Cuando el reloj se detiene: el fin de la disposición adicional octava y la lucha por la nacionalidad

Una oportunidad que muchos consideraban una reparación histórica…

Tres años después, esa disposición ha vencido. Y aunque ha traído alegría a centenares de miles de familias, también ha dejado un sabor agridulce ya que, si bien abrió una puerta, también se cerró demasiado pronto.

Lo que debería haber sido un derecho permanente desde hace décadas se convirtió en una carrera contra el tiempo.

Una ventana de justicia… con fecha de caducidad

La disposición adicional octava no fue la primera en ofrecer acceso a la nacionalidad por razones históricas.

Ya en 2007, la Ley de Memoria Histórica permitió a hijos e hijas, así como a nietas y nietos de exiliados, solicitar la nacionalidad. Sin embargo, esa ley dejó fuera a muchos, especialmente a los descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros, a quienes no pudieron acreditar el exilio de sus antepasados por falta de documentación, y a muchos descendientes mayores de edad… dividiendo a familias.

La Ley de Memoria Democrática intentó corregir esas injusticias. Permitió que los nietos de exiliados, los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio, y los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ley de 2007, pudieran solicitarla. Fue una ampliación significativa, celebrada por asociaciones de emigrantes, historiadores y juristas.

Pero el problema fue el plazo: dos años (más una prórroga que se cumplió de 12 meses). Desde el principio, se supo que el tiempo sería insuficiente para atender la demanda, especialmente en países como Cuba, Argentina, México o Venezuela, donde las comunidades descendientes de españoles son numerosas y los consulados están saturados.

El impacto en la diáspora

Durante estos dos años, hemos visto escenas conmovedoras en consulados de todo el mundo. Familias enteras acudieron con carpetas llenas de documentos, certificados de nacimiento, pasaportes antiguos, cartas de exilio. Para muchos, obtener la nacionalidad española no era solo un trámite administrativo: era una reivindicación de identidad, una forma de cerrar heridas familiares, de reconectar con una tierra que sus abuelos y abuelas tuvieron que abandonar por la fuerza.

En países como Argentina y Cuba, el número de solicitudes superó todas las previsiones. En Córdoba, Buenos Aires o La Habana se va a multiplicar varias veces el tamaño de la población española en la demarcación cuando se finalicen los trámites.

Los primeros meses de la ley trajeron caos y los consulados, sin recursos suficientes, se vieron desbordados. Se contrataron técnicos temporales, pero la falta de personal permanente y de sistemas eficientes convirtió el proceso en una odisea.

En Cuba, la situación fue especialmente grave. Las citas consulares se liberaban en horarios nocturnos, y mafias comenzaron a vender turnos por precios equivalentes a muchos meses de salario. Lo que debía ser un derecho se convirtió en un privilegio para quienes podían pagar o tenían contactos.

¿Derecho temporal o justicia estructural?

La disposición adicional octava fue, sin duda, un avance, pero también fue una solución parcial y otro parche temporal.

Como ya he venido señalando en multitud de artículos, muchas personas quedaron fuera por tecnicismos, por falta de documentación, o simplemente porque el plazo venció antes de que pudieran reunir todos los requisitos… muchos ni se han enterado de la existencia de esta disposición.

La nacionalidad no debería depender de una ventana legislativa que se abre y se cierra cada tres lustros y debería ser un derecho permanente, garantizado por una reforma estructural del Código Civil.

En octubre de 2024, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior presentó al Congreso una propuesta para reformar el Código Civil y convertir en norma lo que hoy es excepción. Esa reforma busca garantizar el acceso a la nacionalidad para todos los descendientes de españoles, sin plazos ni condiciones arbitrarias.

Pero esa propuesta aún no ha sido debatida ni aprobada. Y mientras tanto, miles de expedientes quedarán sin resolver por mucho tiempo. Familias que iniciaron el proceso con ilusión verán cómo sus solicitudes quedan en el limbo. Y muchas otras ni siquiera pudieron empezar.

