Acción Exterior convoca la selección de canarios en Venezuela que recibirán distintas prestaciones durante 2026

Según la Resolución, se seleccionará a las personas emigrantes canarias, residentes en Venezuela, mayores de 65 años, en situación de necesidad y que no perciban la prestación económica por ancianidad, incapacidad o asistencial que serán beneficiarias de la prestación de asistencia sanitaria, al objeto de intentar equiparar las prestaciones sanitarias que perciben los canarios que residen en Venezuela con las que ofrece el Sistema Canario de Salud. La prestación de asistencia sanitaria incluye las siguientes coberturas: asistencia sanitaria ambulatoria de especialidades y hospitalaria, así como farmacéutica, en los términos contemplados en el Convenio suscrito entre la Fundación España Salud (FES) y el Gobierno de Canarias.

También se seleccionará a 6.291 personas beneficiarias de tarjetas de alimentos de acuerdo con el orden que resulte de la resolución de la convocatoria en base a los criterios establecidos en la base 16ª.

Por último, se seleccionará a 4.033 personas beneficiarias de tarjetas de medicamentos de acuerdo con el orden que resulte de la resolución de la convocatoria en base a los criterios establecidos en la base 16.ª.

Las entidades canarias de Venezuela relacionadas a continuación colaborarán con la Dirección General de Emigración en la recepción y/o tramitación de las solicitudes correspondientes a la presente convocatoria:

• Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas.

• Hogar Canario Venezolano de Coro.

• Centro Cultural Español Cervantes. El Tigre.

• Hogar Hispano de Valencia.

• Centro Social y Deportivo Canario Venezolano de San Carlos.

• Centro Hispano Venezolano del Estado de Aragua. Maracay.

• Hogar Canario Larense. Barquisimeto.

• Hermandad Nuestra Señora de las Nieves. Cagua.

• Hogar Hispano de Yaracuy.

• Fundación Canaria de Mérida-Funcamer.

• Unión Canaria de Venezuela.

Antecedentes

La situación de la población en Venezuela sigue siendo extremadamente difícil, marcada por una combinación de crisis económica, política y social que afecta gravemente la calidad de vida de los ciudadanos.

La falta de recursos para poder adquirir alimentos y otros productos básicos como medicinas, productos de higiene y artículos de primera necesidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. La inflación, que aunque ha disminuido en comparación con los picos de la hiperinflación de 2018-2019, sigue siendo alta, lo que dificulta aún más el acceso a productos esenciales.

Además, el sistema de salud se enfrenta a grandes dificultades debido a la escasez de medicinas, equipos médicos y personal capacitado. Muchos hospitales carecen de suministros básicos, como antibióticos y anestésicos, y las condiciones para los pacientes son precarias.

Enfermedades que antes estaban controladas, como el sarampión, la malaria y la tuberculosis, han experimentado un resurgimiento debido a la falta de atención y prevención. Además, la emigración de médicos y personal sanitario ha agravado aún más la crisis en este sector.

El acceso a servicios esenciales como electricidad, agua potable, gas y telecomunicaciones sigue siendo limitado en muchas áreas del país. Los apagones son frecuentes y afectan tanto a zonas rurales como urbanas, lo que dificulta la vida diaria de los ciudadanos. El racionamiento de agua es común y muchas familias deben depender de camiones cisterna o buscar agua en fuentes no reguladas. Además, la infraestructura de transporte y comunicaciones está en mal estado, lo que dificulta la movilidad y el acceso a servicios básicos.

Gran parte de la población venezolana depende de la ayuda humanitaria, ya sea a través de organizaciones internacionales, ONG o programas gubernamentales. La asistencia alimentaria y de salud ha sido crucial para muchas familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas debido a la crisis económica y social. Sin embargo, el acceso a esta ayuda a veces se ve restringido por problemas de distribución y por las tensiones políticas.

Existe un colectivo de personas canarias residentes en Venezuela, mayores de 65 años, que no tiene derecho a la percepción de la prestación económica por ancianidad, ni por incapacidad y, por tanto, no tiene derecho a la prestación de la asistencia sanitaria que financia el Estado español, por lo que se ve obligado a recurrir a los precarios sistemas públicos de salud de Venezuela.