La Feceve entrega su Medalla de Honor al Mérito a Hermann Escarrá

La Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), presidida por Félix Alfonso Barbero Martín, rindió homenaje a Hermann Escarrá y le entregó la Medalla Honor al Mérito Feceve, en el salón Cotolengo de la Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, por haber logrado como presidente de la Asamblea Constituyente en el año 1999 la doble nacionalidad entre España yVenezuela en la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Entre algunas de las personalidades asistentes al acto estuvieron Escarrá, acompañado de su esposa, Oasis Muñoz de Escarrá, y sus hijos Oasis Azul de María, Oasis Lis de María y Eduardo III, también los ex presidentes de la Federación Oliverio Alas, Manuel Varela, Benigno Luis Marcos, Jesús Montes Barcala y José María Ariño Espada, así como el director para Venezuela del Gobierno de Canarias, Jacinto José Pérez Acosta; Gustavo Omaña; el vicepresidente de la Feceve, Juan Grávalos Muñoz; la secretaria de actas, María José Ramos Hernández; la directora de Bienestar, Beatriz Yánez; el director de Relaciones Públicas Eduardo Delgado Fuente; el director de Cultura, Francisco Reina; la esposa del presidente de Feceve, Diana Dangond de Barbero; su hija María Soledad Barbero Dangond e invitados especiales.


Avatares con la nacionalidad
En su intervención, el presidente de la Feceve destacó la importancia que tuvo para la colectividad española en Venezuela que Escarrá consiguiese que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se contemplara la doble nacionalidad de Venezuela y España, y recordó la larga trayectoria histórica que tuvo este asunto.
Así, señaló que a finales de los años 30 hubo un éxodo de refugiados políticos y emigrados españoles hacia otros países; que el Estado español estimuló la emigración a través del Instituto Español de Emigración, procurando disminuir el desempleo y aumentar los ingresos por divisas; y que mientras las emigraciones hacia Europa fueron reguladas, los que emigraron a Iberoamérica fueron mayoritariamente sin contrato laboral.
Los españoles, dijo, disfrutaron en Venezuela de gran libertad de trabajo y la colectividad comenzó a estar presente en todos los estractos sociales pero en 1958 sus condiciones cambian con una nueva política restrictiva que se fue concretando en las leyes de trabajo y de inversiones extranjeras, que tendían a nacionalizar toda la industria y riqueza del país. “El esfuerzo desplegado para conservar nuestros puestos de trabajo, retener nuestros negocios o la participación en ellos, se hacía prácticamente imposible. Era igualmente innegable que teníamos que sostener a nuestras familias” y “sólo había dos alternativas: el retorno o declarar la voluntad de adquirir la nacionalidad venezolana”.
La perspectiva para el retorno era el paro laboral. Se impuso la nacionalización, si bien, dijo, “los diversos gobiernos, tanto en territorio español como en sus representantes en el exterior, nos siguieron considerando españoles a todos los efectos y aplicando la presunción del artículo de la ley de Registro Civil, que norma: ‘Se presume españoles los nacidos en territorio español de padres también nacidos en España’, excepto a quienes desearan ser considerados venezolanos. En estos últimos casos, los interesados debían probarlo documentalmente. Recordó también la protección que de la nacionalidad hace la Constitución española de 1978.
Con todo, señaló, a comienzos de 1992 las autoridades venezolanas “deciden en forma arbitraria que somos venezolanos todos los españoles de origen residentes en Venezuela desde antes de diciembre de 1978, a menos que documentalmente probemos lo contrario”. “Nuestra colectividad a partir de ese momento queda muda y apática con la más grande injusticia que recordemos se le haya cometido. La más afectada fue la mujer española”, por la ordenación legal anterior a 1978.
La promulgación de la Constitución de 1987 “puso fin a esta limitación, pero que la inercia jurídica y administrativa prolongó inexplicablemente hasta el año 2001 fecha en la que finalmente una Resolución de la Dirección General del Registro y del Notario reconoció que la mujer transmitiera la nacionalidad a sus hijos, pero no quiso mirar generosamente a quienes nacieron de madre española en las décadas anteriores a la recuperación de la democracia en España, excluyendo del derecho de ser español a varios miles de hijos de emigrantes”.
El entonces presidente de la Feceve, Maximiliano Bienes, informó en los diarios de mayor circulación en Venezuela “de la odiosa discriminación e injusticia cometida sobre los españoles que llegaron a Venezuela antes y después de 1978, que de un solo plumazo se les había desposeído de su nacionalidad española, por una supuesta voluntariedad, que realmente no existía como tal” mientras no se acreditase documentalmente.
Comienzan también las quejas de los directivos de la Federación ante las autoridades españolas. “Curiosamente recibimos una comunicación en nuestras oficinas en abril de 1995 del entonces candidato a la Presidencia del Gobierno español don José María Aznar, donde nos expresa su absoluta solidaridad” y ofrece solución si llega al Gobierno. “Pasaron los dos periodos de gobierno del señor Aznar y no se dio la solución tan ansiada”, expuso.
“En 1999 se comienza a vivir un momento histórico en Venezuela, ante la coyuntura de la elección de una Asamblea Constituyente” y plantean la necesidad de la doble nacionalidad. Se dirigen al presidente de la Comisión presidencial redactora de la Constitución, Hermann Escarrá, al que entregan un documento que fue debatido y aprobado en la asamblea constituyente, “hasta la consulta hecha al pueblo venezolano para su aprobación, siendo así como la admisión de la doble nacionalidad reconocería la fortaleza de los lazos que unen a los españoles con los venezolanos y serviría de reconocimiento a los millones de españoles que han dedicado su vida a Venezuela”.
Después, los españoles en Venezuela solicitan a España el mismo trato. “Es una lucha que actualmente continua”, dice Barbero, si bien precisa que el gobierno de Zapatero plantea “la no discriminación y la igualdad de derechos de los españoles que vivimos en el exterior con los que viven en España” y que tiene oportunidad “para resolver definitivamente el tema de la nacionalidad” en la regulación de la llamada Ley de la Memoria Histórica.