El ministro de Interior de Venezuela asegura que la oposición preparaba un atentado con bombas contra la Embajada de España
Diosdado Cabello Rondón, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz del Gobierno venezolano, ha asegurado, este miércoles 28, que la “organización terrorista” montada por Juan Pablo Guanipa Villalobos, número dos de la oposición democrática encarcelado la semana pasada, pretendía atentar con bombas contra la Cancillería y Residencia de la Embajada del Reino de España en Caracas, contra la Cancillería y Residencia de la Embajada de la República de Colombia, contra la Embajada y Residencia de la Embajada de la República de Francia y contra las oficinas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas.
Cabello Rondón ha afirmado, en su comparecencia pública a través de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que los detenidos también pretendían asesinar a líderes revolucionarios y a los dirigentes del grupo de Henrique Capriles Radonsky que participaron en las elecciones parlamentarias y regionales del domingo 25 de mayo. “Incluso fueron neutralizados 60 ataques contra instalaciones petroleras en 10 días gracias a la Fuerza Armada”, ha añadido el ministro de Interior, Justicia y Paz.
Eso sí, Cabello Rondón se ha congratulado por las imágenes registradas el martes en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), que mostraron a Capriles Radonsky y otros opositores del sector minoritario ultramoderado recogiendo sus actas de diputados tras el proceso electoral.
Durante su comparecencia, Diosdado Cabello Rondón ha mostrado la presunta estructura de los “grupos terroristas”, que incluye entre sus financiadores a dos de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas de América Latina: el Foro Penal y Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos). El también vicepresidente sectorial de Seguridad incluso señaló al presidente del Foro Penal, Alfredo Romero Mendoza.
“Son organizaciones terroristas que se hacen pasar por defensores de derechos humanos”, ha insistido el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Para ilustrar la logística de la “organización terrorista”, Cabello Rondón ha incluido las armas y los detenidos en una operación previa contra una banda de secuestradores conformada por militares y policías revolucionarios. Además de las ONG, el ministro sumó en la trama a la líder opositora, María Corina Machado Parisca; al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López Mendoza; al Gobierno de Estados Unidos de América, a los expresidentes colombianos y al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele Ortez.
Cabello Rondón, además, insistió en que los dos turistas españoles de origen vasco apresados el año pasado, Andrés Martínez Adasma y José María Basos Valdovinos, son miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La respuesta de Provea
La organización pro derechos humanos Provea rechazó las acusaciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, quien señaló a esta y otras ONG de formar parte de un supuesto plan “terrorista”.
A través de una publicación en X, Provea afirmó que tales acusaciones forman parte de una estrategia de criminalización con el objetivo de desacreditar el trabajo de denuncia y acompañamiento a las víctimas en el país.
“Condenamos este nuevo ataque y alertamos que se produce en medio de una agresiva escalada represiva donde se han registrado decenas de detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, actos de hostigamiento, constantes amenazas para la libre expresión y el derecho a la asociación y reunión pacífica”, expresó la organización.
Recordó que, el 9 de mayo, el abogado Eduardo Torres Muñoz, quien forma parte de la organización, “fue detenido arbitrariamente en la ciudad de Caracas y actualmente se encuentra aislado en la sede del Sebin Helicoide, sin poder comunicarse con sus familiares o abogados de confianza”.
Provea indicó que todos sus integrantes, incluido Torres Muñiz, son beneficiarios de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización reiteró su compromiso con su misión de 36 años en defensa de las víctimas, documentación de abusos y promoción de la justicia en Venezuela.
