Propuesta presentada por el CRE de Berna para la nueva regulación de estos organismos
Con ocasión de la visita de la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, a la colectividad española residente en Suiza, la pasada semana, el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Berna-Basilea, le entregó una propuesta sobre lo que consideraba necesario reformar en estos organismos para mejorar su funcionamiento y “para que ocupen el espacio para el que fueron creados”, informan José Raimundo Insúa y Ramón Carreira, secretario y presidente del CRE, respectivamente.
Con ocasión de la visita de la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, a la colectividad española residente en Suiza, la pasada semana, el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Berna-Basilea, le entregó una propuesta sobre lo que consideraba necesario reformar en estos organismos para mejorar su funcionamiento y “para que ocupen el espacio para el que fueron creados”, informan José Raimundo Insúa y Ramón Carreira, secretario y presidente del CRE, respectivamente.
La propuesta se basaba en dos puntos. Por una parte solicitaban que los CRE dispongan de autonomía presupuestaria, argumentando que “son los órganos básicos de participación institucional de los residentes en el exterior y, además, son órganos de interés general”.
Por otra, pedían “que sean tenidos en cuenta como referencia obligada ante cualquier visita oficial por parte de cualquier miembro del Gobierno central o autonómicos o alto funcionario del Estado o de las comunidades autónomas”.
Argumentaban desde el CRE que así estos organismos se convertirán en “un apoyo vital a la hora de conocer la realidad social de los ciudadanos residentes en su Demarcación Consular”.
Además, hacían “especial hincapié” en que a través de los Consejos de Residentes se conecte “el programa de estas visitas con la sociedad civil”, pues entienden que esto “permitirá de un modo más integral y empírico consultar y definir sus necesidades y el modo de satisfacerlas”.
La propuesta se basaba en dos puntos. Por una parte solicitaban que los CRE dispongan de autonomía presupuestaria, argumentando que “son los órganos básicos de participación institucional de los residentes en el exterior y, además, son órganos de interés general”.
Por otra, pedían “que sean tenidos en cuenta como referencia obligada ante cualquier visita oficial por parte de cualquier miembro del Gobierno central o autonómicos o alto funcionario del Estado o de las comunidades autónomas”.
Argumentaban desde el CRE que así estos organismos se convertirán en “un apoyo vital a la hora de conocer la realidad social de los ciudadanos residentes en su Demarcación Consular”.
Además, hacían “especial hincapié” en que a través de los Consejos de Residentes se conecte “el programa de estas visitas con la sociedad civil”, pues entienden que esto “permitirá de un modo más integral y empírico consultar y definir sus necesidades y el modo de satisfacerlas”.
