LA FINALIDAD ES ACTUAR EN MATERIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA, MÉDICA Y FARMACÉUTICA

Miranda renueva el acuerdo para atender a los presos gallegos en el exterior en situación de especial dificultad

| 09 Junio 2018 - 13:33 h.
Miranda firmó un acuerdo con Fundacion +34, que está dotado con 12.000 euros.
Miranda firmó un acuerdo con Fundacion +34, que está dotado con 12.000 euros.

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, firmó un acuerdo con el presidente de la Fundación +34, Francisco Javier Casado Martín, para prestar atención a aquellos presos de origen gallego que estén en situación de especial dificultad en prisiones extranjeras, sobre todo en América Latina.

El acuerdo recuerda que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha denunciado una preocupante situación de muerte y violencia en las cárceles de determinados países”. Por esta razón, tanto el Valedor do Pobo como el Defensor del Pueblo han solicitado a las distintas administraciones competentes que hagan un esfuerzo por atender a las personas que se encuentran en grave riesgo “por estar en situación de privación de libertad en países en los que no se asegura unas condiciones de respeto de los niveles mínimos de los derechos humanos”.

La Fundación +34 es una organización privada, de carácter social y benéfica sin ánimo de lucro, y entre sus fines se encuentra la ayuda humanitaria y defensa de los presos españoles en el extranjero, así como la ayuda a los ciudadanos en situación de desamparo y abandono.

 

Condiciones físicas y psicológicas

El convenio, dotado con 12.000 euros aportados por la Secretaría Xeral de Emigración, busca favorecer las condiciones tanto físicas como psicológicas de las personas encarceladas, así como recabar información sobre su situación jurídica; facilitar asistencia médica con periodicidad semestral en diversas ciudades del centro y sur de América; y el envío de productos farmacéuticos a aquellas personas, objetivo final del convenio, que las necesitan para su supervivencia y no las tienen garantizadas.

De este modo, el Gobierno gallego pretende complementar el trabajo de la Administración del Estado, que es en la que recae la responsabilidad y competencia sobre los españoles recluidos en cárceles del extranjero.

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