SEGÚN EXPLICÓ JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ EN EL PARLAMENTO

El presupuesto de la Junta dedica 625.000 euros para las políticas destinadas a los castellanos y leoneses del exterior

| 10 Mayo 2017 - 15:05 h.
El vicepresidente y su equipo se dirigen a la comparencia en la Comisión.
El vicepresidente y su equipo se dirigen a la comparencia en la Comisión.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2017 referente al departamento que dirige y en el que se recoge una cuantía de 625.000 euros, un 15% más que el año pasado, para “impulsar el apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior”.

Con cargo a estos fondos, la Consejería de Presidencia establece tres líneas de trabajo: el apoyo a los emigrantes, a las comunidades y al retorno.

Para apoyar a los castellanos y leoneses del exterior, la Junta establece diferentes programas que suman un total de 205.000 euros. “Los más relevantes –explicó De Santiago-Juárez– son ‘Añoranza’ y ‘Raíces’, para que los emigrantes o sus descendientes puedan, si así quieren, visitar la Comunidad; las becas dirigidas a los castellanos y leoneses residentes en América para que puedan cursar másters de postgrado en Castilla y León; y las ayudas para los emigrantes en situación de especial necesidad”. Además, recordó el vicepresidente, “mantendremos también este año el programa de apoyo a presos castellanos y leoneses en América del Sur en colaboración con la Fundación +34”.

La segunda línea de trabajo de apoyo a las comunidades castellanas y leonesas cuenta con un presupuesto de 300.000 euros. “Continuaremos trabajando con ellos para aprovechar su potencial como agentes de Castilla y León allí donde viven”, aseguró De Santiago-Juárez, quien aseguró que para la ayuda al retorno se ha duplicado la cantidad prevista el pasado año hasta alcanzar un presupuesto de 120.000 euros.

Según explicó en su comparecencia, “con cargo a estos fondos apoyamos a la Asociación de Emigrantes Retornados de nuestra Comunidad y hemos convocado ya la línea de ayudas al retorno, con una dotación inicial de 72.000 euros que se ampliará hasta los 100.000 euros, una vez que se apruebe este presupuesto”. El vicepresidente recordó que esta línea apoya a las personas que hayan retornado desde 2015 con una ayuda de 1.500 euros, más un complemento de 250 euros por cada familiar a cargo. Si los retornados se instalan por cuenta propia se les concede una ayuda de 2.500 euros que podría alcanzar los 3.000 euros si son menores de 36 años. En 2016, explicó De Santiago-Juárez, se han beneficiado de esta línea de ayudas 83 personas, el 80% menores de 36 años.

 

Presupuesto total de 121,9 millones de euros

El Presupuesto de la Consejería de la Presidencia para 2017 asciende a 121,9 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,7 millones de euros, un 2,27% más que en 2016. Este presupuesto se dedica, fundamentalmente, a uno de los objetivos marcados para esta legislatura: fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad a través del modelo de ordenación del territorio. El presupuesto de esta Consejería también contribuye a la consecución de otro de los objetivos de la legislatura: garantizar los servicios públicos a través de las políticas de personal, que afectan a los 84.000 empleados públicos de la Junta, y a través de otras competencias como la atención a los inmigrantes, emigrantes o retornados a la Comunidad.

El principal proyecto de la Consejería de la Presidencia para esta legislatura es el despliegue del modelo de ordenación del territorio, al que se destina casi el 70% del presupuesto, excluidos los gastos de personal. El modelo de ordenación del territorio es un proyecto de Comunidad y siempre se ha planteado como un proceso presidido por la participación y el diálogo de todos los agentes implicados y, especialmente, por el diálogo político. El consejero de la Presidencia ha recordado que los cuatro objetivos fundamentales que persigue el modelo de ordenación son mejorar los servicios públicos y garantizarlos, de manera muy especial en el medio rural; apoyar el fortalecimiento de los pequeños municipios a través de su asociación voluntaria; corregir desequilibrios territoriales; y apoyar a las entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de estabilidad y disciplina presupuestaria.

El año 2015 fue el primero en el que los presupuestos recogieron partidas derivadas de los acuerdos alcanzados en ordenación. También en 2015 las entidades locales participaron en los ingresos tributarios de la Comunidad, una demanda histórica de los municipios que se hizo realidad en Castilla y León a través de una ley que regula, no solo la participación en los ingresos propios de la Comunidad, sino también en los cedidos, ampliando así las previsiones de ambas normas. Ninguna otra comunidad dispone de una regulación similar.

El Proyecto de Presupuestos para 2017 que se ha presentado avanza en la dotación de los fondos de participación en los ingresos tributarios con 62,4 millones de euros para las entidades locales, lo que supone un incremento del 2,43% sobre la cuantía de 2016.

