CeDEU denuncia vulneración de la legalidad en algunos consulados a la hora de facilitar el acceso a la nacionalidad

En él se denuncia el rechazo del responsable del Consulado General de España en Montreal (Canadá) a aceptar la solicitud de acceso a la ciudadanía española “a un nieto de español, nacido en Brasil, que hizo su recuperación de nacionalidad española”.

“Violando tanto la ley como la instrucción” y arrogándose “la potestad de interpretar lo dispuesto en el Código Civil vigente”, así como “lo establecido en la Ley de Memoria Democrática” –en su disposición adicional octava–, lo que el funcionario ha querido decir es que “se es originariamente español solo cuando se ha nacido en España”, denuncia el organismo, para el que no se puede “consentir ni tolerar semejantes excesos que cruzan y vulneran la delgada línea de la legalidad por parte de un funcionario jerárquico al servicio exterior de España”.

Asimismo, considera que el funcionario, Ernesto de Zulueta y Habsburgo-Lorena, “ha hecho caso omiso de las reglas de procedimiento para los nacidos en el exterior, domiciliados fuera de España, pero en un país distinto al de nacimiento”, ya que “resolvió sobre una solicitud que debe ser resuelta por el consulado competente al del nacimiento del interesado”.

Como consecuencia de su modo de proceder, “un descendiente de español que legal y legítimamente aspiraba a ver reconocida su nacionalidad”, al amparo de la ley de nacionalidad, “ha sido afectado por un cónsul general que se ha arrogado atribuciones y competencias que no le son propias”, puesto que tenía que haber enviado la solicitud al consulado de São Paulo, señala el escrito.

El caso del responsable diplomático de Montreal no es el único detectado por el CeDEU respecto a la gestión que se está haciendo en algunas oficinas diplomáticas sobre el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles en el exterior. También denuncia “comportamientos similares” en los consulados de Rotterdam (Holanda), Monterrey (México), Mendoza (Argentina), Río de Janeiro, Salvador de Bahía (Brasil) o San José de Costa Rica.

CeDEU contrapone este modo de obrar al que se aplica en consulados como el de Buenos Aires, Montevideo o Caracas, que se muestran “diligentes” en la estricta aplicación” de la normativa, “atendiendo las solicitudes” –“todas llenas de ilusión”, enfatiza– que les llegan de unos ciudadanos “que se habían visto privados por años de la nacionalidad de sus antepasados”.

Tras considerar “inaceptable” lo que está ocurriendo en los consulados citados con anterioridad, hace un llamamiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y, en particular, a su titular, José Manuel Albares, solicitando su “intervención” en la causa para “rectificar el mal obrar” de algunos representantes diplomáticos y que “situaciones tan bochornosas” como las descritas “no se repitan”.

Al tiempo, insta al Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Montreal a que tome “cartas en el asunto” y solicite las “debidas explicaciones por lo sucedido”.

La situación en que el funcionario incurrió “pudo haberse evitado”, y casos como este “empañan” la aspiración de España de “proyectar la imagen de un cuerpo diplomático” y de “una red de servicio consular de vanguardia”, considera CeDEU.

Cuando resta apenas año y medio de vigencia a la disposición, estima “urgente y necesario establecer los canales de información que de manera indubitada den el conocimiento adecuado y estricto de la instrucción” sobre “el derecho de opción a la nacionalidad española”.