Las entidades han sido invitadas a una sesión virtual deliberativa el próximo 15 de abril

Las comunidades navarras en el exterior pueden participar hasta el 15 de mayo en la norma que regulará su Consejo

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno navarro ha publicado en el Portal de Participación el borrador de Decreto Foral que regulará la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior y el procedimiento de reconocimiento y registro oficial de estas comunidades, que podrán ser también virtuales. El proceso participativo para recibir aportaciones está abierto desde este 4 de abril hasta el 15 de mayo a través del portal ‘Participa Navarra’.

Las comunidades navarras en el exterior pueden participar hasta el 15 de mayo en la norma que regulará su Consejo

El Consejo de Comunidades Navarras en el Exterior fue creado el año pasado por la Ley Foral 3/2023, de 22 de febrero, de Relaciones con la Ciudadanía Navarra en el Exterior, cuyo objeto es promover el fortalecimiento de las relaciones institucionales con la ciudadanía navarra en el exterior, estableciendo el soporte jurídico que determina las líneas básicas de actuación que favorecerán las ayudas, la asistencia y la protección de quienes integran dicho colectivo, así como su retorno voluntario.

El proyecto de Decreto Foral responde así al desarrollo normativo previsto en la propia ley y regulará específicamente aspectos como la composición, organización y funcionamiento del Consejo, el procedimiento de reconocimiento y registro de las comunidades navarras en el exterior, y el concepto y la naturaleza de las comunidades virtuales en el exterior.

Sesión participativa ‘online’ el 15 de abril

Ahora se abre el proceso participativo para hacer aportaciones, un proceso en el que se contemplan distintas acciones de comunicación para animar a la ciudadanía a presentar sugerencias y que incluye una sesión virtual deliberativa el próximo 15 de abril en la que participará la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, y a la que se ha invitado a todas las casas navarras en España y en el extranjero.

En la actualidad, el Gobierno de Navarra mantiene relación estrecha con cerca de una veintena de comunidades navarras en el exterior, 13 de las cuales están repartidas por distintas ciudades españolas, 4 en Argentina, 1 en Cuba y 1 en París. Anualmente, el Ejecutivo convoca ayudas dirigidas a financiar gastos de actividad, mantenimiento de locales y funcionamiento, inversiones, etc., de estos centros, que la Ley Foral 3/2023 considera como “un activo para el bien común de Navarra, por su importante papel en la proyección exterior de la Comunidad Foral de Navarra”, y les otorga la consideración de interlocutores referentes en materia de cuestiones relativas a la ciudadanía navarra en el exterior.

Estas comunidades navarras ejercen, de facto, de “embajadoras” para la proyección exterior de la Comunidad Foral de Navarra y para la difusión de sus señas de identidad; al mismo tiempo que constituyen el nexo de unión entre todas aquellas personas que, viviendo fuera de Navarra, mantienen una especial vinculación con la misma. El borrador de Decreto Foral regulará además las comunidades navarras virtuales, contempladas en la Ley 3/2023.

Aportaciones de Navarra al reglamento estatal

Coincidiendo con el inicio de este proceso, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez García, participa, este jueves 4, en el Foro de Debate sobre Políticas de Retorno, organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En dicho foro, Sergio Pérez va a explicar las aportaciones que ha hecho Navarra en el proceso participativo sobre el reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que impulsa la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno.

Concretamente, Navarra ha hecho dos aportaciones, una encaminada a mejorar las herramientas de coordinación del Estado con las Comunidades Autónomas en materia de retorno y de información a la ciudadanía española en el exterior, y la otra que persigue que se reconozca igualdad de derechos a los emigrantes en proceso de retorno.