El Senado español pide al Gobierno que se garanticen los derechos en Venezuela
El senado español instó el pasado miércoles, 21 de octubre, al gobierno a que realice las gestiones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías en Venezuela.
El senado español instó el pasado miércoles, 21 de octubre, al gobierno a que realice las gestiones necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los opositores al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías en Venezuela.
La moción aprobada en la Cámara alta, por 132 votos a favor –los del Partido Popular, PNV y CiU–, 114 en contra y una abstención, funciona como una recomendación general al Ejecutivo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno, votó en contra.
El texto pide al Gobierno español que interceda ante las autoridades venezolanas para que se cumplan los derechos fundamentales y de defensa de los opositores a Chávez en los procesos penales que se lleven a cabo en Venezuela.
La moción fue defendida en la tribuna por el veterano senador vasco Iñaki Anasagasti, quien nació en Venezuela.
En su exposición, Anasagasti ha insistido en que el objetivo de esta iniciativa es defender los derechos humanos allí donde son conculcados, como, en su opinión, se hace en países como Venezuela, con los que España mantiene una buena relación.
Así, ha recordado que en los procesos judiciales contra opositores políticos, líderes sociales, empresarios, profesionales, periodistas o estudiantes se produce una “clara quiebra” de los derechos de defensa de estas personas.
Esto se debe, según ha dicho, al “deterioro” del funcionamiento de las instituciones judiciales en Venezuela, donde “se utiliza la Justicia para perseguir a los opositores, cuyos más elementales derechos procesales son reiteradamente ignorados”.
Ha recordado que jueces y fiscales de ese país “reciben rutinariamente el encargo” de imputar cargos criminales contra objetivos políticos del Gobierno y que sus víctimas son difamadas en los medios de comunicación y detenidas arbitrariamente mientras se vulneran reiteradamente sus derechos.
Opinión que comparte el senador del PP Dionisio García Carnero, quien ha mostrado su apoyo a esta iniciativa que persigue defender y garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, no sólo los venezolanos sino también los intereses de las empresas españolas.
Ha subrayado que en Venezuela hay un verdadero régimen dictatorial, a pesar de que se disfrace de democrático, por su presidente, Hugo Chávez, que controla los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), algo que impide que haya un verdadero estado de derecho.
El senador Joan María Roig, de CIU, ha respaldado también la iniciativa por entender que, ante “flagrantes injusticias”, “no se puede mirar hacia otro lado” y que es “inaceptable” que el Gobierno venezolano utilice para sus intereses el poder judicial.
En contra de la moción ha votado Lluis María de Puig, de la Entesa, por considerar que el Senado no puede instar al Gobierno para que le diga a otro Estado lo que tiene que hacer y que los términos de la moción son más bien “un brindis cara al sol”.
Sobre este asunto, el senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera, ha insistido en que hay que ser “respetuosos” con los procesos internos que se llevan a cabo en otros países y ha recalcado que “no es propio de la democracia sustituir la voluntad del pueblo”.
Venezuela responde
La “derecha española” no tiene autoridad moral para “poner en tela de juicio” las instituciones venezolanas, indicó la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) en respuesta a una iniciativa del Senado español sobre Venezuela emitida el miércoles.
“La derecha española, en especial el Partido Popular, cuyas prácticas autoritarias y dictatoriales son del conocimiento público, no tiene ninguna moral para poner en tela de juicio a los Poderes Públicos venezolanos, al Gobierno del presidente Chávez ni a la Constitución de nuestro país”, dijo la presidencia de la AN.
La nota de respuesta señaló que la moción, “promovida por la derecha”, contó con “la lamentable y vergonzosa complicidad de algunos senadores que se auto-definen como socialistas”.
Recuerda que “esa derecha y sus cómplices” es la misma que apoyó el golpe de Estado de 2002 contra el legítimo gobierno venezolano y “contrariando a Naciones Unidas, participó en la invasión a Irak en 2003”.
Añade que todo indica que “hoy en día también quiere desconocer que Venezuela es un país independiente y soberano desde 1811 y que no aceptamos la injerencia de ningún país en nuestros asuntos internos”.
Además, califica de “irracional” la moción porque “el Senado español no tiene competencia para tomar decisiones de esta naturaleza, ni para evaluar los procesos penales de otros Estados, y evidentemente está bastante desinformado acerca de las libertades que gozan todos los venezolanos y venezolanas”.
La nota exige “respeto a nuestras instituciones y a nuestro ordenamiento jurídico” y dice que no hay duda de que “quienes aprobaron dicha atrocidad son senadores herederos de los viejos colonialistas derrotados por el valor de los pueblos de estas tierras libertadas por la espada gloriosa del Libertador de América”.
