El Parlamento aprueba que la Xunta inste al Gobierno central a que intensifique la ayuda a los españoles en Venezuela
Asimismo, reclama a la Xunta a que siga desarrollando “con total intensidad” las medidas de apoyo a los gallegos en el país y a las entidades gallegas allí presentes, “ante la grave crisis socio-económica que sufren”.
El acuerdo, aprobado en base a una proposición no de ley del diputado ‘popular’ José Alberto Pazos Couñago, está relacionado con la situación política y social que se deriva del régimen que implantó Nicolás Maduro en Venezuela, país en el que, según acreditan los informes de Naciones Unidas –recoge el texto–, se detectan “graves violaciones contra los derechos humanos”.
Entre ellos, se habla del encarcelamiento de cientos de prisioneros políticos que se encuentran detenidos en condiciones que vulneran las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, por lo que se exige la “liberación inmediata e incondicional” de estos y “el pleno restablecimiento de sus derechos”.
En ese contexto, se insta a la Xunta a que, a través del Gobierno de España –en el que recae la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales–, demande al régimen de Maduro a que “ponga fin a su política de represión y a sus ataques contra la sociedad civil y la oposición”.
El texto aprobado en el Parlamento gallego pide, asimismo, “reconocer a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio” y, como consecuencia, “como presidente electo y legítimo de Venezuela”; pero también “apoyar las medidas de presión y las sanciones propuestas por la Unión Europea contra el régimen venezolano” hasta que “no se produzca un proceso de apertura, liberalización y democratización de sus instituciones”. Se incluye entre los aludidos a funcionarios de alto nivel, miembros de las fuerzas de seguridad, del Tribunal Supremo de Justicia y al propio Nicolás Maduro.
Un tercer apartado habla de reafirmarse en el “compromiso de España con la labor de la Corte Penal Internacional (TPI) como un mecanismo clave para la lucha contra la impunidad y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”; de “continuar apoyando de manera decidida las investigaciones en curso de la Fiscalía del TPI, respetando plenamente la independencia de dicho órgano en la toma de decisiones sobre la emisión de ordenes de arresto”; y de “seguir colaborando activamente con el TPI mediante la tramitación de peticiones de cooperación judicial internacional y otras acciones que refuercen el alcance de sus investigaciones”. Por todo ello, la mayoría parlamentaria aprobó el texto de Pazos Couñago, que pide “condenar enérgicamente el régimen de Nicolás Maduro”.
La proposición recoge también la “satisfacción” de la mayoría de los diputados por la concesión a María Corina Machado del Premio Nobel de la Paz 2025, en señal de reconocimiento a su “incansable defensa de la libertad, de la justicia y de los derechos fundamentales, así como por su compromiso cívico de lucha a favor de la democracia en Venezuela”, lo que les lleva a “renovar el compromiso de Galicia con la libertad, la justicia y el Estado de Derecho, y expresar la confianza de que este galardón contribuya a abrir para Venezuela un horizonte de democracia, reconciliación y paz duradera”.
