Coalición Canaria apoya la propuesta del CGCEE de reformar las disposiciones sobre nacionalidad en el Código Civil
Hasta este momento, el derecho de acceso a la nacionalidad se ha regulado mediante leyes por lo que su vigencia y plazos, “como leyes caducas que son”, explica José Téllez, secretario ejecutivo de Políticas en el Exterior e Interculturalidad, “dificulta la solicitud de la nacionalidad, satura en un corto espacio de tiempo las instalaciones consulares que, en muchas ocasiones, no tienen personal suficiente para atender las demandas y, como consecuencia, muchas solicitudes quedan sin tramitar”.
Por poner un ejemplo, la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, regula el acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles que sufrieron exilio y estableció un plazo inicial de dos años para solicitarla, que finalizaba en octubre de 2024. El plazo se amplió por un año más hasta el 22 de octubre de 2025, después de lo cual ya no se pueden presentar más solicitudes.
“La finalización de esta posibilidad implica que los efectos de la Ley no alcanzarán a muchas personas”, añade Téllez, “porque no pudieron iniciar el trámite en los consulados generales, ya sea por desconocimiento, por dificultades con la documentación requerida, por no haber podido realizar el trámite en estos años o por no haber conseguido la documentación en los registros civiles, tanto en su país de nacimiento como en España, donde se ha producido una saturación de solicitudes”.
José Téllez coincide en que la “imposibilidad de conseguir una nacionalidad que te pertenece no puede perpetuarse y no podemos seguir adelante esperando leyes con vigencia de 24 meses cada tres lustros, por lo que es necesario una ley perenne que dé salida a un problema que otros países ya han solucionado, y resuelve casos de discriminación como el de los descendientes de mujeres emigrantes”.
Se da la casuística que la ley ha permitido el acceso a la nacionalidad a quienes tienen un bisabuelo español varón, pero no a quienes la ascendencia corresponde a una bisabuela española, lo que constituye una desigualdad por razón de sexo en la transmisión de la nacionalidad.
La modificación planteada intenta, entre otros aspectos, que las personas nacidas de progenitora española con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución española, aquellas que acrediten que alguno de sus ascendientes hubiese sido español con anterioridad a su nacimiento, las que puedan probar que alguno de sus ascendientes hubieses obtenido la nacionalidad española de origen en virtud del derecho de opción y los cónyuges extranjeros de aquellos españoles de origen residente en el exterior que al tiempo de la solicitud llevasen dos años casados y no estuviesen separados legalmente o de hecho.
Asimismo se insiste en que en los mismos núcleos familiares no existan diferencias entre unos hijos y otros según su edad o lugar de nacimiento.
Uno de los aspectos de esta reforma insiste en que no “se pueda perder la nacionalidad española salvo que renuncien expresamente ante el Registro Civil y se podrá recuperar con la declaración ante el mismo registro”.
Desde Coalición Canaria se espera que las fuerzas políticas con representación en el Congreso puedan reunirse durante las próximas las comisiones delegadas del CGCEE, para recabar el mayor número de apoyos y lograr que esta reforma sea definitiva y permita a los descendientes de españoles solicitar una nacionalidad que les pertenece.
