La Comisión Sociolaboral reclama el aumento de plazas para el exterior en los viajes del Imserso y facilitar la participación desde América

En concreto, la Comisión, que se reunió el pasado lunes 7 y martes 8 en Madrid, asegura que se debería de pasar de las 4.450 plazas actuales a las 10.000 si se tiene en cuenta el número de solicitudes y el incremento de la población jubilada.

Además, se solicita que se recupere la financiación parcial por parte de la Dirección General de Migraciones de los billetes de traslado a España de manera que se facilite la participación de los mayores españoles residentes en América, pudiendo suscribir para tal fin convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que contribuyan a alcanzar este objetivo.

Asimismo, se pide que se amplíe el número de beneficiarios incluyendo, además de los pensionistas del Sistema de Seguridad Social español, a los españoles que cotizaron en otros países y a los beneficiarios de la prestación económica por ancianidad.

Desde esta Comisión también se solicitó la reactivación, ampliación y actualización del Programa para Jóvenes con ayudas para favorecer su integración, desarrollo profesional e interacción con las asociaciones españolas en su lugar de residencia.

El programa, explica Pablo Puertas, consejero por el sindicato SCIF y miembro de la Comisión Sociolaboral, está encaminado, por un lado, a cubrir la formación educativa en los niveles primarios, medios, universitarios y técnicos de los jóvenes del exterior que carezcan de recursos y, por otro, a fomentar su integración en las instituciones españolas en el exterior, ya que actualmente las instituciones tienen serias dificultades para renovarse. “La idea del programa –destaca– es dotarlo de un presupuesto que permita llevar adelante proyectos de interés para estos jóvenes”.

Otra de las peticiones de la Comisión es que la convocatoria de ayudas del Programa de Asociaciones para celebrar una asamblea de federaciones de más de un país se modifique para que se puedan beneficiar federaciones de un solo país.

En cuanto a la convocatoria del Programa en general, se aprobó una propuesta para que se simplifique y actualice. En concreto, piden que se haga siempre en el primer trimestre del año, que el plazo de solicitud sea al menos de un mes y que se pueda solicitar por medios telemáticos.

También se solicitará al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Agencia Tributaria que retire la obligatoriedad de que los pensionistas y perceptores de prestaciones de la Seguridad Social residentes en el exterior tengan que enviar a España anualmente un certificado de residencia fiscal a la Dirección Provincial del INSS para estar exentos de las retenciones por IRPF e IRNR (Impuesto sobre la Renta de no Residentes).

Otra de las propuestas que la Comisión Sociolaboral llevará al Pleno es la habilitación de un departamento de servicios sociales en las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para mejorar la asistencia a la población española en el exterior.

Esta Comisión contó con la participación de varios expertos y políticos de alto nivel a los que los miembros de la Comisión plantearon sus dudas y propuestas: Patricia Gemma Saldaña Figa, subdirectora general de Gestión; Lucía Gely Alonso, subdirectora adjunta de la Secretaría General de Gestión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad; o Agustín Santos Maraver, diputado en las Cortes Generales por Madrid.

“La verdad –asegura Puertas– es que han sido muy receptivos. De a poco creo que se va comprendiendo desde Madrid la particularidad que tiene el exterior y se está trabajando y, por fin, la tecnología llegó para solucionar muchos de los problemas históricos. La digitalización en todos los ámbitos va a poder desterrar todo el bloqueo que tuvimos durante tanto tiempo”.

Este consejero hizo hincapié en la necesidad de reforzar el servicio exterior porque “no es de recibo que la ciudadanía española en el exterior haya superado los 3 millones de personas y sigamos con las mismas plantillas de hace 20”. "La población española –continuó– se ha triplicado en los últimos 20 años, pero la plantilla de personal sigue siendo la misma y obviamente el ratio de personas que tiene que atender cada trabajador es altísima y se va a multiplicar cuando se acabe la Ley de Memoria Democrática”. Pablo Puertas recuerda que la previsión es que cuando terminen de tramitarse todas las nacionalidades se alcancen los 3,5 millones de españoles en el exterior.

“Entendemos –dijo– que la digitalización va a traer alivios en muchos aspectos, pero en otros la atención personalizada va a tener que continuar y no se puede tener semejante cantidad de personal temporal”. Puertas se mostró confiado en que los nuevos presupuestos del Estado potencien la contratación de personal fijo.