Martín Moyano Barro, interventor designado por la Justicia argentina

Comienza una etapa de transformación del Centro Gallego de Buenos Aires

La separación del servicio cultural del servicio hospitalario del Centro y, a su vez, la separación de la prepaga (la cuota social que los socios pagan para poder ser atendidos en el centro gallego) del hospital, así como la puesta en marcha de un plan de adultos mayores para que los socios del centro gallego puedan ser externados (a través de la configuración de una red prestacional y de farmacias) son objetivo prioritarios de la segunda etapa de la intervención judicial que inauguró Martín Moyano Barro, el 22 de abril pasado.

Comienza una etapa de transformación del Centro Gallego de Buenos Aires
Martín Moyano Barro 3
Martín Moyano Barro, interventor del Centro Gallego de Buenos Aires

La separación del servicio cultural del servicio hospitalario del Centro y, a su vez, la separación de la prepaga (la cuota social que los socios pagan para poder ser atendidos en el centro gallego) del hospital, así como la puesta en marcha de un plan de adultos mayores para que los socios del centro gallego puedan ser externados (a través de la configuración de una red prestacional y de farmacias) son objetivo prioritarios de la segunda etapa de la intervención judicial que inauguró Martín Moyano Barro, el 22 de abril pasado.

Según explicó Moyano Barro en diálogo con esta publicación, en los tres primeros meses de gestión, las metas prioritarias fueron estabilizar el funcionamiento de la institución y hacerla gobernable. A partir de ahora, asegura, es momento de transformarla.

“En ese proceso de transformación, -dice el nuevo interventor- la gestión que nos suceda tendrá las bases para poder seguir adelante, como ocurre con los otros hospitales de comunidad de la ciudad de Buenos Aires”.

Moyano explicó también que han iniciado acciones civiles y comerciales contra el exinterventor del Centro Gallego, contador Carlos La Blunda, entre otros.

Pregunta. A partir del 28 de agosto, luego de las elecciones, podría decirse que se iniciará la segunda etapa en su gestión de la intervención judicial del Centro Gallego de Buenos Aires, ¿Cuáles son los objetivos que se ha fijado para este segundo período?

Respuesta. En esta segunda etapa nosotros queremos irnos con un sistema prestacional funcionando, que es la base sobre la cual el hospital puede tener autonomía financiera y los socios prestaciones.

Ahora nosotros estamos exigiendo las historias clínicas y las estamos facturando como si fuera una prepaga más. La idea es separar el hospital de la prepaga del Centro y sumar una red prestacional, primero en toda la ciudad y el Gran Buenos Aires para luego extenderla a todo el país.

Simultáneamente estamos trabajando en la confección de un único plan de adultos mayores (porque nuestra población de socios es de una media de 85 años de edad) y que puedan ser externados con una red prestaciones y una red de farmacias.

Por otra parte, ya no será obligatorio contar con un plan de salud para poder ser socio de la institución, queremos que la gente pueda asociarse y colaborar con la mutual sin la obligatoriedad de ser también socio de dicho plan de salud. 

P. ¿Cómo encontró el Centro Gallego cuando asumió la gerencia de la intervención?

R. Cuando recibí el Centro, a los socios no se les facturaba nada. Sabíamos que pagaban 15 millones de pesos y nada más. Además, lo que correspondía al cobro por prestaciones del resto de obras sociales, empresas de medicina prepagas y PAMI, o estaba mal facturado o estaba debitado porque el grueso de las presentaciones se hacía fuera de término. Como todo se hace en forma manual y, encima, con el hospital subsidiado era imposible terminar los papeles en fecha. Así se debitaba casi el 70% de toda la documentación, lo que nos generaba un cuello de botella difícil.

Asimismo, cuando llegamos todos nos decían que el Centro era inviable, por eso nuestro tercer objetivo de gestión fue la modernización de la institución para hacerla viable: modernizándola, digitalizándola y a través del armado de una red prestacional que nos permita poder darle cobertura y ofrecer servicios con normalidad y excelencia.

P. ¿Cuál es la deuda del Centro Gallego? ¿Sigue generando deuda?

R. El Centro arrastra una deuda de cerca de 1.300 millones de pesos, que devengan intereses, y por eso estamos tratando de administrar mientras vamos saldando los pasivos.

Una parte de esa deuda corresponde a impagos salariales que significan unos 52 millones de pesos, que estamos empezando a pagar a través de la firma de los convenios individuales con los trabajadores no judicializados, a los que les vamos a pagar a partir del mes de septiembre, entre los días 15 y 20 de cada mes, con recursos propios del centro gallego y si levantamos un poquito más la facturación del hospital la vamos a destinar a cancelar esta deuda, así que si podemos terminar de pagar antes.

De todas las deudas que tiene el Centro Gallego es la más importante porque afecta a poco más de 1.400 personas.

Además de la deuda salarial tenemos una deuda que reúne los aportes y contribuciones no pagos y sueldo no pagos judicializados, que son aproximadamente 220 juicios laborales generados en las crisis de 2011 y 2012.  Para eso tenemos un estimado previo de alrededor de 100 millones de pesos.

También tenemos juicios laborales de la crisis de 2015, 2016 porque que cuando el empleador no paga el sueldo por segundo mes consecutivo el empleado puede considerarse despedido.

