Agilizar la homologación de títulos, promocionar las ALCE y favorecer el acceso a la universidad, reivindicaciones de la Comisión de Educación
El objetivo de tales demandas, que fueron expuestas por los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en el reciente pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), es procurar la integración en el país de los jóvenes que residen en el extranjero a través de la formación, así como sentar las bases para difundir la cultura española fuera de las propias fronteras.
Los tres asuntos, junto con la petición para homogeneizar las tarifas del servicio de biblioteca en los institutos Cervantes –que fue presentada por la presidenta del Consejo y consejera por Alemania, Violeta Alonso Peláez– y la creación de una Consejería de Educación en Canadá, fueron planteados en las sesiones de trabajo del pleno de este órgano consultivo desarrolladas los pasados días 6 y 7 de noviembre en Oviedo.
Homologación de títulos
En lo que atañe a la homologación de títulos universitarios, la Comisión de Educación solicitó a los ministerios de Universidades y Hacienda que adopten las medidas necesarias para que se refuerce el personal adscrito a Universidades con el fin de que se agilicen los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de los sistemas educativos extranjeros. Ello permitiría “a muchos profesionales en el exterior, que dependen de las resoluciones de sus titulaciones, poder trabajar y ejercer su profesión en España”, señala la propuesta, que fue aprobada por 42 consejeros y con 9 votos en blanco.
En materia de universidades, la comisión elevó al pleno la propuesta de solicitar, tanto al Gobierno de España como a las comunidades autónomas, la inclusión en sus planes de retorno de políticas que favorezcan el “acceso a la universidad de los ciudadanos españoles en el exterior”. Algunas administraciones autonómicas, como es el caso de Galicia –que cuenta con un programa especifico (becas BEME) para formar en la comunidad a jóvenes del exterior–, se han adelantado a una demanda que los consejeros consideran necesaria y fundamental para abrir “la puerta del retorno a la juventud española en el exterior que inicia sus estudios universitarios”. Asimismo, se pretende sentar las bases para que esos jóvenes “se arraiguen en el país de origen” a una edad propicia para “formar una familia, iniciar una carrera profesional, construir un entorno de amigos” e integrarse “en la vida social y cultural del país de origen”.
Programas ALCE
Reivindicaciones sobre la mejora de los programas de las ALCE (Agrupaciones de Lengua y Cultura Española) también fueron puestas sobre la mesa durante las sesiones plenarias y con tres propuestas distintas. Por una parte, se pide que los alumnos de este programa puedan acceder al Diploma DELE Nivel C1 del Instituto Cervantes y lo hagan gratuitamente, con el objetivo de que dispongan de un “diploma oficial” del Cervantes, “reconocido internacionalmente” y que “permite acreditar las competencias lingüísticas en español”. Otra de las demandas referidas a las ALCE tiene que ver con el presupuesto destinado a estas agrupaciones, que piden experimente “un aumento proporcional”, teniendo en cuenta “el incremento de españoles residentes en el extranjero de edades comprendidas entre los 7 y los 17 años” que se ha dado en la última década. Por último, en lo que respecta a estas aulas de lengua y cultura española en el exterior, solicitan al Ministerio de Asuntos Exteriores que inste a los consulados de España en el extranjero a dar información sobre la existencia del programa ALCE a los españoles en el momento de registrarse en cada demarcación consular y en cada campaña de inscripción. El objetivo que se persigue con esta propuesta es que se pueda publicitar el programa en demarcaciones donde ya existe y darlo a conocer en aquellas donde todavía no se puso en marcha.
Respecto a las tarifas del servicio de préstamo de los institutos Cervantes, que planteó Violeta Alonso, se solicita al mencionado Instituto que establezca precios homogéneos en sus distintas sedes dentro del mismo país. Asimismo, se le pide que, dentro de esa estandarización, la obtención del carné de la biblioteca para menores, pensionistas o personas con necesidades especiales, sea gratuito.
Un séptimo punto abordado en este pleno tiene que ver con la creación de una Consejería de Educación en Canadá, con sede en Otawa, que sustituya a la actual Agregaduría de Educación, dependiente de la Consejería de Educación de EE UU y Canadá, que cuenta con sede en Washington D.C. Entre los beneficios de la acogida de esta propuesta destacan la posibilidad de “canalizar la creciente demanda de clases de español por parte de las familias de españoles” en Canadá; “gestionar directamente el programa de las ALCE de Montreal”; “aumentar el número de plazas de auxiliares de conversación de español como lengua extranjera en centros educativos canadienses de todo el país”, y “colaborar con otras autoridades españolas en Canadá en el fomento del español”.