Finaliza la nota de la Presidencia de la AN pidiendo a los senadores españoles que apoyaron la moción que “se informen mejor de la realidad de nuestro país, para que puedan así conocer más de cerca una verdadera democracia, donde la soberanía reside en la voluntad popular”.
La moción aprobada en la Cámara alta, por 132 votos a favor –los del Partido Popular, PNV y CiU–, 114 en contra y una abstención, funciona como una recomendación general al Ejecutivo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno, votó en contra.
El texto pide al Gobierno español que interceda ante las autoridades venezolanas para que se cumplan los derechos fundamentales y de defensa de los opositores a Chávez en los procesos penales que se lleven a cabo en Venezuela.
La moción fue defendida en la tribuna por el veterano senador vasco Iñaki Anasagasti, quien nació en Venezuela.
En su exposición, Anasagasti ha insistido en que el objetivo de esta iniciativa es defender los derechos humanos allí donde son conculcados, como, en su opinión, se hace en países como Venezuela, con los que España mantiene una buena relación.
Así, ha recordado que en los procesos judiciales contra opositores políticos, líderes sociales, empresarios, profesionales, periodistas o estudiantes se produce una “clara quiebra” de los derechos de defensa de estas personas.
Esto se debe, según ha dicho, al “deterioro” del funcionamiento de las instituciones judiciales en Venezuela, donde “se utiliza la Justicia para perseguir a los opositores, cuyos más elementales derechos procesales son reiteradamente ignorados”.
Ha recordado que jueces y fiscales de ese país “reciben rutinariamente el encargo” de imputar cargos criminales contra objetivos políticos del Gobierno y que sus víctimas son difamadas en los medios de comunicación y detenidas arbitrariamente mientras se vulneran reiteradamente sus derechos.
Opinión que comparte el senador del PP Dionisio García Carnero, quien ha mostrado su apoyo a esta iniciativa que persigue defender y garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, no sólo los venezolanos sino también los intereses de las empresas españolas.
Ha subrayado que en Venezuela hay un verdadero régimen dictatorial, a pesar de que se disfrace de democrático, por su presidente, Hugo Chávez, que controla los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), algo que impide que haya un verdadero estado de derecho.
El senador Joan María Roig, de CIU, ha respaldado también la iniciativa por entender que, ante “flagrantes injusticias”, “no se puede mirar hacia otro lado” y que es “inaceptable” que el Gobierno venezolano utilice para sus intereses el poder judicial.
En contra de la moción ha votado Lluis María de Puig, de la Entesa, por considerar que el Senado no puede instar al Gobierno para que le diga a otro Estado lo que tiene que hacer y que los términos de la moción son más bien “un brindis cara al sol”.
Sobre este asunto, el senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera, ha insistido en que hay que ser “respetuosos” con los procesos internos que se llevan a cabo en otros países y ha recalcado que “no es propio de la democracia sustituir la voluntad del pueblo”.
Venezuela responde
La “derecha española” no tiene autoridad moral para “poner en tela de juicio” las instituciones venezolanas, indicó la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) en respuesta a una iniciativa del Senado español sobre Venezuela emitida el miércoles.
“La derecha española, en especial el Partido Popular, cuyas prácticas autoritarias y dictatoriales son del conocimiento público, no tiene ninguna moral para poner en tela de juicio a los Poderes Públicos venezolanos, al Gobierno del presidente Chávez ni a la Constitución de nuestro país”, dijo la presidencia de la AN.
La nota de respuesta señaló que la moción, “promovida por la derecha”, contó con “la lamentable y vergonzosa complicidad de algunos senadores que se auto-definen como socialistas”.
Recuerda que “esa derecha y sus cómplices” es la misma que apoyó el golpe de Estado de 2002 contra el legítimo gobierno venezolano y “contrariando a Naciones Unidas, participó en la invasión a Irak en 2003”.
Añade que todo indica que “hoy en día también quiere desconocer que Venezuela es un país independiente y soberano desde 1811 y que no aceptamos la injerencia de ningún país en nuestros asuntos internos”.
Además, califica de “irracional” la moción porque “el Senado español no tiene competencia para tomar decisiones de esta naturaleza, ni para evaluar los procesos penales de otros Estados, y evidentemente está bastante desinformado acerca de las libertades que gozan todos los venezolanos y venezolanas”.
La nota exige “respeto a nuestras instituciones y a nuestro ordenamiento jurídico” y dice que no hay duda de que “quienes aprobaron dicha atrocidad son senadores herederos de los viejos colonialistas derrotados por el valor de los pueblos de estas tierras libertadas por la espada gloriosa del Libertador de América”.
Finaliza la nota de la Presidencia de la AN pidiendo a los senadores españoles que apoyaron la moción que “se informen mejor de la realidad de nuestro país, para que puedan así conocer más de cerca una verdadera democracia, donde la soberanía reside en la voluntad popular”.
