Néstor Rego: “No se entiende que un Gobierno castigue precisamente a las personas que tuvieron que abandonar su país”
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, defendió una iniciativa en el pleno de la Cámara baja para finalizar con la grave injusticia que la Hacienda española comete con los emigrantes retornados y evitar la doble imposición y el tratamiento fiscal injusto que perjudica decenas de miles de personas en el Estado español, aproximadamente 50% en Galicia. La organización nacionalista reclama introducir las modificaciones legislativas necesarias para impedir la doble imposición y permitir el reconocimiento automático de las certificaciones de discapacidad para los efectos de deducciones o bonificaciones fiscales en cuanto no es establecido un sistema armonizado en Europa.
A comienzos de 2013, empezaban los problemas de los emigrantes retornados con la notificación de la Agencia Tributaria que obligaba a que tributasen por las pensiones recibidas del extranjero y, además, se reclamaban los ejercicios tributarios anteriores no prescritos, cuando nunca se les comunicó tal obligación. De hecho, a finales de 2014 se reconocía de forma implícita el abuso que se había realizado y se establecía un período de regularización.
“Este reconocimiento fue insuficiente y los problemas de doble imposición y de trato injusto continúan hasta el día de hoy”, denuncia el diputado del BNG. También fue polémica la forma de proceder de la Agencia Tributaria en aplicación de los convenios, como es el caso del Hispano-Alemán de 1966, porque hacía una interpretación apartada de la literalidad en perjuicio del contribuyente emigrante. “Esto provocó numerosas sentencias, en nuestro caso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que daban la razón a las personas reclamantes”, recuerda Rego.
La administración tributaria insistió en restringir el concepto de gasto deducible de forma arbitraria, y del mismo modo que sucedió anteriormente, “también en estos casos una vez más se dictaron sentencias dando la razón a los retornados”.
“A día de hoy, se les exigen los documentos justificativos de las retenciones realizadas en el extranjero traducidos, un trámite que comporta un gasto elevado que en muchas ocasiones supera el del propio importe de la devolución solicitada y, además, como en el momento de realizar la declaración en la Hacienda española aún no se le practicó la retención por parte del organismo tributario del país extranjero, eso supone que la persona afectada tiene que realizar posteriormente una solicitud de rectificación de la autoliquidación para poder descontar el importe retenido en el extranjero, lo que implica unos trámites gravosos que no atienden al principio de eficacia administrativa”, explica Néstor Rego.
El diputado del BNG señaló que es necesario otorgar a estos contribuyentes un tratamiento equitativo, estableciendo el límite en 22.000 euros anuales cuando se perciban rentas de pensiones inferiores a esa cantidad en cómputo anual, aunque sean de diferentes pagadores, como es el caso de los emigrantes retornados, y no en 14.000. “También en otros en el que uno de los pagadores sea una administración pública, personas que cobraron el paro, estuvieron en ERTE, etc.”, reivindica.
Para el colectivo de emigrantes retornados es también preocupante lo que sucede con las pensiones de invalidez y los certificados de incapacidad. “Continúa sin existir un marco que regule de forma clara el reconocimiento de estas situaciones. Esto hace que muchas personas pensionistas que deberían estar gozando de exenciones y beneficios fiscales por su invalidez o grado de discapacidad reconocido en el extranjero, se encuentran sufriendo un trato fiscal injusto”, apunta Rego. Por eso, la organización nacionalista propone reconocer, entre tanto no se proceda a llevar a cabo una armonización para partir del análisis de las concordancias entre los sistemas de los diferentes países que tengan carácter vinculante, de forma automática las pensiones de invalidez, así como los certificados que acreditan la discapacidad dictados en el extranjero que pueden también dar acceso a deducciones o bonificaciones fiscales.
“No se pode entender que un Gobierno castigue precisamente a las personas que tuvieron que abandonar su hogar, sus familias, su país, por pura necesidad, muchas veces toda una vida”, subraya. Nadie entenderá, aseguró Rego, que este Gobierno niegue justicia a miles de jubilados gallegos y del Estado porque cuesta 200 o 250 millones de euros, pero no tenga problema para disponer de 12.000 millones de euros para aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB como ordenan la OTAN y Estados Unidos.
El diputado nacionalista recordó que esta es precisamente una de las medidas que figuran en el Acuerdo de investidura que, hasta ahora, el Gobierno no cumplió, por lo que alerta a los partidos que conforman el Gobierno, en especial al PSOE, que el incumplimiento de los compromisos provoca decepción y desconfianza y acaba abriendo paso a la derecha ultra y a la ultraderecha. Por eso llamó al Gobierno a que cumpla los compromisos que en su momento acordaron. “Hoy tiene una nueva oportunidad para hacer justicia. No la desaprovechen”.
