La Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos aspira a integrarse en el Consejo General en próximos mandatos

Adjunta a la Comisión Permanente del Consejo, se trata de una comisión impulsada desde el Ministerio de Migraciones que aspira a permanecer en el tiempo y a constituirse como una más del Consejo General en próximos mandatos, puesto que desempeña “una función crucial a la hora de apoyar y proteger el Consejo”, según puso de manifiesto su presidenta, Nuria Fraile Díaz, en el último pleno del CGCEE.

Integrada por un grupo de consejeros creado ‘ad hoc’ y para trabajar en la sombra, se puso en funcionamiento en agosto de 2022 para abordar cuestiones de “carácter técnico” y con “una naturaleza jurídica distinta a la contemplada” por las restantes comisiones delegadas del Consejo en lo que afecta a las necesidades de los ciudadanos residentes en el exterior, aclaró Nuria Fraile Díaz.

La Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos adquiere el calificativo de “especial” por el contenido de los temas de los que se ocupa, acotado al “estudio de las leyes y normas que afectan y protegen a la ciudadanía española en el exterior”, así como a “otras casuísticas jurídicas” que le afectan,

Abarca desde cuestiones que tienen que ver con las ayudas a la ciudadanía, a las asociaciones y centros españoles en el exterior, hasta las relativas a la constitución, elección y funcionamiento de los CRE (Consejo de Residentes Españoles) y del propio Consejo General, pasando por temas que afectan de manera directa al colectivo y que tienen que ver con la percepción de pensiones asistenciales, la violencia de género, los viajes del Imserso, las becas de estudios y la homologación de títulos universitarios.

Una lista con 10 integrantes

Además de la presidenta (consejera por Reino Unido), componen la lista de personas que integran este equipo Ana Carolina Blanco, consejera por República Dominicana (vicepresidenta); Mabel Herrero, Gustavo Yepes y Lucas Sancho (representantes por Argentina); David Casarejos (Reino Unido); Juan Miguel Paz (Francia); Alejandro Olmos (Alemania); Pablo Puertas (sindicato CSIF), y Violeta Alonso, consejera por Alemania, al tiempo que presidenta del Consejo General.

El trabajo que han realizado lo han llevado a cabo en la sombra para cumplir con el “acuerdo de confidencialidad” exigido, debido a la calidad de los documentos legales con los que han estado trabajando desde agosto del año pasado, cuyo contenido “no se puede relevar” hasta que se dé “permiso” o “haya una consulta pública”, alegó Fraile Díaz.

Una vez “en posición de poder exponer el trabajo a los consejeros”, la presidenta hizo alusión en el pleno al ámbito, funciones y atribuciones de esta comisión, que, desveló, centra su actuación en materias como el derecho administrativo y civil, la legislación de extranjería y la protección consular.

Funciones

Respecto a sus funciones, recoge un total de 12 puntos relacionados con dichas materias. Comienza el desarrollo con el cometido de realizar un seguimiento sobre cambios en la legislación que puedan afectar a la diáspora española y ajustar las propuestas e informes en consecuencia. Un segundo punto consiste en elaborar propuestas, analizar, interpretar y velar por el cumplimiento de la legislación y normativa española relevante para la ciudadanía, así como sus relaciones con la administración pública y los reglamentos de sus órganos de representación.

El punto tercero habla de preparar y elevar para su consideración, tanto por la Comisión Permanente como por el Pleno del CGCEE, informes legales y documentación pertinente en apoyo a las actividades del propio Consejo. Como parte de su cometido también se propone conocer de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho administrativo, especialmente sobre las que afectan a los ciudadanos españoles en el extranjero, y asesorar a la Comisión Permanente y al CGCEE sobre procedimientos administrativos, recursos y apelaciones. Otras de sus funciones consisten en brindar orientación sobre la legislación civil y cuestiones relacionadas con la residencia en otros países; asesorar sobre aspectos legales de la protección consular para ciudadanos españoles en el exterior; colaborar con las administraciones, embajadas y consulados en asuntos jurídicos; participar en la resolución de conflictos que involucren tanto al Consejo como a los CRE y sus consejerías, y velar por los intereses legales del CGCEE.

Las doce funciones se completan con la labor de organizar sesiones de formación y sensibilización sobre cuestiones legales relevantes para la diáspora, colaborar con otras comisiones delegadas a la hora de abordar cuestiones legales en un contexto más amplio, y desarrollar la interlocución del Consejo General con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

Propuestas

Del trabajo realizado durante más de un año, salen propuestas como la que se refiere a los procesos de constitución y elección de los CRE, así como de la partida del Estado destinada a colaborar en acciones a favor de los emigrantes.

Respecto al primer punto, proponen la modificación de la orden ministerial que regula la constitución, elección y funcionamiento de los CRE, habida cuenta de que las demarcaciones consulares no “aplican los mismos criterios” a la hora de su constitución. Los cambios sugeridos aluden al modo de presentar las candidaturas, la constitución del proceso electoral y la manera en que se debería facilitar la información a la ciudadanía sobre los consejos de residentes, así como el proceso de elección particular.

En lo que atañe a las acciones a favor de los emigrantes –Programa 231B–, solicitan al Ministerio competente el incremento de la partida presupuestaria destinada al colectivo, de manera “acorde al incremento” del número de emigrantes registrado “en los últimos años”, lo que “genera necesidades adicionales, especialmente entre los colectivos más vulnerables”, recoge el texto. A este respecto, reclaman mayor financiación de los programas destinados a la emigración en lo que compete, por una parte, a prestaciones económicas y ayudas asistenciales destinadas a mujeres que sufren violencia de género, jubilados, mayores y discapacitados, y, por otra, a las ayudas y subvenciones a los centros y asociaciones. Demandan también la reactivación de los programas no convocados en los últimos ejercicios, como el de comunicación, asociaciones y centros, jóvenes y mujeres; apoyo económico al Consejo General para su personal y el desarrollo de iniciativas; así como dotar de más recursos del Estado y ampliar el perfil de los beneficiarios respecto del plan de retorno estatal.

“Todos estos conceptos –señaló Fraile, en su intervención– están contemplados” en el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior elaborado en 2006, así como en la nueva propuesta –en la que trabaja el Gobierno y sobre la que se pidieron aportaciones a los consejeros en el pasado pleno– que, “si cabe”, añadió, “amplía aun los conceptos de apoyo social”.

No obstante, la presidenta de la comisión alegó al respecto que “muchas de las mejoras que propone” dicho reglamento, corren el “peligro” de “quedar sepultadas en el papel”, ya que “sin presupuesto no se podrían implementar la mayoría de los programas” que recoge.

Como presidente de la CTAJ, Nuria Fraile agradeció a los consejeros –que se han reunido con frecuencia y de manera virtual en todo este tiempo– el trabajo “duro y constante” que han realizado en el marco de esta comisión, para poder trasladar al pleno los resultados obtenidos. Es gracias a la “suma de experiencia, voluntad, esfuerzo y compromiso con la ciudadanía española en el exterior” que ha sido posible, remarcó.