También han sido llamados el presidente de la JEC y el director de la Oficina del Censo

Juan Duarte Cuadrado será uno de los ocho expertos que dé alternativas al voto rogado en el Congreso

La subcomisión electoral creada en el seno de la Comisión Constitucional para estudiar la derogación del voto rogado para los españoles residentes en el exterior llamará en las próximas semanas a ocho expertos para que informen a los diputados sobre alternativas a un sistema de voto implantado en 2011 y que ha supuesto un desplome en la participación electoral de los españoles en el extranjero.
Juan Duarte Cuadrado será uno de los ocho expertos que dé alternativas al voto rogado en el Congreso
Juan Duarte Cuadrado
Juan Duarte Cuadrado.

La subcomisión electoral creada en el seno de la Comisión Constitucional para estudiar la derogación del voto rogado para los españoles residentes en el exterior llamará en las próximas semanas a ocho expertos para que informen a los diputados sobre alternativas a un sistema de voto implantado en 2011 y que ha supuesto un desplome en la participación electoral de los españoles en el extranjero.

Entre los expertos convocados están el presidente de la Junta Electoral Central (JEC), Miguel Colmenero; el director de la Oficina del Censo Electoral, Juan Manuel Rodríguez Poo; la directora general de Política Interior del Ministerio de Interior, Carmen López García; y el director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Duarte Cuadrado.

También serán citados María Alamena como representante de la Marea Granate; un representante de la Federación Internacional de Entidades Catalanas; Alberto Penadés de la Cruz, profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de a Salamanca; y Jordi Barrat Esteve, profesor titular de derechos Constitucional de la Universidad Roviri i Virgili, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Tras escuchar sus sugerencias o soluciones para suprimir el voto rogado, la idea es que los grupos parlamentarios comiencen a presentar enmiendas parciales a la proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registraron el pasado febrero y que fue tomada en consideración tan sólo dos semanas después, con el apoyo, entre otros, del PP.