El decreto que regula el funcionamiento del Censo de Vivendas Baleiras entra en vigor en marzo

Este mes de marzo entra en vigor el Decreto por el que se crea y regula el funcionamiento del Censo de Vivendas Baleiras de la Comunidad de Galicia, un instrumento impulsado por el Gobierno gallego con el objetivo de facilitar que las viviendas desocupadas de los bancos se incorporen al mercado inmobiliario y, sobre todo, puedan ser empleados en la planificación de las políticas sociales. Esta iniciativa es una de las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno de la Xunta dentro de la estrategia desplegada en los últimos meses para prevenir los desahucios, paliar sus efectos y reforzar el derecho constitucional de todos los ciudadanos gallegos a una vivienda.

La inscripción de las viviendas en este Censo será obligatoria para todos los inmuebles desocupados que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en municipios de más de 10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que sean propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de donde se encuentre el domicilio social de sus titulares.
Una vez que entre en vigor el Decreto, a finales de marzo, las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para inscribir los inmuebles que en ese momento se encuentren desocupados. 
Para las viviendas que se finalicen o se vacíen con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto, se establece un plazo  máximo de ocho meses desde la obtención de la licencia de primera ocupación o desocupación de la vivienda por el remate de un contrato de alquiler o la compra de la misma.
El incumplimiento de la obligación de inscripción conllevará una sanción de hasta 3.000 euros por inmueble no registrado.
En el Censo de Vivendas Baleiras podrán inscribirse de manera voluntaria el resto de viviendas vacías de la comunidad autónoma, sean propiedad de personas físicas o jurídicas e independientemente del tamaño del municipio donde se emplacen. Se da también la posibilidad de que se inscriban de forma voluntaria las viviendas vacías propiedad de los ayuntamientos y otras administraciones públicas.
Con las viviendas inscritas en el Censo, la Xunta de Galicia podrá adoptar medidas que favorezcan su ocupación.
La Xunta, por ejemplo, podrá impulsar la firma de acuerdos de colaboración con el objeto de destinar las viviendas inscritas en el censo para atender a personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria o por desahucios por impago de rentas de alquiler.
Además, el Gobierno gallego podrá mediar entre las personas propietarias de las viviendas vacías inscritas y las personas demandantes de vivienda, con el fin de favorecer su ocupación, facilitando fórmulas de concertación de arrendamientos o adquisición. Para tal fin, las viviendas vacías inscritas propiedad de las entidades de crédito, y de sus filiales inmobiliarias y de las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y, siempre que se ajusten a los precios máximos establecidos para las viviendas protegidas, podrán ser ofertadas por su propietario a la Xunta para su adjudicación a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto en alquiler como en venta.
Así mismo, con el previo consentimiento de los propietarios, las viviendas inscritas en el Censo podrán ser utilizadas en los programas de fomento del alquiler que desarrolle la Xunta o las administraciones locales.

Lucha contra los desahucios de alquiler
La Xunta de Galicia viene realizando en los últimos tiempos una esforzada labor encaminada no sólo a apoyar a los que pierden su hogar ofreciéndoles una vivienda alternativa, sino procurando, por la vía del diálogo y la colaboración, evitar que se produzcan más desahucios en la  Comunidad.
En esa labor, destaca especialmente el acento puesto en los últimos tiempos en el fomento del alquiler como solución habitacional, para lo que se dispusieron diversas líneas de ayuda a disposición de las familias con las rentas más bajas. 
Lo cierto es que a pesar de la mejora económica que se está produciendo, hay sectores de la población que aún tienen serias dificultades para cubrir ciertas necesidades básicas, como es el caso de la vivienda. 
Por eso desde la Consellería de Vivenda se están poniendo los medios y tratando de ofrecer soluciones a esas personas y familias que están en riesgo de perder su casa por no poder pagar la hipoteca o la renta de alquiler. 
Esa es precisamente la línea de trabajo más reforzada en los últimos tiempos por la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, con medidas como el acuerdo con la Sareb, para la cesión de viviendas vacías para alquiler social; o los convenios firmados con las entidades financieras, entre ellos con la mayor entidad financiera de Galicia.
Gracias a esta colaboración, la Xunta dispone de 240 viviendas más, que ya están siendo ocupadas con familias que tienen que abandonar su hogar por no poder hacer frente a la hipoteca, o alquiler o por encontrarse en otros casos de dificultad extrema.
Esos convenios están ayudando también en la prevención de nuevos casos, puesto que las entidades financieras se han comprometido a no echar a nadie de su vivienda por no poder pagar la hipoteca, sólo a cambio de un alquiler social en el que colabora la Xunta. 
Además, se puso en marcha el ‘Bono de Alugueiro Social’, destinado a atajar los problemas de desahucios por impago del alquiler; del que se acaba de publicar una nueva convocatoria, con una inversión que supera los 4 millones de euros.
Estos programas permiten intensificar y ampliar las respuestas de la Xunta para favorecer el acceso a la vivienda a aquellas personas que más lo necesitan. 
El pasado año, casi 6.400 familias tuvieron ayuda de la Xunta para pagar el alquiler de su vivienda. Un número de beneficiarios que prevé incrementarse aún más en el presente ejercicio, cuando la Xunta prevé alcanzar el número de 6.520 familias apoyadas con una inversión de 13 millones de euros.
El trabajo continúa: buscando la colaboración de agentes públicos y privados; y poniendo a disposición de los afectados las medidas y los recursos necesarios para garantizar el acceso a un hogar a los que lo necesitan.

Bono de Alugueiro Social
Una de las medidas novedosas puestas en marcha por la Xunta es el ‘Bono de Alugueiro Social’, una ayuda urgente e inmediata a las persoas en riesgo de perder su vivienda por no poder pagar la renta. Esa medida se activó por primera vez a finales de agosto del año pasado y ha sido ampliada por la Xunta para llegar a más colectivos en dificultades.
Estas ayudas, con un importe de 150 euros mensuales, se conceden por un período de 12 meses, que puede prorrogarse previa solicitud del interesado, por un período igual al de la concesión inicial hasta un máximo de dos años. A mayores, el programa contiene una axuda adicional de 450 euros para cubrir los gastos de formalización de un nuevo contrato de alquiler o, en el caso de permanecer en la misma vivienda, para atender pagos pendientes.
La Xunta destinará 4 millones de euros a este programa.
Para la nueva convocatoria del ‘Bono de Alugueiro Social’, la Xunta decidió ampliar los supuestos de coberta de las ayudas, con el objetivo de atender con mayor eficacia las necesidades sociales en materia de vivienda que fueron trasladadas en los últimos meses por los distintos colectivos que participaron en la ronda de contactos abierta por la Administración autonómica.
Así, pueden acogerse a estas ayudas las personas que, por motivos económicos, no puedan afrontar el pago de la renta del alquiler de su vivienda habitual y afronten una demanda judicial de desahucio por este motivo, o bien una resolución judicial que ordene el desalojo del domicilio.
Además, podrán solicitar el Bono de Alugueiro Social las víctimas de violencia de género con dificultades para asumir el coste del arrendamiento de una vivienda y que en el momento de la solicitud se encuentren residiendo en una casa de acogida de las integradas en la red gallega de atención a este colectivo y adscritos a una administración pública.
Finalmente, también podrán acceder a estas ayudas las unidades de convivencia que no puedan asumir el coste de alquilar una vivienda y que fueran privados de su residencia habitual por daños sufridos en esta, derivados de una circunstancia imprevisible y sobrevenida, tales como incendios, inundaciones, etc.