El Congreso acuerda revisar el voto emigrante a propuesta del Parlamento gallego

El Congreso de los Diputados aprobó este martes con el voto favorable de los grupos, excepto BNG y ERC, la propuesta del Parlamento gallego que plantea acabar con la exigencia a los españoles en el exterior de solicitar el voto con antelación (voto rogado), implantado en la reforma electoral estrenada en 2011 y apoyada en su día por socialistas, ‘populares’ y nacionalistas vascos y catalanes.

El mecanismo que tenía por objeto evitar fraudes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) provocó un desplome en la participación electoral de este colectivo.

Antes de que entrase en vigor esta reforma, la participación de los españoles residentes en el exterior oscilaba en torno a un 15%. En las generales de 2008, el límite de participación alcanzó el 31%. Con la entrada en vigor de la norma, en las autonómicas de mayo de 2011, las solicitudes de voto alcanzaron el 8,23%, mientras que el porcentaje total de votantes fue solo del 3,66%. Mientras, en las generales de noviembre de 2011, solicitó el voto el 9,31% y el número de votantes alcanzó el 4,95%.

La reforma, que también excluyó a los emigrantes de participar en las elecciones municipales, fue muy contestada por otras fuerzas de la oposición, como IU, UPyD, BNG y Coalición Canaria, pero también abrió fisuras en los partidos mayoritarios, especialmente en Galicia y en su militancia en el exterior, hasta el punto de que el PSOE acabó rectificando y pidiendo revocar el voto rogado. También el PP acabó abriendo la puerta a explorar otra fórmula, condicionada a garantías de un censo sin irregularidades.

En este contexto llegaba este martes al pleno del Congreso la propuesta que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad hace cinco años y medio, en un pleno extraordinario celebrado en el mes de julio de 2008 cuando gobernaban en coalición el PSdeG y el BNG. En aquel momento, todos los grupos coincidieron en que “no valían excusas” y en que había que habilitar urnas para que los residentes en el exterior votaran en igualdad de condiciones con los ciudadanos en el territorio.

La iniciativa del Parlamento gallego ha sido defendida en Madrid por las diputadas autonómicas Paula Prado, portavoz del PP gallego; Yolanda Díaz, de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), y la socialista Marisol Soneira. Prado subrayó que la reforma de 2011, aunque nació con “buena intención”, se ha demostrado “ineficaz” dada la “espectacular” caída de la participación.

El objetivo del Parlamento gallego es equiparar el procedimiento electoral de los emigrantes y el que se aplica a los residentes en España. De este modo, cada demarcación consular con más de 500 censados y menos de 4.000 se organizaría en sección electoral con una urna para que, en locales habilitados por los consulados y embajadas, puedan ejercer su derecho al voto del mismo modo que se hace en España, formando mesas electorales y con el consiguiente despliegue de la administración diplomática.

Además, y para quienes no puedan acercarse a los consulados el día de la votación, se habilitaría un sistema de votación por correo similar al que existe en España y en el que sí se exige al elector pedir el voto con antelación, como ya ocurre en el voto por correspondencia dentro del país.

El PSOE, que apoyó la implantación del voto rogado en 2010, ha defendido su rectificación porque “los efectos producidos obligan a reflexionar”, dijo la diputada Carmela Silva. “Hay que corregir una decisión que los datos han demostrado que no fue acertada”, prosiguió, y añadió: “Es una cuestión de valores y principios y tenemos que tener la valentía de reconocer el error”.

Izquierda Plural, por boca del diputado de EUiA-IU, Joan Josep Nuet, también avaló la reforma gallega insistiendo en que el voto rogado es “un atentado a la democracia” que supone “una carrera de obstáculos” para los españoles residentes en el exterior.

Irene Lozano, por parte de UPyD, apoyó la tramitación de la propuesta del Parlamento gallego pues, aunque tiene dudas sobre el fondo y ve “imprecisiones jurídicas y complicaciones”, abre el debate para revisar el sistema de voto de los españoles del exterior y terminar con el voto rogado, que en su opinión “daña el principio de igualdad”.

La iniciativa gallega contó asimismo con el respaldo de los diputados del Grupo Mixto Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) y Ana Oramas (Coalición Canaria), mientras que se descolgó la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, quien considera que la propuesta gallega ha sido superada por la reforma que introdujo el voto rogado, que ahora avala como la fórmula más “garantista”.

“El BNG, aun siendo promotor de esta proposición de ley, no puede votar favorablemente porque esta propuesta se puede aprovechar para dar un paso atrás en una legislación que hace más difícil ejercer el fraude electoral”, aseguró.

Por el contrario, los nacionalistas de CiU, que pactaron en su día el voto rogado, ahora consideran que los resultados no han sido adecuados y perjudican el derecho de voto de los emigrantes, a la vista de los “preocupantes” datos de participación, según ha dicho Montserrat Surroca.

Desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, cree que siendo “realistas” es “muy difícil” llevar a término lo que propone la Cámara gallega, tanto desde el punto de vista logístico como jurídicamente, dadas las funciones que tiene establecidas la Junta Electoral Central, además de que, ha apuntado, se necesita dinero, lo que dejaría en “desventaja” a los partidos minoritarios. Eso sí, no se opone a reabrir el debate en el Congreso.

Prada revisará la legislación

El PP decidió acceder a revisar la legislación de 2011 y, si antes el Grupo Popular encargaba estos debates a los expertos en derecho electoral que defendían la reforma de 2011, este martes encargó el asunto al presidente de Justicia, Alfredo Prada, responsable del PP en el exterior.

Este diputado ha admitido ante el pleno que, aun cuando la reforma del voto rogado introdujo “amplísimas garantías jurídicas” y “una gran transparencia”, también ha sido la causa de un descenso “vertiginoso” y “drástico de la participación”.

A su juicio, la iniciativa gallega puede ser “el punto de apoyo” para revisar las condiciones de voto de los inscritos en el CERA, con el fin de permitir “más participación sin merma de garantías” y todo ello de “acuerdo con todas las fuerzas políticas”.