Contempla la creación de un nuevo Consejo de Personas Valencianas en el Exterior

Presentado en las Cortes valencianas el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha presentado en el pleno de Les Corts el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana que se aplicará tanto a la administración de la Generalitat, y a su sector público instrumental, como a las entidades locales.
Presentado en las Cortes valencianas el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo

En cuanto a la participación de las personas valencianas en el exterior, se crea un nuevo Consejo de Personas Valencianas en el Exterior que ejercerá también funciones de asesoramiento en relación con los asuntos que afectan los derechos e intereses tanto de las personas como de las comunidades del exterior.

En este sentido, se prevén medidas para facilitar el retorno a la Comunitat Valenciana de aquellas personas que desean volver, especialmente de la juventud desplazada, una línea en la se ha estado trabajando con los colectivos afectados y que se plasma en la Estrategia Valenciana de Retorno. También se contempla la creación del Registro de Personas Valencianas en el Exterior en ‘GVA Participa’ para fomentar su participación en la vida pública valenciana.

El texto normativo se estructura en una exposición de motivos, un título preliminar y tres títulos dedicados a definir los mecanismos, órganos y espacios de participación ciudadana; medidas de promoción, planificación y coordinación; y participación de las personas valencianas en el exterior.

Se divide en 54 artículos, tres disposiciones adiciones, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales. Cabe resaltar que deroga totalmente la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Modelo de gobernanza participativa

La consellera Pérez Garijo ha destacado que la ley de participación “aboga por un modelo de gobernanza participativa con el claro compromiso de implicar a los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos públicos para combatir la desafección de la ciudadanía hacia la política”.

Pérez Garijo ha calificado la participación ciudadana de “esencial” para el desarrollo y el fortalecimiento de una sociedad democrática, superando el modelo de democracia representativa y articulando un modelo de gobernanza directa más allá del período electoral que permita tejer alianzas con las entidades ciudadanas y las entidades locales del territorio”.

La consellera ha subrayado que estamos ante una ley “con mirada inclusiva”, que no olvida ningún colectivo ni obvia fenómenos como la brecha digital y las dificultades para la integración de niñas y niños, jóvenes, personas con diversidad funcional, mujeres, mayores y cualquier sector social vulnerable.

Asimismo, Pérez Garijo ha puesto en valor el “amplio proceso participativo” para elaborar el texto normativo y ha agradecido a asociaciones y colectivos “su implicación” para construir una ley que “permita mejorar la calidad democrática de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, la consellera ha asegurado que con esta ley “situamos la participación en el centro de las políticas públicas y avanzamos hacia un cambio de paradigma donde la administración trabaja codo con codo con la ciudadanía”.

“Estamos convencidos –ha continuado Pérez Garijo– de que blindar la participación hace más robusta nuestra democracia y nos ayuda a avanzar en Calidad Democrática”.

Medidas para la participación

La futura ley de participación y fomento del asociacionismo introduce importantes novedades entre las que cabe destacar que desaparece el límite de edad para participar en los asuntos públicos, fomentando la educación en la cultura participativa y medidas de accesibilidad para garantizar la participación de todos los colectivos, especialmente las niñas y niños.

También se amplía al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de participar en la elaboración de normas y planes de la Generalitat, antes limitado a las personas o colectivos afectados directamente. Para ello, se promoverán procesos participativos deliberativos. Se establece además que la elaboración de los presupuestos participativos de la Generalitat será cada dos años y su resultado tendrá carácter vinculante.

En cuanto a los órganos y espacios de participación, se plantea un Consejo de Participación Ciudadana, con nuevas funciones y coordinación de los consejos comarcales de ciudadanía activa, órganos nuevos que funcionarán como extensiones territoriales del Consejo de Participación y al cual trasladarán sus debates y propuestas.

Asimismo, se constituirán órganos sectoriales en todas las áreas de la Generalitat, con representación de la ciudadanía que no podrá ser inferior al 60% de la composición total y con equilibrio entre hombres y mujeres y participación de jóvenes.

En cuanto a la iniciativa ciudadana en materias no de ley, las propuestas requerirán 5.000 avales en un periodo de 5 meses para prosperar. En este caso, obligarán al departamento competente a emitir un informe de valoración técnica, económica y de oportunidad en un periodo máximo de 3 meses.

En el ámbito formativo se incide en la importancia de los programas de formación y promoción para consolidar la cultura participativa en el conjunto de la sociedad valenciana, especialmente en la infancia, adolescencia y juventud, a través del sistema educativo valenciano y a través de la Xarxa de Governança Participativa municipal.

También se fomenta la innovación y la investigación a través de la colaboración con las universidades públicas valencianas, el movimiento asociativo y otras administraciones públicas. Se incentivará además la innovación con la implantación de laboratorios ciudadanos innovadores, como espacios de deliberación y la creación de propuestas que permitan hacer frente a los nuevos retos sociales.

La futura ley reconoce el papel fundamental de las entidades asociativas para el fomento de la participación de la sociedad civil en la vida pública y se establece la elaboración de un plan de participación cada tres años.