“Hay que hacer un serio esfuerzo para que estos derechos fundamentales se hagan efectivos”

El presidente de la Junta Electoral Central propone el voto electrónico para los españoles en el exterior

El presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Carlos Granados, ha propuesto, como medida excepcional ante las dificultades que tienen los españoles en el exterior para poder votar, la puesta en marcha de un sistema electrónico seguro que agilice los plazos y garantice ese derecho fundamental. En su comparecencia ante la comisión de estudio para la reforma del sistema electoral del Congreso, Granados ha subrayado que se trataría de un procedimiento excepcional, que debería ser regulado por una ley exclusiva.

El presidente de la Junta Electoral Central propone el voto electrónico para los españoles en el exterior
Comparecencia Carlos Granados1
Carlos Granados, presidente de la Junta Electoral Central, durante su comparecencia.

El presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Carlos Granados, ha propuesto, como medida excepcional ante las dificultades que tienen los españoles en el exterior para poder votar, la puesta en marcha de un sistema electrónico seguro que agilice los plazos y garantice ese derecho fundamental.

En su comparecencia ante la comisión de estudio para la reforma del sistema electoral del Congreso, Granados ha subrayado que se trataría de un procedimiento excepcional, que debería ser regulado por una ley exclusiva para esta materia, con un amplio consenso y cuya gestión informática “no debería dejarse en manos privadas”.

En su opinión, algo como un derecho fundamental como el de la participación en la vida política tendría que estar bajo el control de la propia JEC o de alguna otra institución neutral, y siempre con medios suficientes para garantizar la seguridad del sistema de voto.

A preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, ha recordado que en el derecho comparado se dan todo tipo de circunstancias, desde países que promovieron el voto telemático, como Noruega, que después lo han desestimado, hasta otros que lo practican desde hace años sin problemas.

En cualquier caso, ha asegurado que el actual sistema de voto rogado, por el que los españoles en el exterior tienen que comunicar previamente su voluntad de votar a partir de una reforma de 2011, no es en modo alguno inconstitucional ni restringe los derechos ciudadanos, pero sí ha incidido en la necesidad de agilizar los trámites.

“Hay que hacer un serio esfuerzo para que estos derechos fundamentales se hagan efectivos, pero con el máximo consenso posible”, ha afirmado el presidente de la JEC.

También ha abogado por una actualización del censo de españoles residentes en el extranjero (CERA), al menos una vez al año.

Desde el grupo socialista, Gregorio Cámara ha hecho hincapié en la “enorme injusticia” que se está cometiendo con los españoles residentes en el exterior por el actual sistema de voto rogado, y ha abogado a buscar alternativas, entre las que ha destacado el voto telemático.

Por parte de Unidos Podemos, Íñigo Errejón ha apostillado que si en 2008 votaba el 31,74 por ciento de los inscritos en el CERA, tres años después sólo lo hizo el 4,95 por ciento, por la reforma del voto rogado, que a su juicio fue “claramente lesiva” con el derecho de participación política de los españoles en el exterior.

Errejón ha preguntado al presidente de la JEC por varias alternativas, entre ellas la descarga telemática de la información electoral e incluso la posibilidad de que los residentes fuera de España puedan descargarse de internet las papeletas para votar.

El portavoz del PP, Juan Carlos Vera, se ha interesado por el voto para las personas discapacitadas, y Granados ha abogado por “ponerse al día” con reformas y dotación de medios, que no tienen por qué ser costosos, para que estos electores puedan ejercer su derecho.

Por otro lado, el presidente de la JEC ha alertado de que las juntas electorales carecen de medios para asumir el control de la financiación de los partidos durante las campañas. Considera una situación extraña que la ley otorgue a las juntas electorales la competencia para controlar los gastos de campaña pero luego sea el Tribunal de Cuentas quien los fiscalice con posterioridad.

Por ello cree que los razonable sería que el Tribunal de Cuentas controlara esos gastos de los partidos desde la convocatoria electoral.