El Senado insta al Gobierno a crear una comisión interministerial para trabajar en el fomento del retorno

El goteo constante de españoles que han decidido salir al exterior en los últimos años, coincidiendo con el periodo de crisis económica, preocupa a la mayoría de los partidos con representación en la Cámara Alta que, el miércoles de esta semana, acordaron por mayoría instar al Gobierno a impulsar un plan integral de retorno que favorezca la vuelta al país de los que residen fuera.

El acuerdo, alcanzado por los grupos PP, PSOE, ERC, Grupo Mixto y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, parte de una moción presentada por esta coalición en la que pone en evidencia las consecuencias de las políticas de austeridad aplicadas en España en las últimas legislaturas, así como de las medidas estructurales en la economía, lo que favoreció la destrucción de “varios millones de puestos de trabajo” y dejó a “muchísimas personas sin oportunidades ni futuro”, que se vieron abocadas a buscar empleo “lejos” de su territorio, apunta.

Para tratar de revertir esta situación, los grupos del Senado –que no han contado con el apoyo del PNV y PdeCAT por considerar que la moción invadía competencias–, han aprobado la propuesta que, con modificaciones a la moción inicial, insta al Gobierno a crear una comisión interministerial que tenga presencia en todos los ministerios con competencias en la materia y que actúe en colaboración con las comunidades autónomas a través de órganos de coordinación habilitados para tal fin.

Otra de las medidas acordadas, de un total de 11, consiste en e laborar e impulsar un plan integral de ámbito estatal para el retorno, que contemple el acceso a ayudas, vivienda y políticas activas de empleo sin discriminaciones.

La moción presentada por Unidos Podemos revela el notable incremento de la cifra de residentes en el exterior entre los años 2009 y 2017, que pasó de 1,4 millones a 2,4, y hace hincapié en los españoles en edad laboral que han tenido que salir fuera por falta de oportunidades en su país.

El 71% de los emigrados españoles están en edad laboral, detalla el Grupo en su moción, en la que informa de que sólo el 5% son mayores de 65 años y un 24% son menores de edad.

“La formación de alto nivel tiene un coste elevado para el Estado y la salida del país de personas con alta cualificación limita sustancial y cualitativamente la capacidad de innovación e investigación”. “Necesitamos retener talento y por eso es importante tener una buena inversión en I+D+i; que nuestros jóvenes puedan investigar y desarrollarse en nuestro país”, recoge la moción.

Voto rogado

El acuerdo alcanzado en el Senado también hace alusión al voto rogado y, al respecto, pide reformar el artículo 75 de la Loreg para facilitar el voto emigrante.

Respecto al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, reclama igualmente su modificación para que reconozca como españoles a los descendientes nacidos en el exterior y que puedan gozar de los mismos beneficios que los residentes en el territorio.

En cumplimiento de ese Estatuto, también instan a impulsar el cambio del sistema de puntos en los concursos de oposición para que la experiencia acreditada en el extranjero sea contada en igualdad de condiciones a la experiencia en el ámbito privado o estatal.

Otros de los aspectos en los que se incide hacen alusión al acceso de los retornados a las prestaciones o beneficios sociales y a la necesidad de desarrollar medidas dirigidas a facilitar la protección y el retorno de las españolas en el exterior, así como de sus hijos, víctimas de situaciones de violencia de género.

En el acuerdo también se insta a las comunidades autónomas a eliminar el requisito de residencia previa para poder acceder a planes y ayudas autonómicas y municipales en materia de acceso a viviendas de protección oficial.

Las investigaciones en I+D+i también son tenidas en cuenta en esta moción y, al respecto, se pide volver al nivel de gasto de antes de la crisis con el objetivo de alcanzar niveles semejantes al conjunto de países miembros de la Unión Europea.

Mejorar las normativas de contratación con una política específica de empleo joven y de asesoría para el empleo es otro de los puntos del acuerdo, que finaliza reclamando medidas que permitan mantener el arraigo con el lugar de origen a os menores migrantes, a través de la participación en campamentos.

Discrepancias en la Cámara

Los portavoces de Unidos Podemos y del Grupo Socialista durante el debate de la moción, Idoia Villanueva y Rafael Lemus, respectivamente, desvelaron en la Cámara algunos de los ‘pecados’ del anterior Gobierno en materia migratoria y, al respecto, acusaron al PP de haber ninguneado al colectivo emigrante. Ahora, “toda esa gente espera que los políticos les aportemos soluciones para que mañana puedan retornar”. “Los últimos siete años han sido terribles, el Gobierno no ha hecho nada por ellos, propio de la derecha, mirar para otro lado por puro pragmatismo, porque si se van fuera, ya no dan problemas dentro”, lamentó Lemus.

La respuesta de la senadora ‘popular’ María del Carmen Leyte fue contundente, y aseguró que su grupo está “satisfecho” con el acuerdo alcanzado para sacar adelante la moción, pero no con el relato de la misma. A su entender, hoy en día se puede estar hablando de facilitar el retorno de esos emigrados gracias a las políticas del PP que consiguieron que España regresara “a la senda del crecimiento, el empleo y la confianza de los inversores”.

Desde Ciudadanos, celebraron la moción e incidieron en la necesidad de abordar la reforma de la Loreg en lo que ataña al voto rogado, porque, consideran, debe garantizarse el derecho al voto desde el extranjero.

PdeCAT y Grupo Vasco han optado por la abstención al considerar que, si bien los problemas de la emigración se deben abordar, la creación de esta comisión interministerial supondría una “vulneración competencial” de sus respectivas comunidades autónomas.

La senadora del PdeCAT Marta Pascal calificó, no obstante, de “anomalía” el voto rogado y consideró que “el sistema debe suprimirse”.