PRESENTÓ SU INFORME ANUAL AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

La Valedora celebra la solución del INSS a los pensionistas de Venezuela y espera se extienda a otras prestaciones pendientes

| 09 Octubre 2019 - 14:54 h.
Fernández Galindo, entregando el informe anual a Miguel Santalices.
Fernández Galindo, entregando el informe anual a Miguel Santalices.

La Valedora do Pobo continuó a lo largo del pasado año recibiendo quejas de los gallegos que, desde 2015, padecen retraso en el cobro de las prestaciones que les corresponden por Venezuela o las que solicitan a las administraciones españolas, a la vista de la pérdida de toda posibilidad de que el Gobierno de Nicolás Maduro haga frente a sus obligaciones, según se detalla en el informe anual que fue presentado el pasado día 1 de octubre al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, por la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galindo.

Este organismo autonómico, según refleja en el informe, puso de nuevo de relieve este año ante las autoridades venezolanas la situación de los afectados, y se dirigió a las diferentes administraciones españolas para promover su actuación subsidiaria, de tal manera que afrontara de forma directa cuestiones que se tienen que resolver en los tribunales, pero que hacerlo así supondría un coste y un retraso.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya habilitó una solución para reconocer el complemento a mínimos de los pensionistas mediante una actualización realista del valor de la moneda venezolana y esta institución celebra la medida, que venía reclamándose desde “hace mucho tiempo”, apostilla. Al respecto, la Valedora, que conoció la decisión del INSS al cierre del presente informe, muestra en el mismo su deseo de que dicha medida “se extienda a otras prestaciones pendientes de una solución en el mismo sentido”.

Por lo que respecta a la Consellería de Política Social, el informe aclara que el mencionado departamento viene resolviendo las solicitudes de su competencia desde hace algún tiempo y que, ante situaciones de exclusión, los afectados pueden reclamar y recibir ayudas de inclusión social, que son las adecuadas para atender necesidades urgentes. Sin embargo, este tipo de ayudas no prestan atención permanente cuando resulta precisa, denuncia, y la Risga tampoco ofrece una solución al respecto, ya que para recibir esta prestación es necesario tener menos de 65 años de edad y los solicitantes de Venezuela son personas de edad avanzada, aclara el informe.

En lo que atañe a la Administración central –prosigue el informe–, esta denegaba las solicitudes de ayuda con el argumento de que los retornados de Venezuela ya cuentan con una renta de su país, derecho que justificaba el rechazo a prestaciones de primera necesidad en España.

Con el objetivo de cambiar el panorama actual en lo referente a la Administración General del Estado, tanto la Valedora do Pobo como el Defensor del Pueblo reclamaron, a tenor de las reclamaciones recibidas, que no se computaran las pensiones no abonadas desde hace mucho tiempo. De este modo podrían reconocerse a estos afectados complementos a mínimos de sus pensiones y otras prestaciones de carácter no contributivo o asistencial, entre ellas las pensiones no contributivas (PNC), que, aunque se gestionan por la consellería, su regulación sigue siendo responsabilidad del Estado.

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social respondió, según se recoge en el documento, que estaban “tratando de encontrar una solución al problema expuesto, en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones”, y que la ministra confiaba en que pudiera “encauzarse la difícil situación de este colectivo”.

La Valedora y el Defensor también solicitaron de la Delegación del Gobierno en Galicia conocer las sentencias recaídas por reclamaciones de afectados por el impago de las pensiones y las medidas adoptadas o previstas por los órganos o entidades competentes para generalizarlas, en su caso, teniendo en cuenta que cada vez son más las resoluciones judiciales que reconocen prestaciones estatales a las personas afectadas, especialmente el complemento a mínimos de las pensiones.

Antes de conocer la solución del INSS a este problema, la Valedora, y así lo refleja en su informe, se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Galicia para solicitarle que transmitiera a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con quien comparte su “preocupación”, la petición de “actuación urgente para definir el marco que aborde y solucione la grave situación que padecen los afectados, tanto gallegos como del resto de España.

“La necesidad de solución es urgente, debido al mucho tiempo desde que no se cobran las pensiones”, recoge la Valedora en su envío al Ministerio, en el que le solicitaba, además, que se “estudien y concreten las medidas que en el ámbito de sus funciones permitan solucionar la grave situación que padecen” los afectados, ya que, si bien el problema se ocasiona por el incumplimiento de las obligaciones por parte de Venezuela, también se aprecia “una insuficiente atención por parte de las autoridades nacionales”.

 

Pensión de Francia

En el apartado de quejas en el área de Trabajo y Emigración, la Valedora recoge la denuncia de una mujer de 81 años que demanda información sobre su pensión en Francia y complemento en España. La mujer, que asegura no haber conseguido recibir atención en las oficinas del INSS de Ferrol, Ortigueira y Betanzos, dice sentirse “indefensa”, según el informe. Por mediación de la Valedora, que admitió a trámite la queja, la directora provincial del INSS informó que es conocedora de los problemas que existen en la oficina y que se está tratando de solucionarlos. Asimismo, se fijó una fecha para que la afectada pudiese ser recibida en el Centro de Atención e Información de Ferrol.

Otra de las consultas, pero que en esta ocasión no fue admitida a trámite, vino provocada por la demanda de un acta de matrimonio de una pareja que se casó hace años en Buenos Aires. El objetivo era poder solicitar una pensión de viudedad para la madre, y desde la oficina del Valedor se le indicaron al demandante los pasos que debería dar para realizar los trámites precisos.

Entre las tramitadas y concluidas figura la de un trabajador que estaba percibiendo la prestación por desempleo y que fue sancionado con la extinción de la misma por incumplir la obligación de comunicar al SEPE su salida el extranjero. En esos casos, según le informó la Valedora, “la norma no restringe la libertad” de salir a otro país, pero ha de comunicarse al organismo correspondiente, ya que, de lo contrario, se podría perder el derecho a percibir la prestación por desempleo.

El número de quejas presentadas en este área en 2018 se elevó a 75, de las cuales, 49 fueron admitidas a trámite. La mayoría tiene que ver con desacuerdos sobre las pensiones recibidas, las resoluciones de incapacidad y las valoraciones médicas e iban dirigidas a la Consellería de Economía, Emprego e Industria y al INSS.

 

Gallegos en buques noruegos

La Valedora también se entrevistó con una representación de los marineros gallegos que trabajaron en buques noruegos, alrededor de 8.000, que denuncian desprotección social. Reclaman una pensión por el tiempo que navegaron en buques noruegos y el cumplimiento de los acuerdos del Parlamento de Galicia, que aprobó por unanimidad instar a la Xunta a reclamar del Gobierno una demanda contra Noruega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por incumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Los afectados subrayaban que su situación “comienza a ser agónica, toda vez que su avanzada edad y su delicado estado de salud no permiten muchas demoras en la resolución del problema”.

La Valedora trató de mediar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que le respondió acerca de lo desaconsejable de interponer una demanda estatal contra Noruega ante el TEDH. No obstante, se compromete a apoyar una demanda eventual de la asociación de afectados ante el mencionado Tribunal.

 

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