Los extranjeros podrán votar gracias a los convenios de reciprocidad
Las municipales de mayo serán los primeros comicios en los que, además de los ciudadanos europeos empadronados en España, podrán ejercer su derecho a voto los procedentes de ocho nuevos países, gracias a los convenios de reciprocidad suscritos entre el Gobierno de España y los de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.
Por lo que respecta a Galicia, se han remitido ya un total de 5.123 comunicaciones a ciudadanos procedentes de estos países censados en la Comunidad y 16.452 a otros tantos europeos residentes en la Comunidad. Los interesados en votar deben tener en vigor el permiso de residencia y solicitar en sus respectivos municipios la inscripción en el censo electoral. El plazo para hacerlo concluirá el próximo 25 de enero.
Partidos y asociaciones que representan a colectivos de extranjeros residentes en Galicia aplauden la incorporación de los ciudadanos extracomunitarios gracias a los convenios de reciprocidad, aunque unos y otras coinciden en que el efecto electoral de su participación será “pequeño”, por el escaso peso de la población inmigrante en la Comunidad, salvo en las ciudades más representativas y en algunas localidades concretas.
PP, PSOE y BNG respaldan el impulso de estos convenios de reciprocidad, con la convicción de que quienes residen legalmente en un ayuntamiento gallego tienen derecho a participar en su vida política como cualquier otro ciudadano, al igual que coinciden en que “tendrán en cuenta” las necesidades y demandas de los inmigrantes en los programas electorales en los que ya trabajan de cara a los próximos comicios de mayo.
Derecho crucial
El portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, aplaudió su incorporación como votantes, convencido de que es un derecho “crucial” para profundizar en su “integración”. De hecho, desde su asociación ya habían realizado previamente campañas encaminadas a la consecución de este derecho y ahora se dedican a informar sobre la tramitación a quienes así se lo piden.
“Es un derecho atractivo y detectamos muchas ganas de participar”, aseguró Fernández, quien insistió en que es “mucho más integrador” que otro tipo de medidas. “Y es lo justo, porque las personas extranjeras que trabajan y cotizan aquí tienen que poder opinar como cualquier otro ciudadano”, defendió.
Por lo que respecta a Galicia, se han remitido ya un total de 5.123 comunicaciones a ciudadanos procedentes de estos países censados en la Comunidad y 16.452 a otros tantos europeos residentes en la Comunidad. Los interesados en votar deben tener en vigor el permiso de residencia y solicitar en sus respectivos municipios la inscripción en el censo electoral. El plazo para hacerlo concluirá el próximo 25 de enero.
Partidos y asociaciones que representan a colectivos de extranjeros residentes en Galicia aplauden la incorporación de los ciudadanos extracomunitarios gracias a los convenios de reciprocidad, aunque unos y otras coinciden en que el efecto electoral de su participación será “pequeño”, por el escaso peso de la población inmigrante en la Comunidad, salvo en las ciudades más representativas y en algunas localidades concretas.
PP, PSOE y BNG respaldan el impulso de estos convenios de reciprocidad, con la convicción de que quienes residen legalmente en un ayuntamiento gallego tienen derecho a participar en su vida política como cualquier otro ciudadano, al igual que coinciden en que “tendrán en cuenta” las necesidades y demandas de los inmigrantes en los programas electorales en los que ya trabajan de cara a los próximos comicios de mayo.
Derecho crucial
El portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, aplaudió su incorporación como votantes, convencido de que es un derecho “crucial” para profundizar en su “integración”. De hecho, desde su asociación ya habían realizado previamente campañas encaminadas a la consecución de este derecho y ahora se dedican a informar sobre la tramitación a quienes así se lo piden.
“Es un derecho atractivo y detectamos muchas ganas de participar”, aseguró Fernández, quien insistió en que es “mucho más integrador” que otro tipo de medidas. “Y es lo justo, porque las personas extranjeras que trabajan y cotizan aquí tienen que poder opinar como cualquier otro ciudadano”, defendió.
