Opinión

Lucrar con la miseria ajena

Edmundo Moure | 20 de marzo de 2017

“El infierno son los otros”.

JP Sartre

Es un viejo tópico, ya lo sabéis. Desde que los dueños del capital y del poder económico disponen, a su amaño, del trabajo enajenado de quienes lo ejecutan, de sus cuerpos y de sus almas, como corresponde a la cosmogonía aplicada a través de la ejecutoria administrativa del poder, aliado a la religión que le ha servido y aún le sirve de coartada escatológica, el lucro de la miseria ajena resulta un jugoso y permanente emprendimiento.

Tendemos a pensar, de manera equivocada, que sucesivas legislaciones del trabajo y del ordenamiento jurídico civil impiden o controlan los abusos que pudieran cometerse con prácticas que nos parecen propias de los siglos XIX y principios del  XX. Al respecto, connotados escritores denunciaron tales tropelías del capitalismo, en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica; también en Chile, si nos remontamos a dos novelas esenciales, calificadas como piezas naturalistas o de “realismo proletario”. Me refiero a La Viuda del Conventillo (1930, Buenos Aires), de Alberto Romero; La Sangre y la Esperanza (1943, Santiago de Chile), de Nicomedes Guzmán, a las que bien pudiéramos agregar: El Roto, de Joaquín Edwards Bello, e Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas; asimismo, las narraciones breves de José Santos González Vera, Oscar Castro y Gonzalo Drago.

El conventillo fue una institución muy extendida desde finales del siglo XIX hasta promediar el siglo XX. Rentistas propietarios subdividían grandes caserones en pequeños apartamentos, para arrendárselos a individuos o familias de escasos recursos o “venidos a menos”, según eufemismo al uso para no hablar de pobres o miserables. Supimos de este recurso habitacional solapado a través de ciertos relatos familiares, porque un bisabuelo de la rama chilena, a la sazón hacendado, poseía dos o tres conventillos en el centro de Santiago.

La administración de los mismos era sencilla, puesto que no había contratos de por medio ni otras cláusulas escritas. Todo era de palabra. Así, cuando transcurría un mes de atraso en el pago de la renta, don C acudía, provisto de su bastón de punta acerada y de un gañán-ayudante; efectuaban el desalojo sin mayor dilación y el bisabuelo se cobraba el saldo insoluto a punta de bastonazos. Si la cosa se ponía difícil, ya fuese por toparse con una resistencia desusada o por lamentables protestas femeninas vueltas escándalo público, quedaba el recurso de la autoridad expedita: los “pacos” o policías de entonces, quienes actuaban de facto y de modo eficiente y rápido, como corresponde a la cabal defensa de la propiedad.

Te preguntarás, impaciente lector, ¿a qué viene este cuento?, ¿acaso el cronista pretende iniciar un cursillo de naturalismo literario?

Nada de eso, sino confirmar que aquellas prácticas vuelven a estar en boga en nuestro paraíso neoliberal chileno, explotando, sobre todo, las apremiantes necesidades de cobijo de numerosos emigrantes que llegan a buscar fortuna en esta feliz copia del edén. Sí, ellos están siendo víctimas de inescrupulosos “emprendedores”, algunos, propietarios de viejos inmuebles en el casco antiguo de Santiago, otros, arrendatarios sagaces que subarriendan casonas a mal traer, obteniendo una jugosa plusvalía con pocos riesgos y menos obligaciones por cumplir.

Un caserón de doce habitaciones, pongamos por caso, se habilita implementando dos a tres subdivisiones por cada cuarto, en proporción a la superficie disponible. Como promedio de esta casa-tipo a que aludimos, obtenemos un aprovechamiento de treinta cubículos “independientes”: seis, de tres por habitación; y seis, de dos por habitación. Cada uno de estos “apartamentos”, armados con paneles de listones y placas livianas, se renta a razón de $180 mil a $200 mil pesos mensuales, más un adicional de $10 mil o $20 mil pesos por consumo de agua y luz. Una de las condiciones es la de limitar el alojamiento a un máximo de cuatro individuos por ratonera. El caserón posee tres baños y una cocina, todo de uso común para unos cuarenta moradores.

De acuerdo a lo informado por un colega contable existirían, solo en Santiago capital, alrededor de doscientos inmuebles destinados a este lucrativo y humanitario negocio (ambas categorías no se excluyen)… Si usted dispone de una casona apropiada o tiene un dato de primera mano, póngase manos a la obra; no le faltarán inmigrantes.

Ahora, mediante una simple multiplicación, obtenemos un guarismo total cercano a los seis millones de pesos (unos nueve mil dólares) como ingreso mensual fijo. Nada despreciable, si consideramos que la inversión es mínima y el mantenimiento insignificante, unido esto a una completa exención de tributos, pues se trata de platas no declaradas a papá Fisco.

En este renovado sistema de alquiler, se hace firmar a los inquilinos un contrato único (sin copia para el firmante), provisto de cláusulas leoninas y ejecutoria sumaria. (Pende sobre él la amenaza de su extranjería). No creo que la obligación del canon se ejerza por los medios punibles que empleaba mi iracundo bisabuelo, pero sin duda que estos aprovechados arrendadores harán valer con prontitud el derecho de propiedad, bien amparado en la Constitución de 1980.

Si algún lector suspicaz o algún pariente de esos que critican mi proclividad a lo fantasioso, pone en duda la realidad de la denuncia social expuesta en esta crónica, le proporciono un dato concreto y fehaciente: la destartalada mansión a la que me remito está sita en calle Ejército Libertador N° 631.

Hasta el pomposo y heroico nombre de la rúa contribuye a resaltar la paradoja del expectable lucro obtenido mediante la inicua miseria de los otros.

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