La Faceef cree que la reforma de la nacionalidad es “un nuevo agravio”
La Federación de Asociaciones y Centros de Españoles Emigrantes en Francia (Faceef) cree que el año 2008 finalizó sin que el Gobierno haya cumplido “las obligaciones que le impone la disposición adicional segunda de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior de reglamentar la adquisición de la nacionalidad española para los descendientes de todos los españoles en el exterior”. Sobre la entrada en vigor de la disposición adicional séptima de la Ley de la Memoria Histórica, sobre nacionalidad, opina que sus disposiciones son “un nuevo agracio comparativo” para los residentes en el exterior.
La Faceef señala que el gobierno disponía de un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor del Estatuto en diciembre de 2006, “para promover una regulación del acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y españolas que establezca las condiciones para que puedan optar por la nacionalidad española, siempre que su padre o madre haya sido español de origen, con independencia del lugar y de la fecha del nacimiento de cualquiera de ellos”.
La Federación mantiene que sobre este asunto el Ejecutivo ha desoído el mandato parlamentario y veinticuatro meses después sigue sin cumplir la Ley. No obstante aprecia que el pasado 29 de diciembre entraron en vigor las disposiciones del Ministerio de Justicia que regulan el acceso de la nacionalidad española prevista en la llamada Ley de la Memoria Histórica que fue aprobada un año más tarde, en diciembre de 2007.
Aún considerando que estas disposiciones van “por el buen camino”, se refiere a ellas diciendo que “resultan escandalosas, por injustas e incoherentes, y representan un nuevo y gravísimo agravio comparativo para con los propios exiliados y para con aquellos españoles que se vieron obligados a abandonar España por razones políticas, sociales o económicas, con anterioridad a la Guerra Civil o con posterioridad a 1955”.
Según la Faceef, estas disposiciones “son, sin lugar a dudas, un avance significativo con respecto a la situación actual, pues es incuestionable que posibilitar el acceso a la nacionalidad de origen a los hijos y nietos de aquellos españoles que el régimen de Franco forzó al exilio durante y tras la Guerra Civil, es un acto de justicia por el que hay que felicitar a las fuerzas parlamentarias que aprobaron dicha Ley y al propio Gobierno por haber cumplido parte de los términos de la misma”.
“Injusto e inaceptable”
No obstante, pone de relieve que le resulta “injusto e inaceptable” excluir a aquellos hijos o nietos de exiliados que salieron de España entre 1955 y la Constitución de 1978 y limitar la validez de la Ley a tan sólo dos años.
“Elegir esta fecha de 1955, bien puede interpretarse como una legitimación del franquismo a partir del 1 de enero de 1956, lo que creemos está muy lejos de las intenciones del Gobierno”, valora, preguntánse “¿qué responderá éste cuando los hijos o nietos de un represaliado del régimen, huido de España en 1967, por ejemplo, para escapar a la cárcel, a las torturas o a la pena de muerte, le reclamen la nacionalidad española?”.
Poco caso a los emigrantes
Además de este problema, entiende que las disposiciones del Ministerio de Justicia dejan otro en evidencia: “Que el Gobierno actual está demostrando hacer muy poco caso de aquellos emigrantes que se vieron empujados a abandonar el país en busca de condiciones de vida dignas que la España franquista les negaba, pero también de aquellos que tuvieron que salir por las mismas circunstancias con anterioridad a la Guerra Civil, y que recordemos también fueron centenares de miles”.
La Faceef defiende que todos ellos tienen derecho a que la España democrática y constitucional “les reconozca el derecho, para ellos y sus descendientes, a recuperar la nacionalidad española de origen si este fuese su deseo. Como también debe reconocer este mismo derecho a los hijos de madre española nacidos con anterioridad a diciembre de 1978”.
La Federación hace estas consideraciones apelando “al presidente del Gobierno y a todas las fuerzas parlamentarias para que, con la máxima urgencia y celeridad, corrijan esta injusticia histórica que denunciamos”.
