El Gobierno reincide en ignorar los problemas que atañen a los españoles en el exterior
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, que lo es también de Migraciones, José Luis Escrivá, parece empeñado en centrar sus competencias en este último apartado solo en aquellas cuestiones que afectan a los inmigrantes que llegan a España y dejar de lado aquellas que preocupan a los más de 2,6 millones de españoles residentes en el exterior (según cifras del PERE-Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) de los cuales, 2,1 millones están inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), tal y como se desprende de los datos del INE correspondientes al 1 de febrero de este año.
Como ya viene siendo habitual en sus intervenciones, en su comparecencia del jueves de esta semana en el Senado, de más de hora y media de duración, para informar de la gestión de su departamento en la crisis derivada del Covid-19, Escrivá no hizo mención alguna a ninguno de los asuntos que preocupa a la colectividad emigrada. Así, en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pasó por alto la suspensión en el presente ejercicio de las ayudas para los centros del exterior y tampoco aludió a los programas pendientes de adjudicar para que los españoles que residen fuera y las entidades que los agrupan puedan desempeñar sus actividades correspondientes.
El ministro centró su intervención en los tres retos iniciales que debía afrontar con su llegada al Ministerio, que pasaban por actualizar “políticas mal diseñadas”, actuar sobre la “falta de inversión en capital humano y recursos” y acabar con la “rigidez en los procesos operativos, que se vieron incrementados, nada más comenzar la legislatura, por la crisis derivada del Covid-19, lo que obligó a implementar medidas imprevistas que, a juzgar por la explicación del ministro, constituyeron un pilar importante para “mantener el estado de bienestar” en tiempos de pandemia.
El Ministerio ha desarrollado “una gran labor normativa” en estos 14 meses en los que Escrivá lleva al frente del departamento, según él mismo aseguró, participando en el desarrollo de “22 reales decretos leyes y siete reales decretos, entre otras medidas”, pero ninguna tiene que ver con el colectivo en el exterior.
En el apartado de Migraciones, la actuación se centró, según explicó, en evitar la irregularidad sobrevenida de las personas migrantes y en poner en marcha medidas de emergencia en el sistema de acogida y en desplegar el Plan Canarias, a cuya explicación dedicó algunos minutos de su intervención.
Al igual que el ministro, los representantes de los partidos en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado tampoco hicieron mención a los problemas de los emigrantes en su tanda de preguntas y, en el apartado de Migraciones, se centraron sobre todo en los asuntos que competen a los inmigrantes.
La falta de presencia de los asuntos que tienen que ver con la emigración en las políticas de Estado es una constante desde la llegada al poder de los socialistas. A la suspensión de programas de ayudas a los centros y para actividades, se suma la falta de una iniciativa clara por convocar el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que no se reúne desde junio de 2018.
