El CGCEE aprobó la renegociación del convenio tributario hispano-alemán y la reapertura de la consejería de finanzas en ese país
La Comisión de Derechos Civiles y Participación sacó adelante en el último pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) –celebrado los pasados días 2 y 3 de abril– un total de 21 propuestas que reclaman mejoras en los servicios consulares, así como en asuntos que tienen que ver con el voto del CERA, la fiscalidad, pero también sobre los condicionantes para establecerse en España o la participación del colectivo en sectores como el mercado de la vivienda.

En relación con la fiscalidad, y a propuesta de la consejera por Alemania, así como presidenta del Consejo, Violeta Alonso Peláez, se solicitó al Ministerio de Hacienda la renegociación del convenio firmado entre España y Alemania para evitar el doble pago del impuesto sobre la renta por parte de los residentes en el país germano que perciben dinero en concepto de alquileres procedente de bienes inmuebles en España.
En la actualidad, pese a haber pagado los impuestos correspondientes en España, los españoles residentes en Alemania están sujetos a fiscalidad también en ese país, donde la presión fiscal es significativamente más elevada que la española, de ahí que acaben pagando por esas rentas cantidades mucho más altas que el resto de personas con rentas de bienes inmuebles en España que residen en otros países, incluso los extracomunitarios.
La discriminación se produce en relación a las personas residentes en terceros países con rentas procedentes de bienes inmuebles en España –en este caso, solamente son sometidos a la imposición tributaria española a través del Impuesto de la Renta para no Residentes– y respecto a los residentes en Alemania con rentas procedentes de bienes en terceros países que no sean España. En este supuesto, solo están sujetos a impuestos en Alemania en el caso de España.
Para evitar la discriminación que sufren al respecto las personas con nacionalidad española residentes en Alemania que cuentan con una vivienda familiar en alquiler en su país de origen, piden que tales rentas estén libres de impuestos y no se graben en Alemania, sino que únicamente se tengan en cuenta para el cálculo del tipo impositivo.
Consejería de finanzas en Alemania
Igualmente, a propuesta de la consejera Violeta Alonso, el Pleno aprobó la iniciativa para que se reabra la consejería de finanzas en la República Federal de Alemania –suprimida en 2014 por la reestructuración de las mismas– para que la ciudadanía española en ese país pueda recibir información sobre temas fiscales, pensiones, ingresos provenientes del trabajo o las herencias.
La propuesta respecto a Alemania –país en el que la población española aumentó de manera exponencial en los últimos años y ronda ya las 200.000 personas– será elevada a los ministerios de Hacienda, Asuntos Exteriores y Economía y con ella se pretende facilitar a la ciudadanía española con residencia fiscal en Alemania el cumplimiento de sus obligaciones tributarias individuales, proporcionándole información sobre estas obligaciones en ese país como respecto a sus posibles obligaciones fiscales en España y evitando multas por incumplimientos tributarios debido al desconocimiento de la normativa. Asimismo, se persigue también asegurar el cumplimiento por parte de las administraciones alemanas del convenio de doble imposición firmado entre ambos países.
La supresión de la consejería de finanzas en Alemania, en 2014, obedeció a criterios esgrimidos entonces que se basaban en la experiencia que habían adquirido los empresarios para afrontar los asuntos en materia de fiscalidad. Sin embargo, la Comisión considera que la emigración actual “no cuenta ni con experiencia en el país ni con conocimientos fiscales avanzados”, así como tampoco con “conocimientos de idioma” ni “cauces alternativos para recibir información en materia fiscal”, por lo que reclama la reapertura de la consejería de finanzas.
Por otra parte, se aduce que en Alemania se prohíbe de “forma explícita” a los consejos de residentes españoles, a las consejerías de Trabajo en el Exterior o a nivel privado proporcionar información o asesoría en materia fiscal, lo que, a su entender, “agrava aún más la situación”, ya que el único recurso que le queda a la ciudadanía es “acudir a asesores fiscales” que cobran unos emolumentos “elevados”.
La imposibilidad de encontrar asesoramiento adecuado ha supuesto que personas de origen español residentes en Alemania sean castigadas con “multas o sanciones” por no cumplir con sus obligaciones al respecto, remarca el texto llevado al pleno.
Evitar la doble imposición tributaria con terceros países
Otro de los asuntos en materia de fiscalidad que se han abordado en el pleno, a propuesta de la consejera por Alemania y que ha contado con un respaldo elevado de los representantes de la colectividad en las sesiones de trabajo llevadas a cabo el pasado mes de abril, es el que demanda conocer e informar con carácter previo sobre los convenios de España con terceros países para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, tanto de la ciudadanía en el exterior como de las personas retornadas.
España ha firmado, al menos, un centenar de convenios de este tipo, con los que se busca proporcionar a los posibles afectados un marco claro y no abusivo para cumplir con estas obligaciones, por lo que el pleno ha decidido solicitar del Ministerio de Hacienda que recabe previamente a la firma de nuevos convenios o renegociación de los existentes con otros países en materia tributaria un informe preceptivo tanto del CGCEE como de los CRE (Consejos de Residentes Españoles) afectados respecto a la nueva disposición normativa.
Eximir a pensionistas de remitir el certificado de residencia fiscal al INSS
La consejera y presidenta del Consejo también presentó una propuesta para que se exima a los pensionistas y personas preceptoras de prestaciones de la Seguridad Social de la obligatoriedad de remitir anualmente un certificado de residencia fiscal al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Con esta medida se evitaría también la doble imposición a ambos colectivos, garantizar que la documentación enviada por ellos llegue correctamente a la administración española y evitar que esta modifique el estatus fiscal de pensionistas en el extranjero sin una base documental que respalde un cambio en su situación administrativa o fiscal.