José Antonio de Santiago-Juárez ha anunciado que el fondo de participación de tributos propios estará dotado con 12,8 millones de euros, siendo el incremento sobre 2016 el máximo que permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por otro lado, el consejero ha informado de que el fondo de cooperación económica local vinculado a ingresos de impuestos cedidos se dota con 49,6 millones de euros.

A esta cifra hay que sumar la cooperación económica sectorial, es decir, los fondos que las consejerías prevén destinar a las Corporaciones Locales. De acuerdo con el Anexo presupuestario del Plan de Cooperación Local, estos fondos alcanzan en 2017 un total de 202 millones de euros, con lo que esta cifra registra un incremento del 29,5%.

A su vez, el Proyecto de Presupuestos para 2017 aumenta la cantidad destinada a Cohesión Territorial hasta alcanzar los 3,3 millones de euros. De Santiago-Juárez ha recordado que esta cantidad se dirige a incentivar la constitución voluntaria de las Mancomunidades de Interés General, tanto las urbanas, que ya pueden constituirse y, por tanto, acceder a estos fondos, como las rurales, que requieren de la aprobación previa del Mapa de Unidades Básicas. El consejero de la Presidencia ha insistido en que “este es un motivo más para completar el modelo de ordenación con el Proyecto de Ley remitido a estas Cortes el pasado mes de enero”.

 

Apoyo a la inmigración

Otra de las prioridades políticas y presupuestarias de la Consejería de la Presidencia son las políticas de inmigración, a las que se destinan 420.000 euros del presupuesto. Con esta partida ya se está apoyando, gracias a la prorrogación del presupuesto, el funcionamiento de los Centros Integrales incorporados en la Red por un importe de 47.000 euros y se han convocado ayudas para financiar proyectos por un importe de 350.000 euros, según ha afirmado De Santiago-Juárez.

 

3,1 millones de euros para la Función Pública

Un total de 3,1 millones de euros corresponden a la Función Pública en el Proyecto de Presupuestos presentado. Destaca el incremento de las partidas destinadas a organizar las oposiciones y pruebas selectivas, donde se ha pasado de 44.000 euros a 400.000 euros. Con cargo a estos fondos se abonan los procesos de selección de personal funcionario y laboral que se gestionan desde la Consejería de la Presidencia.

La oferta pública de empleo para 2017, agotando la tasa de reposición que los Presupuestos Generales marcan como máxima, supondría en Castilla y León cerca de 2.000 plazas, de las cuales 1.000 serían para Sanidad y 800 para Educación. Según ha afirmado el consejero de la Presidencia, este proyecto incluye una previsión dirigida a reducir las tasas de interinidad en los servicios esenciales. Se trata de una propuesta que Castilla y León lideró en la Conferencia de Presidentes y que fue aceptada. Una vez aprobados los Presupuestos del Estado y los de la Comunidad, podrá ponerse en marcha esta estabilización de plazas que permitirá convocar entre los años 2017, 2018 y 2019 más de 5.700 plazas que se sumarán a las de la oferta pública de empleo de cada año.

 

Cooperación al Desarrollo

La Consejería de la Presidencia destinará a la Cooperación al Desarrollo 4,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,4 % en relación con el ejercicio 2016. Esta cuantía se dedica, casi en su totalidad, a la convocatoria de proyectos en países en vías de desarrollo. Las ayudas de 2017 se han publicado con una cuantía de 3,6 millones de euros y se ampliará hasta los 3,8 millones si se aprueban los Presupuestos de acuerdo con el proyecto presentado. Una parte de los fondos de cooperación, 145.000 euros, se dedica a la ayuda humanitaria y de emergencia. Este año 2017 ya se han ejecutado 90.000 euros de esa cantidad para los afectados por el conflicto de Siria.

 

Mejora de la calidad política y de la relación de los ciudadanos con la Administración

Entre las competencias de esta Consejería se halla el impulso para mejorar la calidad de la política; son medidas de gran calado pero con escaso impacto presupuestario. Tal impulso se ha traducido en iniciativas como la Ley reguladora del ejercicio de Alto Cargo, el código ético y de austeridad, la Ley de protección del denunciante o el Proyecto de Ley de atención a las víctimas del terrorismo, que ya ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. De Santiago-Juárez también ha recordado los trabajos iniciados con el Anteproyecto de Ley del Diálogo Civil, en un procedimiento que se pretende que sea muy participativo.

El servicio de Atención al Ciudadano 012 y la simplificación administrativa, excluyendo los gastos de personal, contarán este año con 2,6 millones de euros, una cuantía muy similar a la del presupuesto de 2016. Con cargo a estos fondos se está implantando, de manera progresiva en las más de 200 oficinas de asistencia al ciudadano, el Plan de Digitalización y Modernización de las Oficinas de Registro, que favorece la igualdad de todos los ciudadanos en su relación con la Administración.

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