Juan Carlos I

En mis tiempos de educación primaria existía un juego en el que te pedían que pensases en un animal que empezase por ‘i’, en un color y en un país que empezase por ‘D’. Una vez pensado, el ‘interrogador’ te decía: “¿Y quién te ha dicho que en Dinamarca había iguanas verdes?”. Pasados los años, aprendí que no sólo Dinamarca empezaba por ‘D’; un pequeño y diminuto país africano, Djibuti, podía ser pensado y ahí sí que podrían vivir las iguanas a sus anchas. Pero la globalización trajo que cualquier danés pueda tener en su casa una iguana, ponerle unos focos de calor e ir conviviendo con ella durante los fríos inviernos.
No deja de ser un escándalo, contra natura, que las iguanas vivan en el gélido norte o que los ‘husky’ siberianos sean perros de compañía en el tórrido Caribe. Lo mismo podríamos pensar del rey español que fue puesto por un dictador militar fascista saltándose leyes dinásticas (Juan Carlos I no era el heredero, sino su padre Juan), leyes históricas y leyes políticas democráticas.
En la ciencia, cuando se parte de premisas falsas se llega a conclusiones falsas. Juan Carlos I de Borbón y Battemberg es tal vez la mayor premisa falsa (después de Franco) de la historia de España. Muchos ven en su abdicación las presiones de los escándalos familiares que lo rodean, cuando el mayor escándalo del rey español es él mismo. El hecho de que un empleado del Estado, a sueldo de nuestros impuestos, se hiciese multimillonario (2.000 millones de euros según ‘The New York Times’) sin saber el cómo ni el cuándo ni el por qué, es tan escandaloso como que ninguna institución pública o ningún político de los dos partidos mayoritarios, PP o PSOE, le pidan cuentas.
Los Borbón no pueden ser acusados de ‘robar’ unas elecciones porque nunca se presentaron, ni se presentarán a ninguna. Ahora bien, ¿ante quién rinde cuentas de sus negocios esta familia? ¿Son reyes de un país... o de un negocio?