Recepción a representantes del colectivo español para preparar la visita
Moratinos recibió a mediados de junio, en la sede del MAEC, a una representación del colectivo español residente en Venezuela, y que se había desplazado a España precisamente para tratar el tema de las invasiones y expropiaciones.
En el encuentro, que se prolongó por unos 45 minutos, le pidieron que la diplomacia española siga mediando ante las autoridades venezolanas en los casos en los que no se haya alcanzado un acuerdo entre las partes y, en aquellos en los que ya exista consenso, que favorezca el pago de las indemnizaciones correspondientes, que no se han efectuado en ningún caso hasta la fecha “por falta de liquidez”, según las fuentes.
El ministro subrayó a sus interlocutores que podían contar con él y se comprometió a abordar personalmente con el Gobierno que preside Hugo Chávez Frías estos asuntos durante su visita al país.
La delegación de españoles residentes en Venezuela que ha viajado a España la conforman Antonio Ruiz Zapata (propietario de un frigorífico industrial en el estado Barinas), Félix Alfonso Barbero Martín (presidente de las Federación de Centros Españoles de Venezuela, FECEVE) y Jerónimo Pimentel Gómez.
Ruiz Zapata declaró en ese entonces, que la delegación salió “satisfecha” de la reunión con el ministro Moratinos, que les trató “de maravilla”, así como de un encuentro anterior con el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Francisco Javier Elorza Gavent.
Explicó además que le han pedido al Gobierno español que haga cumplir el acuerdo firmado entre ambos países en 1997 para la protección recíproca de las inversiones, en virtud del cual el Ejecutivo de Hugo Chávez Frías “debería indemnizar por las invasiones y expropiaciones”.
En el 90 por ciento de los casos, las propiedades de españoles afectadas eran explotaciones agrícolas y ganaderas, aunque también hay algún caso de urbanizaciones y locales comerciales.
Los gobiernos de España y Venezuela crearon a finales de 2007 una comisión entre el Consulado General de España en Caracas y el Instituto Nacional de Tierras (INTI) con el fin de resolver los casos de invasiones de suelo que afectan a ciudadanos españoles –que en algunos casos también tienen la nacionalidad venezolana–, pero en ningún caso se ha llegado a pagar alguna indemnización.
En el encuentro, que se prolongó por unos 45 minutos, le pidieron que la diplomacia española siga mediando ante las autoridades venezolanas en los casos en los que no se haya alcanzado un acuerdo entre las partes y, en aquellos en los que ya exista consenso, que favorezca el pago de las indemnizaciones correspondientes, que no se han efectuado en ningún caso hasta la fecha “por falta de liquidez”, según las fuentes.
El ministro subrayó a sus interlocutores que podían contar con él y se comprometió a abordar personalmente con el Gobierno que preside Hugo Chávez Frías estos asuntos durante su visita al país.
La delegación de españoles residentes en Venezuela que ha viajado a España la conforman Antonio Ruiz Zapata (propietario de un frigorífico industrial en el estado Barinas), Félix Alfonso Barbero Martín (presidente de las Federación de Centros Españoles de Venezuela, FECEVE) y Jerónimo Pimentel Gómez.
Ruiz Zapata declaró en ese entonces, que la delegación salió “satisfecha” de la reunión con el ministro Moratinos, que les trató “de maravilla”, así como de un encuentro anterior con el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Francisco Javier Elorza Gavent.
Explicó además que le han pedido al Gobierno español que haga cumplir el acuerdo firmado entre ambos países en 1997 para la protección recíproca de las inversiones, en virtud del cual el Ejecutivo de Hugo Chávez Frías “debería indemnizar por las invasiones y expropiaciones”.
En el 90 por ciento de los casos, las propiedades de españoles afectadas eran explotaciones agrícolas y ganaderas, aunque también hay algún caso de urbanizaciones y locales comerciales.
Los gobiernos de España y Venezuela crearon a finales de 2007 una comisión entre el Consulado General de España en Caracas y el Instituto Nacional de Tierras (INTI) con el fin de resolver los casos de invasiones de suelo que afectan a ciudadanos españoles –que en algunos casos también tienen la nacionalidad venezolana–, pero en ningún caso se ha llegado a pagar alguna indemnización.
