Los consejeros reclaman una circunscripción exterior que les permita elegir siete diputados y cinco senadores
Superado el escollo del voto rogado –el requisito fue eliminado en junio del año pasado–, los españoles en el exterior fijan ahora el horizonte de sus reivindicaciones en un asunto que vienen reclamando desde hace tiempo, contar con representación tanto en el Congreso como en el Senado.
El pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), celebrado a comienzos de esta semana en Asturias, sirvió de plataforma para que los miembros de la Comisión Delegada de Derechos Civiles y Participación incluyeran, entre las propuestas que se plantean trasladar al Gobierno, la creación de una circunscripción en el exterior. Ello les permitirá estar “mejor representados y mejor defendidos” por personas elegidas directamente “por sufragio universal, presentes cada día en el Congreso o el Senado”, recoge la propuesta.
Los consejeros consideran que, más allá de la defensa que de sus intereses realizan los consejeros del CGCEE, es necesario llevar a cabo un “trabajo diario” a favor del colectivo en el exterior, con diputados presentes en ambas cámaras, que tengan “plena dedicación”, lo que parece imposible de realizar por parte de unos consejeros que actúan de modo voluntario, “por mucho entusiasmo y dedicación que pongan” en el trabajo que desempeñan.
Por tal motivo, proponen la elección de diputados y senadores que representen a la colectividad en el exterior, una colectividad integrada por casi tres millones de personas, lo que la sitúa por encima de muchas provincias y autonomías. Con ese dato, los que residen fuera serían “la tercera provincia española y la quinta autonomía” en cuanto a personas que la componen, recoge el texto.
La propuesta, presentada por Juan Miguel Paz –consejero general por Francia– y María Antonia Granados –por Costa Rica– y aprobada por 42 de los consejeros presentes en el pleno (hubo dos votos en contra y ocho en blanco), aboga por equipararse así a lo que ya se ha instaurado en Italia, Francia o Portugal, países que cuentan con representantes en sus cámaras. En concreto, Italia dispone de 8 diputados y 2 senadores residentes en el exterior; Francia contabiliza 12 en cada una de las cámaras; y Portugal da cabida a 4 diputados en el Congreso.
En el caso de España, se pide contar con 7 diputados (4 elegidos por América y 3 por Europa, Asia, África y Oceanía) y 5 senadores (3 por América y 2 por Europa, Asia, África y Oceanía) que los representen como españoles residentes en el exterior.
La aceptación de la propuesta significaría, según los ponentes, además de “equiparar los derechos de los residentes en el exterior”, “un mayor compromiso” y una “mayor eficacia a la hora de estar presentes en la vida política y legislativa” del país de origen.
Creación de consulados
Además de la creación de una circunscripción exterior, el pleno aprobó 14 propuestas más elaboradas por la Comisión Delegada de Derechos Civiles, entre las que sobresale la que ahonda en la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Junto a ellas, se acordó solicitar la apertura de nuevos consulados en la demarcación de Buenos Aires, donde residen 306.000 españoles (un 63% de los 480.159 registrados en toda Argentina), así como de un consulado general en Vancouver (Canadá), que se una a los ya existentes en Toronto y Montreal.
En relación con estas oficinas diplomáticas, también se aprobó abrir consulados itinerantes obligatorios en las demarcaciones con varias ciudades o núcleos urbanos por encima de 5.000 habitantes, así como homogeneizar los requisitos de los consulados generales, evitando discriminar a sus ciudadanos con exigencias que no se realizan en el resto de consulados generales del mundo.
Otros puntos que se aprobaron en el pleno en relación con esta comisión delegada hacen referencia al establecimiento de nuevos convenios de doble nacionalidad en países del entorno europeo; revisión del sistema fiscal que se aplica a los residentes extracomunitarios; eliminación de la discriminación entre españoles de origen y no de origen; firma de acuerdos bilaterales de reconocimiento de sentencias con los países con mayor censo de residentes españoles o con mayor número de retornados, y la firma de un acuerdo bilateral entre España y Canadá para el reconocimiento recíproco y el canje de los respectivos permisos de conducir español y canadiense.
En otro orden de cosas, se acordó solicitar la participación activa del Consejo y de los CRE (Consejo de Residentes Españoles) en la implementación del Plan de Digitalización Consular; la modificación de los parámetros de asignación de presupuestos de los CRE, y la asignación automática de número de identificación único a todos los ciudadanos españoles.
La comisión también abordó el asunto del pasaporte asociado a la nacionalidad. Así, propone al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que siga las últimas interpretaciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en las que se extiende al artículo 24.1 del Código Civil (habla de la conservación de la nacionalidad española tras la adquisición voluntaria de nacionalidad extranjera) la interpretación de que tanto la posesión del pasaporte español durante los tres años posteriores a la adquisición de la nacionalidad extranjera como su solicitud durante el periodo mencionado, deberían ser consideradas como una declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.
Sobre la conservación de la nacionalidad de españoles nacidos fuera de España de padre o madre españoles nacidos fuera de España, que recoge el Código Civil en su artículo 24.3, plantea lo mismo, y propone al citado Ministerio que remita una circular a todas las oficinas consulares y misiones diplomáticas, indicando que, tanto la solicitud de pasaporte como la posesión del mismo en el periodo legal establecido, sea considerada una declaración de voluntad de conservar la nacionalidad española.
