70 de las fichas registradas por la Oficina del Retorno en 2008 son de españoles en Venezuela

La Oficina Española del Retorno atendió y resolvió en 2008 más de 2.000 consultas sobre distintas cuestiones relativas al retorno y recibió 558 fichas de personas que han decidido regresar a su país tras su experiencia como inmigrantes, que se elaboran en las secciones de las Consejerías de Trabajo en los diferentes países; de ellas, 70 proceden de Venezuela, que es el tercer país en cuanto al número de solicitudes, después de Argentina y de Brasil, según explicó el pasado martes en el Senado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. En el año 2008, 40.000 españoles retornaron a España.

“Éste es el número de ciudadanos españoles en Venezuela que han solicitado el apoyo y la ayuda de la Oficina Española del Retorno. Por tanto, en el caso de Venezuela, como en el resto de los países, la Oficina está siendo positiva, está contribuyendo a proporcionar la información que necesitan y, desde luego, está siendo evaluada muy positivamente tanto por los españoles que están fuera como por los que vuelven”, mantuvo Rumí.
La secretaria de Estado respondía a una pregunta del senador del PP Eugenio Gonzálvez, que se interesó en la Comisión de Trabajo e Inmigración por las medidas que está adoptando la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior en la elaboración de proyectos normativos, en la realización de informes y en su deber de velar por la mayor y mejor atención posible a los españoles residentes en Venezuela, si bien Gonzálvez y Rumí se refirieron a cuestiones distintas, según Rumí porque lo expuesto por el senador no tenía nada que ver con la pregunta que le había formulado que, según dijo, se refería a la Oficina Española del Retorno.
Sobre ella, recordó que su objeto, según el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, “es facilitar la orientación y el asesoramiento a los españoles que desean retornar y, por tanto, no tiene asignadas funciones de carácter normativo, y ello sin menoscabo de las competencias que tienen asignadas las comunidades autónomas en la materia. También afirmó que está siendo un buen instrumento, “que coordina y fortalece las actuaciones a favor de los españoles que desean regresar a nuestro país” y que se ha convertido en un referente que sistematiza, resume informaciones dispersas y ayuda al emigrante a retornar a España.
Previamente, Gonzálvez había afirmado que miles de españoles han abandonado Venezuela desde el mandato de Hugo Chávez y se había refererido a la inseguridad que, según dijo, se vive en diversos Estados del país. Dijo que entre 2007 y 2008 se estima que los españoles habrían sido víctimas de 200 ocupaciones ilegales de sus tierras y más de 40 secuestros y enumeró los casos de varios empresarios españoles secuestrados y asesinados, como Francisco Calvas, natural de Orense. “Desgraciadamente, en Venezuela los secuestros parecen cebarse con los españoles”, lamentó.
Gonzálvez también expuso que “los representantes de la Casa de España en Venezuela han pedido en reiteradas ocasiones que el Ministerio de Asuntos Exteriores intervenga, ante el agravamiento de los problemas con sus propiedades y tierras” invadidas, y confiscadas “de forma ilegal y violenta” por grupos seguidores de Chávez.
“En Venezuela se encuentra una de las mayores comunidades residentes en el extranjero, tras las de Francia y Argentina, por lo que nos alarma la situación en la que se encuentran muchos de nuestros compatriotas”, dijo, recordando también la reciente expulsión del país del eurodiputado español Luis Herrero.
“Después de dos años en que se aprobó el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, el Gobierno del Partido Socialista no ha hecho aún nada y eso lo dicen españoles que han sido visitados en hogares y en centros hispano-venezolanos”, mantuvo el representante del PP.
Rumí insistió en su respuesta en que el senador lo mezclaba todo, en que “se está confundiendo” y delimitó sus competencias de las del Ministerio de Asuntos Exteriores.
“Tengo capacidad para asistir a los españoles que residen en este país cuando lo demandan, dentro de las competencias que se me tienen asignadas, y están bien claras: lo que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que pertenece a los servicios consulares y lo que pertenece a la Dirección General de la secretaria de Estado, en cuanto atención, información de los distintos recursos, medios existentes, así como aquellos que necesitan de una pensión, de una asistencia sanitaria, farmacéutica, etcétera; es decir, todo el ámbito de las políticas sociales”, aclaró.
También rechazó las críticas al desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior afirmando que tiene “un gran elenco de normativa”.