Lamenta que no se convocase el órgano de representación de la colectividad

Rodríguez Miranda cree que el Gobierno carece de “voluntad política” para suprimir el voto rogado

“Yo de este actual Gobierno del Estado solo creo los hechos que voy viendo, hasta que no vea los hechos, no me creo nada”, asegura, respecto a la supresión del voto rogado en el exterior, el secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, quien recuerda que, desde Galicia, tanto el presidente Feijóo como el Parlamento, ya se pronunciaron en diferentes ocasiones en contra de que los españoles del exterior tuvieran que rogar el voto.  

Rodríguez Miranda cree que el Gobierno carece de “voluntad política” para suprimir el voto rogado
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Rodríguez Miranda explica que la pandemia no puede ser "una excusa para que los españoles del exterior no hablen en un órgano consultivo".

“Yo de este actual Gobierno del Estado solo creo los hechos que voy viendo, hasta que no vea los hechos, no me creo nada”, asegura, respecto a la supresión del voto rogado en el exterior, el secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, quien recuerda que, desde Galicia, tanto el presidente Feijóo como el Parlamento, ya se pronunciaron en diferentes ocasiones en contra de que los españoles del exterior tuvieran que rogar el voto.  

Desde el Gobierno central se había situado en el horizonte del mes de junio la aprobación de la reforma de la Ley Electoral que suprimía el voto rogado, pero la propuesta todavía está en tramitación parlamentaria.

“Considero que cambiar el voto rogado es algo totalmente necesario”, asegura Rodríguez Miranda, quien recuerda que “tuvimos la oportunidad, estuvimos muy cerca de cambiar la norma si la última disolución de las Cámaras no se hubiese producido por parte del presidente Sánchez, porque quedaban menos de dos meses para acabar la tramitación legislativa de esa reforma del voto”.

Miranda asegura que los partidos que sustentan al Gobierno tienen “buenas palabras” y “pronunciamientos parlamentarios”, pero “resultados tangibles no los veo”.

“Por lo tanto, –explica– no me puedo creer que efectivamente tengan voluntad política de modificar este sistema de voto que es absolutamente injusto con nuestros gallegos y con nuestros españoles del exterior”.

A pesar de esta falta de interés que ve en el Gobierno central, Miranda se muestra optimista y espera, “más pronto que tarde”, poder decir que “efectivamente el Gobierno cumplió con su palabra y modificó la Ley”.

El responsable de Emigración de la Xunta asegura que el PP estará “para aportar positivamente y que efectivamente el voto rogado se suprima y se permita un sistema de voto lo más parecido a como lo ejercemos los españoles en el territorio nacional”, aunque afirmó que entienden “los condicionantes y las limitaciones, pero actualmente hay mecanismos para saltar esas limitaciones que puede haber”.

“Y si no logramos la perfección, sí vamos a mejorar la participación todo lo posible”, aseguró Miranda, quien explicó que con un sistema similar al de España es posible que no se pueda llegar al 100% del territorio del mundo, pero sí “llegar al 70, 80 ó 90% del territorio donde hay gallegos y españoles residiendo y eso es lo que queremos”.

Falta de convocatoria de los plenos del CGCEE

Miranda también se refirió a la “falta de voluntad política” del Gobierno para “darles participación a los españoles del exterior” como muestra la ausencia de la celebración de los plenos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) en los últimos años (2019, 2020 y por el momento tampoco está convocado para 2021).

Miranda comparó la situación nacional con la situación de Galicia en la que la Comisión Permanente del Pleno del Consello de Comunidades Galegas se reunió una decena de veces entre el año pasado y este y se preguntó “por qué el Estado no puede adoptar este tipo de medidas”, asegurando que “la participación se puede hacer igual, escuchar a los españoles del exterior se puede hacer igual de manera telemática”.

El secretario xeral de Emigración explicó que hay que adaptarse a las circunstancias actuales, “pero no hay que utilizar excusas para que los españoles del exterior no hablen en un órgano consultivo” y recordó que este órgano tiene una regulación legal que se está incumpliendo.

Rodríguez Miranda también aseguró que a veces duda de que el Gobierno esté realmente interesado en la participación de los españoles en el exterior “porque en los momentos más duros de la pandemia se forzaron elecciones a los Consejos de Residentes (CRE)”, en un momento en que las elecciones eran muy “complicadas” por las “tremendas limitaciones” que había en algunos países.

“Es decir, tú como España no puedes reunir un órgano por las circunstancias de la pandemia, pero sí obligas a hacer un proceso electoral en esos mismos tiempos a los españoles por todo el mundo, en países con condiciones absolutamente imposibles”, asegura el secretario xeral. Miranda se pregunta si “lo que se pretende es que no haya participación, que no se constituyan los órganos y que cuando se constituya el nuevo Consejo General haya menos Consejos de Residentes que puedan aportar miembros”.

Eso, explica, sería intentar “callar la voz de los españoles en el exterior porque no pueden estar presentes en ese Consejo General para llevar allí sus inquietudes y para explicar los problemas que tienen como españoles en el exterior”.

“Casi parecería que a los españoles del exterior se les consideraría españoles de segunda y, desde luego, eso no se puede permitir”, afirma Rodríguez Miranda.

Ley de Nacionalidad

Respecto a la ampliación de la Ley de Nacionalidad, Miranda apuesta por que se siga avanzando. Valora positivamente los dos casos que se recogieron en la Ley de Memoria Democrática que se aprobó recientemente, pero asegura que “hay que ser más ambiciosos porque hay que corregir situaciones de agravio, no es darle algo que no se merecen. Al contrario, tenemos que darles algo que hace mucho tiempo que les estamos debiendo”.

El secretario xeral recordó que ellos siempre defendieron que había que recoger “todas aquellas situaciones de agravio comparativo que no quedaron debidamente recogidas en la Ley de Memoria”.

“Pero aquí –explica– también la disolución de las Cortes Generales por parte del presidente Sánchez impidió la modificación de la ley relativa a estos casos de nacionalidad que corregía todos estos casos de agravio comparativo e incluso buscaba alternativas viables para otros casos más sencillos como son aquellos jóvenes del exterior que no ratifican la nacionalidad”.

El secretario xeral defiende que se recupere aquel texto que, “teóricamente, gozaba de consenso”. De hecho, explica que en el Senado había sido aprobado en estos términos.