Medio Rural destina 230 millones a un Plan para procurar la cohesión territorial y mejorar la competitividad

Luchar contra la despoblación en el campo, objetivo de la Xunta para la actual legislatura

Fijar población en el campo es uno de los objetivos del Gobierno gallego para la actual legislatura, definida como la del rural y en la que se pretende alcanzar el desarrollo equilibrado de las economías y comunidades más despobladas.

Luchar contra la despoblación en el campo, objetivo de la Xunta para la actual legislatura
11.Jóvenes vendimia
Los jóvenes pueden encontrar en el medio rural un entorno en el que desarrollarse profesionalmente.

Fijar población en el campo es uno de los objetivos del Gobierno gallego para la actual legislatura, definida como la del rural y en la que se pretende alcanzar el desarrollo equilibrado de las economías y comunidades más despobladas. Con un presupuesto de 230 millones de euros, la Xunta ha dado el visto bueno al plan elaborado por la Consellería de Medio Rural para lograr la cohesión territorial, la renovación generacional y el fomento de la economía sostenible, que permitirá crear 3.000 empleos directos en el campo gallego y pondrá en valor casi 330.000 hectáreas de terreno agroganadero y forestal.

El 97,8% de los 313 municipios gallegos se definen como rurales, según queda reflejado en el Plan de Fijación de la Población en el Medio Rural de la Xunta, en el que se constata que los 263 incluidos en este porcentaje y que representan el 90% del territorio autonómico, reúnen sólo el 39,7% de la población. Un problema que el Ejecutivo gallego quiere solventar en la presente legislatura con la aprobación de este Plan, para el que destina 230.844.478 euros y con el que la Consellería de Medio Rural pretende alcanzar hasta 2020 la cohesión territorial, manteniendo la población en esos espacios; potenciar las actividades socioeconómicas –tanto en la explotación de recursos endógenos (agroganadero, silvícola-forestal) como en los nuevos modelos de negocio–; procurar el desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales y lograr la creación y conservación del empleo en el campo.
Con este conjunto de iniciativas está previsto crear alrededor de 3.000 empleos directos en el campo gallego y se actuará poniendo en valor casi 330.000 hectáreas de aprovechamiento agroganadero y forestal entre 2017 y 2020. Además, potenciará la incorporación a la actividad agraria de 2.200 jóvenes, después de participar en alguno de los 3.300 cursos o actuaciones formativas programadas durante este periodo.
En el documento validado por el Consello de la Xunta se constata que el proceso de despoblación va acompañado de una serie de consecuencias y, con este Plan, lo que se busca es preservar el patrimonio natural, fortalecer las economías rurales, luchar contra los efectos negativos del campo, como el incremento de la vegetación espontánea y el consecuente mayor riesgo de incendios forestales o la erosión de los suelos. Este hecho repercute también en un envejecimiento de la población y en su dispersión, lo que comporta un coste elevado de la prestación de los servicos y de la dotación de infraestructuras.
Por el contrario, el medio rural ofrece a la población una serie de oportunidades derivadas, por una parte, de las nuevas demandas generadas por la evolución de los hábitos de consumo, de la diversificación económica de las explotaciones agrícolas y del desarrollo de modelos de pequeñas explotaciones, y, por otra, de la demanda social de protección del medio ambiente y de la producción sostenible; del papel multifuncional de la agricultura y la ganadería en el mantenimiento de la biodiversidad y de cadenas cortas de distribución (mercados locales), así como de las mejoras e innovaciones de los métodos de producción.
“De lo que se trata es de aprovechar todas estas oportunidades para fomentar esa fijación de la población en el terreno rural”, según la Consellería, que establece seis ejes de actuación al respecto: cohesión social, innovación y formación, agricultura sostenible, mejora de la competitividad, renovación generacional y cooperación, para lo que diseñó un total de 23 medidas, dotadas de su correspondiente presupuesto.


