Carmen Gregorio finaliza su lucha contra el Servicio Galego de Saúde

Cuando este verano tuvo en sus manos por primera vez la ‘receta jubilada’, expedida por un médico en Galicia de forma provisional, no le parecía cierto. “Me costó muchos disgustos y hasta muchas lágrimas”, comenta Carmen Gregorio, la emigrante gallega que luchó con la Administración y el Servicio Galego de Saúde (Sergas) durante tres años para conseguir que se le reconociera el derecho a recibir medicamentos gratuitos durante sus estancias temporales en Galicia, y no sólo a ella, sino a todos los jubilados gallegos residentes en otros países de la UE.

Carmen, que reside en Frankfurt desde hace cuarenta años, pasa largas temporadas en su tierra natal. Tras una grave enfermedad, necesita medicamentos costosos por los que hasta ahora tenía que pagar en las farmacias en Galicia el mismo porcentaje que si fuera trabajadora activa, pues la tarjeta sanitaria europea no distingue entre activos y jubilados y el Sergas no le reconocía su condición de jubilada a pesar de llevar consigo un certificado del cónsul de Frankfurt que la acreditaba como tal, según cuenta ella misma.
Una dificultad añadida era la falta de conocimientos de alemán de los funcionarios. Cuando viajaba a otras comunidades autónomas, tanto ella como su marido, también jubilado y con necesidad de medicación a causa de una enfermedad crónica, no tenían ningún problema para conseguir dichas recetas y los medicamentos gratis. Le pareció una discriminación por parte del Gobierno gallego y comenzó a moverse para conseguir que cambiaran la normativa. “Cuando nos quitaron el subsidio por los hijos, fue un turco el que consiguió que nos lo volvieran a pagar a todos los emigrantes”, recuerda, justificando su reivindicación que, de tener éxito, beneficiaría a todos los jubilados  en su misma situación.
Desde 2006 estuvo luchando por un derecho que, por el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos españoles en el exterior y de los residentes en territorio nacional, pensaba que le pertenecía, pero nadie la tomaba en serio. Así pues, escribió cartas a todas partes: al Sergas, a la Consellería de Sanidade, hasta al entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño. “Nadie me contestó”, comenta dolida, “yo creo que se reían de mí”.
En 2007, con motivo de la apertura de la ‘Semana Cultural Gallega de Frankfurt’, aprovechó la estancia del entonces secretario xeral de Emigración,  Manuel Luis Rodríguez, para insistir sobre el tema. Ese mismo día recogió firmas para reclamar a la Administración gallega el derecho a los medicamentos gratuitos para los emigrantes jubilados durante  sus desplazamientos a Galicia, consiguiendo 6.148 firmas durante la semana ferial.
Posteriormente, el político le envió una publicación con la normativa vigente, según la cual sólo podría recibir las mencionadas recetas rojas de jubilada si se empadronaba en Galicia como retornada, en caso contrario tenía que reclamar ella misma a la seguridad social en Alemania lo desembolsado por los medicamentos en las farmacias gallegas. Para jubilados con unos ingresos reducidos, un problema  no sólo burocrático.


Una reivindicación justa
Aprovechando unas vacaciones en Galicia, Carmen Gregorio se dirigió a los medios de comunicación para dar a conocer  a la opinión pública sus reivindicaciones y abrir un debate sobre el tema. Consiguió hablar en una emisión de radio en directo, explicando la situación de los jubilados residentes en otros países de Europa que visitaban la Comunidad gallega. Además, algunos periódicos se ocuparon del caso e informaron sobre su lucha por conseguir que se le dieran los medicamentos en Galicia de forma gratuita, al igual que a los jubilados locales. Asimismo, cuenta que, como no cesaba en su empeño, finalmente, cuando llamaba por teléfono a las instituciones, al escuchar su nombre le colgaban el teléfono.
Sintiéndose discriminada e impotente, decidió presentar una queja ante la ministra de Sanidad en Madrid, y esta vez sí recibió respuesta. Le prometió interceder en el asunto aunque le advirtió que el tema era competencia de la Comunidad gallega, no de Madrid. También escribió a la Comunidad Europea y al defensor del Pueblo, de donde, igualmente, recibió respuestas esperanzadoras.


La Comunidad Europea amonestó al Gobierno
Lo que no sabía entonces es que no sólo los gallegos, sino cualquier jubilado comunitario en posesión de la tarjeta sanitaria europea, según la legislación de la UE (Art. 31 del decreto 1408/71) tienen derecho, durante sus viajes a otros países de la Unión Europea, a recibir las mismas prestaciones que los jubilados del país en que se encuentren temporalmente.
En España, los jubilados españoles tienen derecho a medicamentos gratis y, en consecuencia, cualquier jubilado comunitario debe de gozar de los mismos derechos. Esta circunstancia daba la razón a Carmen Gregorio al exigir que en Galicia se le dieran las recetas de jubilada para obtener la medicación sin costos.
Ya en febrero de este año, la Comunidad Europea exigió a España que se ajustara a la legislación comunitaria vigente y diera la medicación gratuita a todos los jubilados europeos, emigrantes españoles o no, durante sus estancias temporales en el país, advirtiendo al Gobierno que, de no hacerlo, denunciarían el incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en Luxemburgo.
La CE concedió entonces a España un plazo de dos meses para dar una explicación. La exigencia por parte española de que los jubilados fueran acompañados de un documento acreditativo de su condición de pensionistas del sistema de la Seguridad Social, expedido en su país de origen y redactado en lengua española, fue tachada  por la CE como otra infracción  y una discriminación de los jubilados.


La misma asistencia sanitaria para todos
No fue casualidad que la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade y la Gerencia del Servicio Galego de Saúde acreditaran, mediante la Instrucción 5/2009, la condición de pensionistas a los ciudadanos de la Unión Europea, que así lo tengan reconocido, para que sean atendidos en los centros asistenciales del sistema de salud de Galicia, reconociendo además la tarjeta sanitaria europea como “documento válido para acreditar la asistencia sanitaria a las personas residentes en cualquier país europeo que se trasladen temporalmente a cualquier parte de España, siendo su asistencia sanitaria la misma que tiene cualquier asegurado en el Régimen General de la Seguridad Social”. Según dicha instrucción, “debe admitirse que todo ciudadano portador de la tarjeta sanitaria europea, que acredite su condición de pensionista según la legislación de su país de origen, tenga derecho a la misma prestación farmacéutica que otro asegurado pensionista de la Seguridad Social española”.
Este reconocimiento puso fin a la lucha de Carmen Gregorio con la Administración, por ahora, ya que todavía no cree que se hayan terminado definitivamente los problemas, pero se muestra aliviada y agradecida a los medios de comunicación y a todas las personas que le apoyaron, tanto en Galicia como en Alemania, en la justa reivindicación de un derecho que le corresponde por doble partida: como emigrante jubilada española y como ciudadana europea.