ADUCE QUE SUPONDRÍA UN GASTO DE PERSONAL EN LOS CONSULADOS DE CASI DOS MILLONES

El Gobierno se echa atrás en la tramitación de las enmiendas a la nacionalidad de PP y ERC por motivos económicos

| 11 de marzo de 2021, 20:55
Carmen Calvo
Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido retirar su conformidad a tramitar las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso para ampliar los supuestos de concesión de la nacionalidad a los descendientes de emigrantes españoles, aduciendo para ello razones presupuestarias. Continuar con el proceso supondría un desembolso de casi dos millones de euros en gastos de personal que el actual Ejecutivo no parece dispuesto a asumir, a juzgar por el informe que el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha enviado a la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso.

La aceptación de las enmiendas a la Proposición de Ley de reforma del Registro Civil llevaría implícita una ampliación del acceso a la nacionalidad española por opción similar a la que estableció la Ley de Memoria Histórica (LMH) al amparo de la Disposición Adicional Séptima, que originó 467.855 expedientes de nacionalidad, y obligaría a reforzar las oficinas consulares con hasta 79 nuevas contrataciones de personal, lo que supondría una estimación anual de 1.435.171 euros. A ello habría que añadir otros tres cónsules adjuntos adicionales destinados en México, Buenos Aires y La Habana –capitales que acumularon el 40,65% de las solicitudes presentadas–, para lo que se destinaría un presupuesto de 529.398 euros. En total, la suma se elevaría a 1.963.570 euros, sin contar con la cantidad que haría falta para considerar la tramitación en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de los recursos derivados de las resoluciones de los encargados consulares, lo que supondría un impacto presupuestario de unos 80.000 euros más, que elevaría la suma total a más de dos millones de euros.

La Ley de memoria histórica, aprobada en 2007 durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se elaboró para reconocer y ampliar los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. El texto se completa con una serie de disposiciones adicionales, entre las que cobra especial relevancia en materia de nacionalidad la disposición séptima, que se refiere a la adquisición de la misma por parte de los descendientes de españoles en el exterior. El punto 1 recoge que se permitía a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de dicha disposición. Al tiempo, contemplaba la ampliación de plazo hasta el límite de un año más por acuerdo del Consejo de Ministros.

La enmienda del PP modificaría varios artículos del Código Civil en materia de nacionalidad para facilitar el acceso a la ciudadanía a los nietos de madres que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero y a los hijos que eran mayores de edad cuando sus padres accedieron a la nacionalidad a través de la LMH, lo que crea discriminación entre hijos. Igualmente, incluiría a los nietos de quieres tuvieron que renunciar a la nacionalidad por causa de emigrar y a los que la perdieron por no realizar una declaración expresa de querer conservarla.

En el artículo 23 del Código Civil se incluiría otro cambio para que los “descendientes de españoles de origen” no estén obligados a renunciar a su anterior nacionalidad para adquirir la española por opción, carta de naturaleza o residencia, y en el artículo 26 se eliminaría el requisito de los hijos o nietos de emigrantes de ser residente legal en España para poder recuperar la nacionalidad. Ello implica que se podría pedir la nacionalidad desde el país de residencia, sin que la persona tenga que buscar domicilio fijo en España.

 

La promesa de Carmen Calvo, un brindis al sol

La decisión del Gobierno de frenar ahora la tramitación de las enmiendas de PP y ERC contrasta con las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo en octubre de 2019 en las que se comprometió a conceder la nacionalidad en los dos supuestos que afectan a más descendientes. Esto es, a los hijos de las mujeres a las que se les quitó el derecho al casarse en el extranjero y a los hijos que eran mayores de edad cuando sus padres accedieron a la nacionalidad por la disposición adicional séptima de la LMH. Ello permitió disfrutar del derecho a los hijos menores de edad, pero no a los mayores, lo que produjo discriminación entre hermanos.

La vicepresidenta asumió por entonces el compromiso en el Senado en respuesta a la senadora de En Comú Podem Sara Vilà, quien le preguntó sobre la necesidad de ampliar los supuestos de la nacionalidad recogidos en la LMH para los que se han visto privados de ser españoles. “Volverán a serlo, este país se lo debe, es una restitución del honor y de la dignidad de ser españoles”, apostilló Calvo.

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