Propiedad privada
Para el Partido Socialista Obrero Español y para el Partido Popular, España es un coto privado donde ellos deciden todo, nombran los capataces para que todo marche como ellos decidan y allí entre quien no les cree ningún problema, para poder seguir disfrutando de las ventajas del sistema que ellos mismos se han creado.
Para el Partido Socialista Obrero Español y para el Partido Popular, España es un coto privado donde ellos deciden todo, nombran los capataces para que todo marche como ellos decidan y allí entre quien no les cree ningún problema, para poder seguir disfrutando de las ventajas del sistema que ellos mismos se han creado.
En las Cortes Generales se enfrentan como gladiadores, pero en la trastienda del restaurante de la hacienda, los subalternos mercadean todos los puestos del Estado, los arreglos de los candidatos, las normas electorales que sigan aportándoles los mandos para trapichear en campos tan oscuros que los expertos no llegan a visionar esos pactos no escritos.
¿Quién puede esclarecer políticamente la anulación del voto de millón y medio de españoles que vivimos fuera de España?, ¿a quién beneficia? Al Gobierno le deshonra, al Congreso de sus senorías le desprestigia, al Senado le desacredita y a los partidos firmantes les desautoriza, porque no han respetado colectivamente, unos después de los otros, varios artículos de la Constitución (es verdad que esto más bien parece un adulterio), han vulnerado o violado todas las leyes que esos mismos partidos han firmado desde que por referendo se votó la Constitución.
El Congreso y el Senado son correa de trasmisión de las decisiones de los dos grandes partidos, todos votan como soldados.
Para su Majestad éramos los representantes del pueblo español en el extranjero, para el Príncipe éramos los mejores embajadores de España y para los representantes de los partidos políticos que pasaban a visitarnos o a pedirnos el voto éramos los que habíamos luchado por la democracia, los que conseguimos desarrollar España con nuestras remesas, etc.
El máximo responsable de este atropello es el Gobierno, que tiene que velar por la aplicación de las leyes, como dice el Estatuto de la Ciudadanía Espanola en el Exterior Ar° 4. 2 –“el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales”–, el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de atender por Ley todas las demandas de nuestras reuniones plenarias, hemos sido elegidos como órgano consultivo, la Dirección del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha hecho declaraciones públicas contrarias a nuestras resoluciones, por todos los sitios estamos vendidos, es la peor Administración que hemos tenido.
El nuevo discurso cuando vengan a pedirnos el voto, será el bla, bla, bla, bla, tradicional o nosotros no hemos sido, ha sido el Parlamento.
Señores/as nos han quitado el derecho que la Constitución en su Art. 14 nos daba, para poder votar en nuestro pueblo o capital, poder decidir como todo ciudadano libre en el siglo XXI, ahora ya no somos sólo españoles de segunda, más bien espanoles de reserva para cuando les seamos útiles.
En las autonómicas, legislativas y europeas tendremos que solicitar el voto para poder votar, ¿a quién se puede votar moralmente?, ¿a aquellos partidos que nos han quitado nuestros derechos?, ¿a los que nos han engañado a todos los ciudadanos que vivimos fuera de España?
Los que no tenemos compromisos votaremos por aquellos que nos han defendido, IU o CC, esto será el voto útil, a los militantes no comprometidos la abstención no nos ayudaría, hay que justificar votando contra ellos; aquellos otros comprometidos políticamente tendrán que elegir, no creo que aprieten el cuchillo que les clavó su partido por la espalda y que puedan seguir pagando una cotización en recompensa por haberles quitado sus derechos. En esta vida hay que ser valientes y recordar el dicho español ‘Roma no paga a traidores’; porque todo ha sido pactado a nuestras espaldas.
Después de estas decisiones anacrónicas, ¿qué responsabilidad tenemos los miembros de los Consejos de Residentes Españoles, y los consejeros generales ante los españoles?, ¿qué plaza es la nuestra cuando han tomado unas decisiones contrarias a nuestros derechos y sin consultarnos como prevé la Ley? Han anulado la representatividad de todos.