P. ¿Por qué se dejaron de pagar los salarios en 2015 – 2016?

R. En la última etapa de la gestión de La Blunda o no pagaba los sueldos, o los pagaba en cuotas, o les daba $300 los viernes para que viajen y los sentó a comer a todos en el comedor del Centro, así se trabajaba.  Por eso nuestro primer objetivo era normalizar esa situación.

Hasta 2015, la intervención de La Blunda recibió varios subsidios de gobierno nacional y, además,  sobre-facturaron PAMI, (en septiembre, octubre y noviembre el año pasado) por lo que desde febrero nos está debitando unos 25 millones de pesos de servicios no prestados.

Nosotros estamos auditando todos esos balances porque consideramos que no son correctos y vamos reclamar civil y comercialmente contra quienes hicieron eso en ese momento: al Interventor Carlos La Blunda; el gerente general, Gabriel Villarreal, y al director médico, doctor Jorge Picasso, entre otros.

P. ¿Actualmente, reciben subsidios o ayudas económicas de algún tipo para la gestión del Hospital?

R. Hasta ahora estamos pagando todo con recursos propios y solo contamos un aporte del programa REPRO del ministerio de trabajo de la Nación que nos aporta un porcentaje de los salarios del personal.

Los aumentos salariales de paritarias también se pagan con recursos propios. Así unos 18 millones de pesos son propios, unos 7 millones de pesos corresponden al programa REPRO; en total son unos 25 millones de pesos correspondientes a la masa salarial, más aportes y contribuciones, con lo cual el monto asciende a unos 32 millones de peso.

Todo en su medida y armoniosamente, creo que el REPRO se puede dejar de usar a mediados del año que viene, una vez que saldemos las deudas salariales.

P. En este momento, ¿cuál es el nivel de ocupación del Centro?

R. El nivel de ocupación lo dejamos clavado en 220 camas.

La idea es que cuando estemos funcionando ya con los procesos de digitalización, podamos llevarlo a  300 camas. A medida que podamos también iremos contratando médicos y enfermeros que es lo que nos hace falta para reforzar la atención a los pacientes.

P. La gestión del interventor anterior contrató personal

R. La Blunda incorporó alrededor de 400 empleados, pero no personal sanitario. En general incorporó personal administrativo, de maestranza, de limpieza, etc. Lógico porque un hospital que se maneja con papel y necesita administrativos.

P. ¿A la fecha han iniciado alguna otra demanda en los fueros judiciales?

R. Hasta el momento, la única acción legal penal que hemos iniciamos es por un óbito que encontramos en el shockroom de la guardia externa. No había morgue –ahora hemos construido una con una cámara de frío– donde estuvo abandonado alrededor de 8 meses ahí porque había aire acondicionado y lo tenía a 17 grados. La denuncia penal es casi única en su tipo porque no existían antecedentes. Lo denunciamos por la peligrosidad que implica un cuerpo en descomposición en un hospital, una barbaridad. Eso no puede pasar nunca más.

P. Usted ha convocado a elecciones para normalizar la vida institucional del Centro para el próximo 28 de agosto, ¿qué expectativas tiene al respecto?

R. El primer objetivo de gestión cuando me hice cargo de la intervención fue normalizar la institución que estaba en crisis y el segundo objetivo era retomar la vida institucional de la entidad y para eso convocamos a elecciones para el próximo 28 de agosto.

En el marco de esa convocatoria, la semana pasada se oficializaron las presentaciones: una única lista completa que presentó Agrupación Breogán, y una lista solo presenta candidatos para Junta de representantes que presentaron las demás agrupaciones en conjunto.

También hemos desestimado una lista que se presentó fuera de término, y esto porque se presentó un día después que había cerrado el plazo, no porque hayan llegado tarde ese día.

No obstante, ese detalle, el criterio nuestro es que todo el mundo compita. Es importante que haya un proceso electoral y que participen todos los socios para ellos vamos a montar 35 urnas en  el Centro Gallego y 15 urnas en Valentín Alsina.

También le vamos a avisar a los socios, mediante una carta personalizada a cada socio para informarle dónde y cuándo tienen que votar y hemos puesto un Call Center  para informar al respecto.

P. ¿Tiene un plazo para la finalización de la intervención?

La intervención continuará después de las elecciones; estimamos que hasta fin de año para terminar de resolver algunas cuestiones pendientes.

R. ¿Qué otras cuestiones han quedado pendientes para esta segunda etapa?

Vamos a convocar a la Junta de representantes porque entendemos que ésta tiene que tratar la totalidad de los balances no considerados desde 2011 para adelante, más el corte de la gestión actual, como intervención judicial.

En esta dirección, vamos a citar a los responsables de la última junta directiva para que defiendan su gestión. También vamos a invitar al contador La Blunda y al doctor Iribarren a que hagan lo mismo sobre su gestión y trataremos la aprobación de los balances.

También vamos a proponer una serie de reformas del estatuto, como la separación del servicio cultural de los servicios de salud y la separación del servicio de salud de la pre-paga del Centro Gallego.

También vamos a solicitar a la Junta de Representantes la autorización para el nuevo plan de pagos de la AFIP para poder formalizar esa deuda que tiene la institución desde hace más de una década.

Nuestra idea es concluir las actividades, como intervención, a mediados del mes de diciembre. Creemos que, si los objetivos se cumplen, en esa fecha estaremos en condiciones de dejar el hospital en manos de su Junta Directiva, pero todo depende de la composición de la junta de representantes y las decisiones que ésta tome.