Mientras el gobierno del Estado dicta una Ley de Transparencia con la finalidad de: “… que España deje de ser uno de los pocos países europeos sin Ley de Transparencia… que garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública y que refuerce la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos”, el gobierno de la Xunta de Galicia