ASEGURAN QUE DE NO SER ASÍ SERÍA RESPONSABILIDAD DEL PP Y CIUDADANOS

El PSOE Europa, satisfecho con la proposición para que se apruebe por vía de urgencia la reforma del voto exterior

| 14 Febrero 2019 - 12:33 h.

El PSOE Europa, la federación de los socialistas en el exterior, expresa su satisfacción por que el PSOE, a través de la proposición de ley presentada el viernes pasado en el Congreso de los Diputados, cumple con una reivindicación fundamental de la ciudadanía en el exterior: recuperar el derecho de voto de manera efectiva. Si dicha propuesta de reforma, avalada por los expertos consultados por la Comisión Parlamentaria y apoyada por Podemos, no se aprueba con urgencia, los responsables serán el PP y Ciudadanos, aseguran los socialistas.

El grupo parlamentario socialista ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma concreta de la Ley Electoral articulada sobre tres ejes: No será necesario rogar el voto; se recibirán las papeletas para votar de manera temprana; y se ampliarán días de votación en consulados y plazos para que los votos lleguen a España y sean contabilizados de manera efectiva.

El ruego del voto, aunque bien intencionado en su día para combatir el fraude electoral, ha sido desastroso para la participación política de la ciudadanía en el exterior, dicen. 

Desde el PSOE Europa piden al resto de formaciones políticas, y en particular al PP y a Ciudadanos, que apoyen la tramitación urgente de dicha proposición de ley. Según aseguran, la única alternativa planteada por el PP, sustituir el ruego del voto por una certificación notarial, llega a destiempo –después de años de desidia– y es aún más gravosa que el ruego del voto. Además, explican que los expertos consultados por la Comisión Parlamentaria han descartado los pretextos del PP al confirmar que la propuesta del PSOE reúne las debidas garantías.

La Constitución tiene más artículos, además del 155, recuerdan los socialistas quien aseguran que tiene poco sentido pedir elecciones, como hacen el PP y Ciudadanos día sí y día también, y dejar sin derecho a votar, en la práctica, a más de 2 millones de electores.

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