El BNG pide la modificación de la ley que discrimina las pensiones de los retornados

La diputada del BNG, Tereixa Paz retó al Gobierno gallego a posicionarse “del lado de Montoro o de los pensionistas retornados” en relación a la tributación de las pensiones públicas de este colectivo retornado de Estados con los que existe convenio de doble imposición y que, a su juicio, reciben un “trato discriminatorio” a respeto de las pensiones del Estado español.

Ante lo anuncio de la Agencia tributaria sobre  la devolución de importes cobrados a emigrantes retornados, la nacionalista consideró la medida de “operación cosmética” y constatación del “robo” al colectivo. Que Hacienda anuncie la devolución de sanción y recargos, dijo,  no es otra cosa más que un claro  reconocimiento de uno “cobro indebido” como en numerosas ocasiones ya denunció el BNG.

Además, la propuesta del Ministerio de Hacienda publicada en el BOE refleja, según explicó, cuatro importantes deficiencias: No garantiza el trato “justo e igualitario” respeto de los ingresos de otro tipo de pensiones, no aclara que personas deben realizar la declaración de la renta de pensiones procedentes del exterior, no informa sobre las pensiones de invalidez y por tanto sin obligación de presentar la declaración de la renta y sobre todo, recalcó, no determina si serán asumidas las distintas sentencias contrarias al proceder de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, resulta “una tomadura de pelo” que sean las personas afectadas  por sanciones, incluidos los intereses,  las que deban reclamar las devoluciones, lo propio sería, dijo que este trámite hubiese sido “de oficio”.

Para la diputada, la Xunta y la conselleira de Facienda, Elena Muñoz, deben definirse y decidir del lado de quien están, “si del Ministro Montoro o de las personas afectadas por  una situación anómala” de la Agencia Tributaria contra los emigrantes retornados.

Tereixa Paz criticó las declaraciones de la titular de Hacienda en las que negó un trato diferente a los emigrantes retornados, “no es cierto -recalcó Paz-, la ley tiene un trato discriminatorio para las pensión devengadas en el extranjero”.

La diputada puso como ejemplo una declaración de la renta de cuantías iguales entre una persona retornada y la pensión del Estado español, “con unos ingresos de 14.000, el retornado pagará 963,66 euros mientras que un pensionista que no había emigrado deberá abonar 714 euros”, explicó.

Defenderemos cambiar la ley por una cuestión de justicia y para finalizar con este “insulto” y para eso es preciso modificar tres preceptos de la ley 35/ 2006 en sus artículos, 7, 17 y 96, sentenció.