Identidad, memoria y pertenencia

Más allá de los aspectos legales, lo que está en juego es la identidad. La identidad española es grande, variada y mestiza. No cabe en una sola bandera ni en una sola lengua. Es una identidad que se ha construido en el exilio, en la emigración, en la mezcla de culturas.

Pero parece que el Estado español y en especial algunos partidos políticos aún no han asumido plenamente esa diversidad. Muchos descendientes de emigrantes siguen sintiéndose “españoles de segunda”, invisibles para una administración que no siempre los reconoce ni los representa.

La nacionalidad no debería ser un privilegio condicionado por el calendario político. Debería ser un puente entre generaciones, una forma de reconciliar el pasado con el presente.

La Ley de Memoria Democrática fue un paso importante, pero no suficiente. Porque la memoria no se agota en una ley. Vive en cada familia, en cada archivo, en cada nieto que pregunta “¿de dónde vengo?”.

¿Y ahora qué?

Con el vencimiento de la disposición adicional octava, toca mirar hacia adelante. Exigir que el Congreso debata y apruebe la reforma del Código Civil.

Toca seguir pidiendo que los consulados reciban los recursos que necesitan… pero, sobre todo, seguir abriendo puertas y seguir creciendo con los descendientes de los que fueron expulsados.

Las asociaciones de emigrantes, los colectivos de descendientes, los historiadores y juristas tienen un papel clave en esta nueva etapa. Deben seguir presionando, informando, acompañando a las familias. La lucha por la nacionalidad continúa y no se mide en plazos, sino en convicciones y sentimientos de pertenencia.

También es fundamental que los partidos políticos entiendan que esta no es una cuestión marginal. Es una cuestión de justicia, de derechos humanos, de reparación histórica.

Necesitamos que legislen pensando en las personas, no en los calendarios electorales.

PSOE, Sumar y Podemos ya mostraron su intención de corregir, aunque fuera solo de manera temporal, este problema a través de la LMD y en 2007 con la Ley de Memoria Histórica.

Igualmente hay que recordar a Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, sus declaraciones en Buenos Aires en noviembre de 2022 donde abogó por una ley de nacionalidad específica añadiendo que debería estar “fuera de planteamientos ideológicos y fuera de rencores” y “para desvincular la nacionalidad de la ideología y de los acontecimientos lamentables que vivió España con la guerra civil y la dictadura”. 2022 parece lejísimos y esperamos que no se haya olvidado de aquello que dijo en Argentina.

Invitados están todos los partidos a la reunión de la Comisión de Derechos Civiles y participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) que se llevara a cabo en Madrid a finales de noviembre.

Una llamada a la empatía

En este contexto, es importante no perder de vista la dimensión humana. Los funcionarios consulares han trabajado en condiciones difíciles, con recursos limitados y bajo presión constante. No son responsables de las decisiones políticas ni de los plazos legislativos. Merecen nuestro respeto y apoyo.

…pero también merecen que se les dote de medios adecuados.

Necesitamos que se modernicen los sistemas, que se refuercen las plantillas, y que se agilicen las inscripciones incluyendo quizás el trabajo de otros registros civiles en la tramitación de los cientos de miles de expedientes que tendrán que revisar.

En 2025 debería haber una automatización de procedimientos y España ha de tener una urgencia por asegurar que nuestros y nuestras compatriotas logren obtener la nacionalidad española con la mayor celeridad posible sin olvidar las garantías jurídicas necesarias.

En un momento histórico en el que la economía va viento en popa gracias a la inmigración que está llegando, pese a quien le pese y a pesar de los discursos xenófobos y racistas de algunos partidos, tenemos que asegurar que nuestros españoles en el exterior que quieran retornar a los pueblos y ciudades de los que fueron expulsados sus ascendientes, puedan hacerlo en una España abierta al mundo y que siga creciendo con una población en pleno crecimiento y con una renovación necesaria.

La nacionalidad no es un trámite, es una historia, una memoria y una identidad que merece ser tratada con dignidad.

David Casarejos Moya

Presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y presidente del Consejo de Residentes Españoles de Manchester.