Pilar Cancela reconoce que el Gobierno ha dado “pasos importantes” en la derogación del voto rogado y en la ley de Memoria Democrática
La eliminación de voto rogado y la ley de Memoria Democrática son algunos de los logros de los últimos cuatro años a los que aludió la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en su intervención en el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que se inauguró esta mañana en Madrid.
Cancela reconoció que la implantación del voto rogado en 2011 fue una decisión “equivocada”, porque “no tuvo el impacto positivo que se pretendía”, por lo que una de las prioridades de esta etapa de gobierno socialista consistió en su derogación para “recuperar un derecho fundamental en el que se sustenta nuestra democracia”. A este respeto, recordó que la participación electoral, que se había fijado en alrededor del 30%, e incluso del 40%, antes de la aplicación de la reforma de la Loreg, se rebajó a cifras por debajo del dos, tres o cuatro por ciento. Tras dos años transcurridos desde su abolición, y después de varios procesos electorales celebrados, “aún no se recuperó el ritmo”, aseguró, y animó a trabajar para que se superen “las dificultades” que puedan surgir a este respecto, de tal manera que la participación sea cada vez más activa.
Cancela, quien intervino en el pleno después de la presidenta del Consejo, Violeta Alonso, y del subsecretario de Exteriores, Xavier Martí, aludió también a otro de los logros del actual Gobierno, como fue la aprobación de la ley de Memoria Democrática, para ampliar los supuestos para la obtención de la nacionalidad que habían quedado pendientes en la anterior normativa, como el que afectaba a a los nietos de las abuelas que habían perdido su condición de españolas al contraer matrimonio.
No obstante estas dos cuestiones, la secretaria de Estado y también vicepresidenta del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior aseguró que, en lo que atañe a las políticas que tienen que ver con los residentes en el exterior “queda mucho por hacer”, y apeló al trabajo de los consejeros para seguir avanzando; un trabajo que calificó de “riguroso” y necesario para marcar el camino por el que deben transitar las políticas del Gobierno. Pero, para ello, se “necesita soporte normativo”, aseveró, al tiempo que consideró necesario que se sigan realizando nuevos planteamientos con nuevas demandas que beneficien a los que residen en el exterior.
Prioridad nacional
Como responsable también de las políticas de inmigración, Cancela aludió en el pleno a la polémica exigencia de Vox de implantar la prioridad nacional en los acuerdos con el PP para gobernar en las comunidades autónomas en las que los resultados electorales obligan a los conservadores a depender del apoyo de la ultraderecha.
Al respecto, calificó de “peligroso” este planteamiento por considerar que reduce derechos y libertados a los que vienen de fuera, que son reflejo de los españoles que en otros tiempos también se vieron obligados a abandonar su país.
También se refirió al proceso de regularización de inmigrantes iniciado por el Ejecutivo, para normalizar la situación de alrededor de 500.000 personas que ya se encontraban en España, pero trabajando de manera irregular. Ahora, en contra de lo que sostienen otras formaciones políticas que se muestra en contra de ese proceso, pueden decir, “no tengo miedo”, recalcó la secretaria de Estado, quien consideró necesaria la aportación de este colectivo para contribuir al crecimiento económico del país, ocupándose en aquellos puestos de trabajo que desdeñan los nacionales.
Puso como ejemplo el caso de sus padres, que emigraron a Alemania e “iban a trabajar en los puestos más precarios”. Emigrar “te enriquece”, dijo Cancela –quien reconoció una vez más que fue emigrante en Alemania y en Venezuela–, porque “te ayuda a integrarte”, y lo que se pretende ahora en España con esta regularización es hacer una “integración con derechos”, apuntó.
Su intervención respecto a la regularización, que fue respaldada por el consejero por la comunidad autónoma de Navarra, Sergio Pérez, y por el de Reino Unido, David Casarejos, fue contestada, no obstante, por el consejero por Baleares, Manuel Pavón, quien detalló algunos aspectos negativos que esta normativa está causando en su comunidad, por el efecto llamada que provoca. Pavón aseguró que la cifra de regularizados supera el 1,2 millones en su conjunto, lo que repercute, entre otras cuestiones, en la saturación de los servicios.
Pilar Cancela recordó a Pavón la importancia de “hablar con rigor” y le recordó que en el Ejecutivo están siendo rigurosos en el cumplimiento de las normas, puesto que quien no pueda acreditar los supuestos exigidos, “no podrá ser objeto de regularización”, aseguró.
La secretaria de Estado también se refirió al nuevo Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, con cuya actualización se quiere dar un paso más, para adaptarlo a las nuevas circunstancias de la emigración y en el que se dirigirá la mirada de un modo especial a las mujeres retornadas víctimas de violencia de género.