Sólo el Tribunal Constitucional podrá devolvernos nuestros derechos, las cúpulas políticas no reconocen sus errores pero está claro que ya nunca será como antes, el altruismo ha sido decapitado.
Laureano Román es presidente del CRE de Toulouse y consejero general de la Ciudadanía Española en el Exterior por Francia.
En las Cortes Generales se enfrentan como gladiadores, pero en la trastienda del restaurante de la hacienda, los subalternos mercadean todos los puestos del Estado, los arreglos de los candidatos, las normas electorales que sigan aportándoles los mandos para trapichear en campos tan oscuros que los expertos no llegan a visionar esos pactos no escritos.
¿Quién puede esclarecer políticamente la anulación del voto de millón y medio de españoles que vivimos fuera de España?, ¿a quién beneficia? Al Gobierno le deshonra, al Congreso de sus senorías le desprestigia, al Senado le desacredita y a los partidos firmantes les desautoriza, porque no han respetado colectivamente, unos después de los otros, varios artículos de la Constitución (es verdad que esto más bien parece un adulterio), han vulnerado o violado todas las leyes que esos mismos partidos han firmado desde que por referendo se votó la Constitución.
El Congreso y el Senado son correa de trasmisión de las decisiones de los dos grandes partidos, todos votan como soldados.
Para su Majestad éramos los representantes del pueblo español en el extranjero, para el Príncipe éramos los mejores embajadores de España y para los representantes de los partidos políticos que pasaban a visitarnos o a pedirnos el voto éramos los que habíamos luchado por la democracia, los que conseguimos desarrollar España con nuestras remesas, etc.
El máximo responsable de este atropello es el Gobierno, que tiene que velar por la aplicación de las leyes, como dice el Estatuto de la Ciudadanía Espanola en el Exterior Ar° 4. 2 –“el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales”–, el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de atender por Ley todas las demandas de nuestras reuniones plenarias, hemos sido elegidos como órgano consultivo, la Dirección del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha hecho declaraciones públicas contrarias a nuestras resoluciones, por todos los sitios estamos vendidos, es la peor Administración que hemos tenido.
El nuevo discurso cuando vengan a pedirnos el voto, será el bla, bla, bla, bla, tradicional o nosotros no hemos sido, ha sido el Parlamento.
Señores/as nos han quitado el derecho que la Constitución en su Art. 14 nos daba, para poder votar en nuestro pueblo o capital, poder decidir como todo ciudadano libre en el siglo XXI, ahora ya no somos sólo españoles de segunda, más bien espanoles de reserva para cuando les seamos útiles.
En las autonómicas, legislativas y europeas tendremos que solicitar el voto para poder votar, ¿a quién se puede votar moralmente?, ¿a aquellos partidos que nos han quitado nuestros derechos?, ¿a los que nos han engañado a todos los ciudadanos que vivimos fuera de España?
Los que no tenemos compromisos votaremos por aquellos que nos han defendido, IU o CC, esto será el voto útil, a los militantes no comprometidos la abstención no nos ayudaría, hay que justificar votando contra ellos; aquellos otros comprometidos políticamente tendrán que elegir, no creo que aprieten el cuchillo que les clavó su partido por la espalda y que puedan seguir pagando una cotización en recompensa por haberles quitado sus derechos. En esta vida hay que ser valientes y recordar el dicho español ‘Roma no paga a traidores’; porque todo ha sido pactado a nuestras espaldas.
Después de estas decisiones anacrónicas, ¿qué responsabilidad tenemos los miembros de los Consejos de Residentes Españoles, y los consejeros generales ante los españoles?, ¿qué plaza es la nuestra cuando han tomado unas decisiones contrarias a nuestros derechos y sin consultarnos como prevé la Ley? Han anulado la representatividad de todos.
Sólo el Tribunal Constitucional podrá devolvernos nuestros derechos, las cúpulas políticas no reconocen sus errores pero está claro que ya nunca será como antes, el altruismo ha sido decapitado.
Laureano Román es presidente del CRE de Toulouse y consejero general de la Ciudadanía Española en el Exterior por Francia.