrevista con el embajador de España y asistieron a una asamblea con los trabajadores del servicio exterior.
Juan Antonio Bastán, secretario general de la Sección Estatal del Servicio Exterior de la FSAP de Comisiones Obreras (CC OO), y Pablo Caballero, coordinador general del Sector Federal de la Administración del Estado, estuvieron el pasado 13 de diciembre en Berlín, donde mantuvieron una entrevista con el embajador de España y asistieron a una asamblea con los trabajadores del servicio exterior para tratar asuntos relacionados con el reciente acuerdo entre los sindicatos y la Administración, firmado en Madrid a mediados del mes de noviembre, por el que se regulan los derechos del personal laboral en el exterior al servicio de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos. Pero ésta no era la única misión de Caballero y Bastán en la capital alemana.
Los representantes de los sindicatos traían en cartera un comunicado de protesta dirigido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que califican de “desmantelamiento” la reducción de infraestructuras que la Administración española mantiene en el exterior para atender las necesidades sociales y laborales de millón y medio de ciudadanos y ciudadanas residentes fuera de España, lo que está teniendo como consecuencia el cierre de consejerías laborales en algunos países. El comunicado ha sido firmado conjuntamente por Antonio Aliaga, presidente de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles, y Juan Antonio Bastán, en nombre de CC OO.
El Consejo de Ministros del 7 de noviembre aprobó el cierre de las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales de las Misiones Diplomáticas Permanentes de España en Otawa (Canadá) y en La Haya (Países Bajos), medida que, según el comunicado, afectará a 38.789 españoles y españolas en los Países Bajos, donde en 2006 se registraron 11.931 actuaciones de información y asesoramiento a ciudadanos e instituciones. En Canadá, la medida afectará a 25.150 personas con nacionalidad española residentes en ese país, donde el número de actuaciones de información en 2006 fue de 3.538.
También en Alemania se retira a los asesores de las Secciones Laborales en Munich y Stuttgart, dejando a 28.662 españoles y españolas sin la atención de la que disfrutaban hasta la fecha. En el comunicado se critica que el Estado eluda su propia responsabilidad de proteger a los ciudadanos en el exterior y, al mismo tiempo, vaya también suprimiendo la financiación para la acción asesora sociolaboral desarrollada por el movimiento asociativo.
Estas decisiones han sido tomadas sin consultar, ni con los organismos representantes del movimiento asociativo, ni con los órganos consultivos de la emigración: los Consejos de Residentes y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), algo contrario al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, donde se expresa la necesidad de “salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los exiliados y de los descendientes de ambos, y facilitar la integración social y laboral de los retornados”, colectivos que según los firmantes del comunicado han dejado de ser considerados merecedores de una especial atención, a pesar de que en el Estatuto se les califica como “recurso fundamental de la proyección de España en el exterior” y “capital social”.
Contra esta estrategia del Gobierno, de conceder por un lado amplios y subjetivos derechos sobre el papel, desmantelando por otro lado las infraestructuras imprescindibles para hacerlos efectivos, la CEAEE y CC OO exigen al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que se paralicen estas medidas perjudiciales para los españoles y españolas residentes en el exterior; que se inicie un proceso de negociación con el CGCEE, el movimiento asociativo, sindicatos y patronal, dirigido a “vertebrar una política migratoria que merezca llamarse integral”, y que se habiliten fondos económicos para crear los correspondientes servicios en los países en que sea necesario hacerlo, sin que éstos sean detraídos de los fondos destinados actualmente a las Consejerías y Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales ya existentes.
Los representantes de los sindicatos traían en cartera un comunicado de protesta dirigido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que califican de “desmantelamiento” la reducción de infraestructuras que la Administración española mantiene en el exterior para atender las necesidades sociales y laborales de millón y medio de ciudadanos y ciudadanas residentes fuera de España, lo que está teniendo como consecuencia el cierre de consejerías laborales en algunos países. El comunicado ha sido firmado conjuntamente por Antonio Aliaga, presidente de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles, y Juan Antonio Bastán, en nombre de CC OO.
El Consejo de Ministros del 7 de noviembre aprobó el cierre de las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales de las Misiones Diplomáticas Permanentes de España en Otawa (Canadá) y en La Haya (Países Bajos), medida que, según el comunicado, afectará a 38.789 españoles y españolas en los Países Bajos, donde en 2006 se registraron 11.931 actuaciones de información y asesoramiento a ciudadanos e instituciones. En Canadá, la medida afectará a 25.150 personas con nacionalidad española residentes en ese país, donde el número de actuaciones de información en 2006 fue de 3.538.
También en Alemania se retira a los asesores de las Secciones Laborales en Munich y Stuttgart, dejando a 28.662 españoles y españolas sin la atención de la que disfrutaban hasta la fecha. En el comunicado se critica que el Estado eluda su propia responsabilidad de proteger a los ciudadanos en el exterior y, al mismo tiempo, vaya también suprimiendo la financiación para la acción asesora sociolaboral desarrollada por el movimiento asociativo.
Estas decisiones han sido tomadas sin consultar, ni con los organismos representantes del movimiento asociativo, ni con los órganos consultivos de la emigración: los Consejos de Residentes y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), algo contrario al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, donde se expresa la necesidad de “salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, de los exiliados y de los descendientes de ambos, y facilitar la integración social y laboral de los retornados”, colectivos que según los firmantes del comunicado han dejado de ser considerados merecedores de una especial atención, a pesar de que en el Estatuto se les califica como “recurso fundamental de la proyección de España en el exterior” y “capital social”.
Contra esta estrategia del Gobierno, de conceder por un lado amplios y subjetivos derechos sobre el papel, desmantelando por otro lado las infraestructuras imprescindibles para hacerlos efectivos, la CEAEE y CC OO exigen al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que se paralicen estas medidas perjudiciales para los españoles y españolas residentes en el exterior; que se inicie un proceso de negociación con el CGCEE, el movimiento asociativo, sindicatos y patronal, dirigido a “vertebrar una política migratoria que merezca llamarse integral”, y que se habiliten fondos económicos para crear los correspondientes servicios en los países en que sea necesario hacerlo, sin que éstos sean detraídos de los fondos destinados actualmente a las Consejerías y Secciones de Trabajo y Asuntos Sociales ya existentes.
