Pablo Puertas: “El personal laboral en el exterior merece la nacionalidad española como reconocimiento a su trabajo”

Pablo Puertas es el cabeza de lista del CSIF y representante por esta formación en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), una candidatura que, según destaca, lleva cuatro años trabajando por el personal laboral de España en 120 países diferentes.

Entre las propuestas para los próximos cuatro años, Puertas destaca la petición de nacionalidad española para el personal laboral que no cuente con ella. “El PLEX –subraya– merece la nacionalidad española como reconocimiento a su trabajo” y en esta línea, recuerda, presentaron una propuesta en el CGCEE que ya fue aprobada en el Pleno, de manera que en el acuerdo de modificación del Código Civil que el Consejo presentó en el Congreso y en el Senado se incluyó la propuesta de otorgar la nacionalidad a la plantilla en el exterior, al igual que hacen otros muchos países.

Esta propuesta, explica, es un reconocimiento real “a quienes llevan años siendo parte esencial de las misiones diplomáticas” y, aunque no son descendientes, “sí están muy vinculados a España y la conocen bien”.

Puertas también defiende la necesidad de adaptar las plantillas del servicio exterior a las nuevas necesidades y recalca que el número de españoles en el exterior va a incrementarse en un millón de personas una vez que acaben de tramitar los expedientes de la Ley de Memoria Democrática. “Los nuevos españoles van a utilizar los servicios de los consulados y esperamos la incorporación de personal para poder hacer frente”, aseguró. En este sentido, piden que los puestos temporales que se crearon para atender la gran demanda generada por esta Ley se conviertan en puestos fijos.

Respecto a la finalización de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, Puertas no se atreve a poner una fecha de finalización y comenta que las opciones que se están barajando, además del incremento del número de trabajadores, son la externalización de parte del servicio, sobre todo la introducción de datos en el sistema que es la que más tiempo lleva. “En todo caso, –recalcó– estaremos atentos para que no se reemplace a los empleados públicos”.

Además, desde CSIF también piden que el personal PLEX que haya adquirido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática pueda acceder a la Seguridad Social española. Puertas explica que actualmente los trabajadores con nacionalidad española pueden cotizar a la Seguridad Social, pero hay que elegirlo en el momento del contrato. En la propuesta de este sindicato se pide que se autorice esta posibilidad sin limitación de tiempo, ya que al adquirir la nacionalidad se produce un cambio sustancial en las circunstancias del trabajador.

Actualización salarial y condiciones laborales

Desde CSIF se pide que la actualización salarial esté ligada a la realidad de cada país y no al IPC de España. Puertas pone como ejemplo que si la actualización salarial en España es de un 3% pero en el país de residencia es de 10%, la pérdida de poder adquisitivo es evidente y, por eso, “la actualización debe estar ligada a la inflación y coste de vida de cada país” porque, además, recalca, “no podemos olvidarnos que venimos de una situación de congelación salarial de 14 años”.

Puertas explica que CSIF tiene un estudio de cómo debería calcularse la actualización salarial en los 120 países en los que España cuenta con misiones diplomáticas y que lo presentarán en la Comisión Técnica de PLEX que debería reunirse antes del 31 de marzo, pero todavía no está convocada.

Desde CSIF también se pide la unificación de tablas salariales país por país para acabar con las diferencias salariales entre compañeros, aplicando la máxima de ‘a igual tarea, igual salario’; desarrollar un convenio en el que se recojan las diferentes categorías y sus funciones; e impulsar el desarrollo de la carrera profesional con posibilidades de promoción horizontal –movilidad geográfica– y vertical –ascender dentro del propio centro de trabajo–.

En su programa electoral, CSIF también recoge la necesidad de que el personal PLEX sea incluido en las resoluciones ministeriales que permiten el teletrabajo, ya que muchos de los trabajadores viven en grandes ciudades con un servicio de transporte público deficiente. Además, se lamentan de que, después del esfuerzo realizado durante la pandemia para atender a la ciudadanía, se les haya dejado fuera de la resolución, salvo a los que pertenecen al Ministerio de Trabajo. Asimismo, este sindicato asegura que estarán pendientes para que la jornada laboral de 35 horas de trabajo se implante también en el exterior.

Temporalidad

CSIF también quiere que se acabe el abuso de la temporalidad, denunciando que se ha llegado a casos de estar 14 años con contratos temporales continuos y por eso exigen a la administración que cumpla con su propia normativa y no utilice leyes locales para abusar de la temporalidad.

Además, piden que los temporales que ya han superado los tres años de servicio puedan cobrar los trienios, tal y como se recoge en la normativa de Función Pública.

Otras peticiones

Las propuestas de CSIF se completan con diferentes medidas de acción social y de seguridad y salud, como programas de apoyo psicosocial, evaluación de riesgos en países de destino, revisión y actualización de protocolos en situaciones excepcionales e información clara y contrastada en situaciones de crisis o alertas de seguridad.

También hay una petición para igualar el acceso a la sanidad entre el personal con nacionalidad y sin nacionalidad, de manera que el PLEX de países con sistemas de salud deficiente debe contar con pólizas de salud complementarias. Además, se pide la mejora de las pólizas de las aseguradoras contratadas para dar cobertura sanitaria a este colectivo.

Otra de las iniciativas pasa por que se tenga en cuenta que las vacaciones en el hemisferio sur puedan disfrutarse hasta el 31 de marzo y no hasta el 31 de enero como se hace actualmente, atentando a la conciliación familiar de los trabajadores de esas zonas.

CSIF también presentó una propuesta para regular de manera definitiva el teléfono de emergencia consular, creando un centro de llamadas internacional que derive a los teléfonos de emergencia consular solo las llamadas que realmente sean una emergencia. Además, estas deberán ser gestionadas por personal que lo haga de manera voluntaria, concertada y debidamente remunerada.