LA MINISTRA EXPLICó SU CONTENIDO EN EL CONGRESO
Elena Salgado califica de histórico el acuerdo sobre el personal laboral en el exterior
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha calificado de histórico el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, resaltando que llevaba 15 años negociándose y que el Gobierno ha tenido voluntad política de resolver el asunto.

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha calificado de histórico el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior, resaltando que llevaba 15 años negociándose y que el Gobierno ha tenido voluntad política de resolver el asunto. Lo hizo en el pleno del Congreso de los Diputados, donde señaló que el Gobierno, en el marco del diálogo social, ha trabajado en medidas que “dignifican el trabajo de nuestros empleados públicos, incluidos aquellos que prestan sus servicios fuera del territorio nacional”. En este contexto situó el acuerdo alcanzado el pasado 3 de diciembre sobre el personal laboral en el exterior, del que valoró que “cabría calificar de acuerdo histórico entre la Administración y los sindicatos de la Función Pública”.
Salgado explicó que el acuerdo fija por primera vez las condiciones laborales del personal en el exterior, con independencia de su nacionalidad y de la legislación que le sea aplicable, y que pone fin a un proceso de negociación de más de 15 años. “Este tiempo es indicativo de la dificultad que este acuerdo entrañaba, pero también de la clara voluntad de este Gobierno por superar todos los obstáculos”, observó, precisando que el acuerdo se alcanzó en el marco de la mesa de negociación de la Administración General del Estado con los sindicatos más representativos –Comisiones Obreras, UGT, CSI-CSIF y CIG–.
“El mandato del Consejo de Ministros –de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprobaron las medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado– tuvo la virtud de delimitar por un lado el objeto de lo que debía ser regulado y de llevar implícito un acuerdo con los sindicatos a través de la negociación colectiva. La idea que quisiera que quedara clara es la idea básica que preside el acuerdo alcanzado: el principio de no discriminación”, expuso, manteniendo que con el acuerdo ya no hay un trato diferente entre el personal laboral que presta sus servicios en el exterior y el personal laboral destinado en España.
También afirmó que con él se reconocen derechos individuales con alcance similar al de los restantes empleados públicos, como permisos, vacaciones, horarios, excedencias, cambio de las condiciones de trabajo o de jubilación y derechos colectivos, reconociendo por primera vez el derecho a la representación colectiva, a la participación, a la formación profesional, la salud laboral y la acción social.
La ministra respondía a una pregunta de la diputada socialista Pilar Unzalu, que se interesó por el contenido del acuerdo, que además de la firma de Salgado y la de los sindicatos que lo respaldan lleva la del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
La diputada recordó que el antecedente a este acto se encuentra en el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprobaron las medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado. En ellas se instaba a que en el plazo de un año se determinara, a través del instrumento jurídico adecuado, el conjunto de condiciones mínimas aplicables al personal contratado en el exterior.
También apuntó que con anterioridad al acuerdo no estaban reguladas las condiciones laborales de alrededor de 6.000 empleados públicos que prestan su servicio en el exterior, “ni respondían a los estándares mínimos de la legislación española”. “Siempre se ha justificado esta carencia por la dispersión geográfica, la distinta procedencia nacional de los efectivos, la complejidad derivada de los distintos ordenamientos jurídicos aplicables”, observó, manteniendo que “era muy necesario establecer un marco común que supusiera una homogeneización de esas condiciones”.
Salgado explicó que el acuerdo fija por primera vez las condiciones laborales del personal en el exterior, con independencia de su nacionalidad y de la legislación que le sea aplicable, y que pone fin a un proceso de negociación de más de 15 años. “Este tiempo es indicativo de la dificultad que este acuerdo entrañaba, pero también de la clara voluntad de este Gobierno por superar todos los obstáculos”, observó, precisando que el acuerdo se alcanzó en el marco de la mesa de negociación de la Administración General del Estado con los sindicatos más representativos –Comisiones Obreras, UGT, CSI-CSIF y CIG–.
“El mandato del Consejo de Ministros –de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprobaron las medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado– tuvo la virtud de delimitar por un lado el objeto de lo que debía ser regulado y de llevar implícito un acuerdo con los sindicatos a través de la negociación colectiva. La idea que quisiera que quedara clara es la idea básica que preside el acuerdo alcanzado: el principio de no discriminación”, expuso, manteniendo que con el acuerdo ya no hay un trato diferente entre el personal laboral que presta sus servicios en el exterior y el personal laboral destinado en España.
También afirmó que con él se reconocen derechos individuales con alcance similar al de los restantes empleados públicos, como permisos, vacaciones, horarios, excedencias, cambio de las condiciones de trabajo o de jubilación y derechos colectivos, reconociendo por primera vez el derecho a la representación colectiva, a la participación, a la formación profesional, la salud laboral y la acción social.
La ministra respondía a una pregunta de la diputada socialista Pilar Unzalu, que se interesó por el contenido del acuerdo, que además de la firma de Salgado y la de los sindicatos que lo respaldan lleva la del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
La diputada recordó que el antecedente a este acto se encuentra en el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, por el que se aprobaron las medidas para la potenciación de la acción exterior del Estado. En ellas se instaba a que en el plazo de un año se determinara, a través del instrumento jurídico adecuado, el conjunto de condiciones mínimas aplicables al personal contratado en el exterior.
También apuntó que con anterioridad al acuerdo no estaban reguladas las condiciones laborales de alrededor de 6.000 empleados públicos que prestan su servicio en el exterior, “ni respondían a los estándares mínimos de la legislación española”. “Siempre se ha justificado esta carencia por la dispersión geográfica, la distinta procedencia nacional de los efectivos, la complejidad derivada de los distintos ordenamientos jurídicos aplicables”, observó, manteniendo que “era muy necesario establecer un marco común que supusiera una homogeneización de esas condiciones”.