Cohesión territorial
Así, de los más de 230 millones de euros presupuestados en su conjunto para este concepto, 72 millones se destinan a la ‘Cohesión terrritorial’, que abarca siete de estas 23 medidas: promoción de la mejora de la red viaria, reestructuración de la propiedad en el rural, aumento de la base territorial de las explotaciones, creación y desarrollo de pequeñas empresas no agrícolas, fomento de la participación y planificación por parte de las comunidades locales para elaborar una estrategia de desarrollo local, fomento de la cooperación entre pequeños productores y apuesta por la modernización de los regadíos.
En lo que respecta a las acciones encaminadas a mejorar la red viaria con el objeto de facilitar la accesibilidad a fincas y explotaciones agrarias y forestales, así como a los núcleos de población, la cantidad destinada se eleva a 16 millones de euros, mientras que para la reestructuración de la propiedad en el rural se distribuirán 26,9 millones para hacer más competitivas las explotaciones agrarias, logrando que sean más rentables y abaratando costes de expotación. En este apartado se prevé que en cuatro años estén finalizados 130 procesos abiertos, así como 5.000 hectáreas anuales de nuevos procesos de reestructuración parcelaria.
Por lo que respecta al incremento de la base territorial de las explotaciones, poniendo a dispocisión de las mismas la tierra que necesitan para hacerlas más competitivas, fijado en 300 hectáreas para 2017, supondrá una inversión de 100.000 euros este año para su puesta en funcionamiento.
Más de cinco millones de euros, en concreto, 5,5 millones, serán destinados a la creación y desarrollo de pequeñas empresas no agrícolas, para dinamizar el tejido económico del rural, fomentando la creación de empleo y riqueza. Las previsiones hablan de la materialiación de 267 proyectos de inversión a cuatro años, con la creación de 187 empleos en ese tiempo.
La participación y planificación por parte de las autoridades locales para elaborar y ejecutar una estrategia de desarrollo local basada en las necesidades específicas de cada comunidad rural, se beneficiará de 21,1 millones de euros. La medida culminará con 1.496 proyectos financiados y 592 puestos de trabajo creados.
En lo que se refiere a la cohesión territorial, el plan apunta también a la modernización de las más de cuatro mil hectáreas de regadíos, con el ahorro y eficiencia correspondiente, incrementando así los rendimientos económicos de las explotaciones. 1,5 millones de euros es la cantidad que se aportará en este apartado.


Innovación y formación
El segundo eje de actuación, centrado en la ‘Innovación y formación’, está dotado con 10,3 millones de euros y en él se desarrollan seis de las 23 medidas del Plan. La primera, para lo que se dispone de 412.253 euros, consiste en apoyar la creación de grupos innovadores por parte de los agricultores, ganaderos, silvicultores, investigaroes, empresas del sector agrario y cooperativas, para que den respuesta y solución a problemas concretos y oportunidades en los sectores agroalimentarios y forestales.
Una segunda medida, dotada con una partida de 3.771.323 euros, alude a la necesidad de impulsar proyetos innovadores que tengan efecto directo sobre la mejora de la competitividad de los productores primarios, integrándolos en la cadena agroalimentaria. Ello permitirá añadir nuevo valor a los productos agrarios y promover los mercados locales, según el documento elaborado por Medio Rural.
Con el objetivo de apoyar proyectos piloto y desarrollar nuevos productos, prácticas, proyectos y tecnologías, se dispone de una partida de 1.633.719 euros, algo superior a la destinada a conceder ayudas para el conocimiento de nuevas tecnologías, métodos de cultivo y otras técnicas de producción a través de la demostración en explotaciones o de la difusión de la información en ferias, jornadas o soportes impresos o electrónicos, cuya partida quedó fijada en 1.296.700 euros.
Las otras dos medidas tienen que ver con la promoción e intercambio de visitas a explotaciones agrarias de otros países de la Unión Europea para intercambiar conocimientos y buenas prácticas (613.229 euros) y para la formación profesional continua en materia agropecuaria y forestal, complementaria a la formación regulada, con especial orientación a los nuevos agricultores y silvicultores, que contará con 2.595.300 euros de presupuesto.

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