Los electores recibirán la documentación de oficio y podrán descargarse las papeletas de forma telemática

La derogación del voto rogado se aprobará la próxima semana en el Congreso y entrará en vigor en las elecciones generales

El Congreso aprobará la próxima semana la derogación del voto rogado que hasta ahora debían pedir los españoles residentes en el extranjero, por lo que en las próximas elecciones generales estos electores recibirán la documentación de oficio y tendrán la opción de descargarse las papeletas de forma telemática.

La derogación del voto rogado se aprobará la próxima semana en el Congreso y entrará en vigor en las elecciones generales
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Un momento de la votación en la Comisión Constitucional del Congreso.

El dictamen de la proposición de Ley Orgánica que propone reformar el voto de los residentes en el extranjero ha sido aprobado este miércoles 25 por la subcomisión que analiza la reforma de la LOREG y ha recibido los votos favorables de todos los partidos, excepto ERC, la CUP y EH Bildu que se han abstenido.

Los independentistas catalanes habían solicitado la delegación del voto o el voto electrónico, pero después de que estas enmiendas han sido rechazadas han decidido abstenerse porque la ley no recoge el “espíritu” de sus propuestas.

En este sentido, todas las enmiendas de ERC, de JxCAT, del PDeCAT y de la CUP se han mantenido vivas para su debate y votación en el pleno de la próxima semana, donde la proposición de Ley será con toda probabilidad aprobada por mayoría para que siga su tramitación en el Senado.

La nueva reforma del voto de los residentes españoles en el extranjero suprime el requisito de tener que rogar o solicitar el voto, lo que permitirá que “todos reciban la documentación de oficio en su domicilio”, señala el texto del dictamen.

Además, como novedad se contempla el uso opcional de una papeleta que podrá descargarse telemáticamente, aunque para garantizar el secreto del voto, solo podrá efectuarse la descarga telemática del juego completo de papeletas.

Se trata de agilizar y facilitar el voto de los españoles en el extranjero después de que la reforma de 2011 que implantó el voto rogado frenara la participación electoral.

En este sentido además de habilitarse embajadas, consulados honorarios, con horarios de mañana y tarde, y poderse utilizar la valija diplomática para hacer llegar el voto a tiempo, los partidos políticos han coincidido en ampliar diferentes plazos.

Así se amplía de tres a siete días los plazos para el depósito del voto en urna y se retrasa de tres a cinco días el plazo del escrutinio y de apertura de votos emitidos.

“Se dan garantías jurídicas para minimizar el fraude de ley”, ha dicho la diputada del PSOE Ana Belén Fernández, durante su debate en comisión, mientras que la diputada de Unidas Podemos, Martina Velarde, ha celebrado que la ley acabe con un “candado antidemocrático que impedía ejercer el derecho a voto como tienen los residentes en España”.

“Los derechos no se ruegan, sino que se ejercen con dignidad”, ha indicado Velarde al tiempo que también el PP, Vox y Ciudadanos han valorado el elevado consenso político para cerrar una ley que mejora la actual.

Los socialistas han justificado que no se haya incorporado las enmiendas que pedían el voto telemático o la delegación del voto por no tener garantías jurídicas e ir en contra de la normativa vigente, y aunque finalmente los partidos independentistas se han abstenido han incidido en que seguirán “luchando para garantizar mejores condiciones del voto en el exterior”.

“No podemos admitir enmiendas sobre voto electrónico porque el propio Centro Criptológico Nacional desaconseja este sistema porque tiene muchos riesgos”, ha incidido también el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

La proposición de Ley Orgánica también contempla que los consulados garanticen los medios informáticos necesarios para la descarga del resto de la documentación precisa para votar, el proceso de precintado, recuento y elaboración del acta sea público.

Además, las funciones de los representantes de las candidaturas concurrentes en los procesos electorales en el exterior se asimilarán a las funciones de interventores y apoderados en los artículos 76 a 79 de la LOREG.

Por otra parte, ante situaciones excepcionales que se puedan dar en algunos países donde votar sea más complicado, el Gobierno, previo informe favorable de la Junta Electoral Central (JEC), podrá modular los criterios de votación o incluso el proceso para garantizar que los residentes españoles puedan ejercer su derecho de sufragio.

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tiene un plazo de doce meses para adoptar mediante un Real Decreto y previo informe favorable de la Junta Electoral, medidas necesarias para complementar o sustituir, de manera progresiva y según circunstancias concretas de los países, los envíos postales por un envío telemático que reúna las garantías previstas en la legislación electoral.

También podría adoptar otros mecanismos alternativos para aquellos electores que no dispongan de medios telemáticos propios.

Otra de las disposiciones señala que el Gobierno revisará el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) cada cinco años como mínimo.

Tramitación parlamentaria

Esta proposición de ley orgánica fue tomada en consideración por unanimidad en la sesión del 23 de febrero de 2021 y se procedió a la apertura del plazo de presentación de enmiendas. Sobre el texto y las enmiendas presentadas la ponencia elaboró el informe debatido y votado este miércoles 25 por la comisión.

Una vez celebrado este debate en comisión, el Pleno verá el dictamen y las enmiendas al articulado no incorporadas en fase de ponencia y comisión y que los grupos parlamentarios decidan mantener vivas. El texto resultante se someterá a una votación final de conjunto en la que deberá ser aprobado por mayoría absoluta.

En caso de ser aprobada, la proposición de ley se remitirá al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.