El adelanto electoral en Castilla y León a febrero de este año le libra de concurrir a las autonómicas en 2023
Castilla y León, que concurrió con el conjunto en 2019, adelantó comicios a febrero de este año, por lo que se libra de convocar a los ciudadanos a la cita electoral del próximo año, salvo que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, decida lo contrario.
La Comunidad podrá retrasar a 2026 la celebración de elecciones, ya que de sus estatutos se ha eliminado la exigencia de convocarla el último domingo de mayo cada cuatro años. Simplemente se dice que las Cortes de Castilla y León son elegidas cada cuatro años y que el mandato de los diputados finaliza cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
La última reforma estatutaria en Castilla y León (2007) suprimió la pertenencia de esta comunidad autónoma al régimen común y le otorgó un régimen propio, al igual que sucedió con Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana (2006), donde hace cuatro años, su presidente, Ximo Puig, sí adelantó a abril la convocatoria electoral de mayo con el propósito, según dijo, de votar “como actores de primera fila de la política española”. “Queríamos una comunidad histórica y ya lo somos. Hemos culminado el camino empezado hace 40 años”, remarcó entonces el presidente, al tiempo que desvinculó su decisión de motivos partidistas.
Ante la cita electoral de 2023, Puig se plantea ahora retrasar un mes la convocatoria, para hacerla coincidir con el resto de autonomías.
Madrid, que también adelantó la convocatoria electoral –en su caso, a mayo de 2021–, así como Cantabria, Extremadura, Murcia y Principado de Asturias, continúan con la uniformización heredera de los pactos autonómicos de 1981 en lo que atañe a la convocatoria electoral en estos territorios, por lo que deben llamar a los ciudadanos a votar el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. En el caso del espacio geográfico que en la actualidad lidera Isabel Díaz Ayuso, los ciudadanos serán llamados a las urnas para elegir a sus representantes autonómicos dos años después de realizada la última consulta.
La Rioja, por su parte, se limita a prever la posible coincidencia del proceso electoral en el territorio con las elecciones municipales.
Pese a que buena parte de las comunidades no históricas han apartado de sus estatutos la exigencia de convocar el último domingo de mayo, casi todas siguen a este respecto el camino marcado en 1981, implantado para fomentar y favorecer la creación de gobiernos estables.
