La gallega María Teresa Puga impulsa en la provincia argentina de Córdoba una ley inclusiva de los discapacitados

La provincia argentina de Córdoba se ha convertido en pionera en América en el desarrollo de una ley inclusiva de personas con discapacidad. Y todo gracias a un grupo de trabajo liderado por una gallega, la subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud de Córdoba, María Teresa Puga, quien lleva años ocupándose de estos asuntos. Lo prioritario era disponer de un método eficaz para tratar los problemas de un colectivo necesitado de un trato adecuado, y la propuesta fue bien acogida. La ley se aprobó por unanimidad de los 70 legisladores de Córdoba el pasado 16 de diciembre.

Las personas con discapacidad no son discapacitados. Bien es cierto que presentan alguna disfunción –sea audiovisual, auditiva, motora, psíquica o de cualquier otra índole–, pero en ningún caso se les puede considerar personas discapacitadas en su conjunto. El término habría pues que erradicarlo, pero hasta el momento no se ha encontrado ningún otro que pueda definir mejor a un colectivo afectado por algún tipo de limitación.

No obstante esta apreciación, sobre la que incide la subsecretaria María Teresa Puga, la provincia de Córdoba (Argentina) dispone ya de una ley que obliga a los profesionales que trabajan en los distintos estamentos (Policía, Ejército, Administración, etc.) a estar en constante formación para dispensar un trato adecuado y acabar con la discriminación de las personas con discapacidad en una provincia con 3,4 millones de habitantes, de los cuales, 225.000 presentan alguna limitación.

Y es que, por muy absurdo que parezca, lo frecuente “es no saber cómo ayudar a estas personas” en su vida diaria. “Que son personas con una o varias limitaciones, no más. No es una persona toda ella discapacitada”, incide, pero lo cierto es que “no se les pregunta” acerca de sus necesidades; no se les escucha “para que se puedan expresar”. “A los sordos, se les grita, en vez de hablarles despacio y de frente” para que puedan leer en los labios. Pero “un ciego puede hacer muchas cosas y algunas personas que están en silla de ruedas, también”, y por eso hay que ayudarles, hay que mentalizarse, porque “son cuestiones que parecen banales, pero que no lo son. Son muy importantes” y contribuir a su desarrollo personal “denota la cultura” de un pueblo, asegura Puga, quien lleva más de 15 años dedicada a estos asuntos.

La llamada ley ‘Córdoba Inclusiva’ –que entrará en vigor a principios de este año 2021–, en la que se viene trabajando intensamente desde hace dos años con especialistas en la materia, entre los que se cuentan Puga y la diputada Natalia de la Sota, va a suponer “un cambio de paradigma” en el trato de los discapacitados. Va a acabar con el “desprecio, menosprecio o invisibilidad” en el que hasta ahora se movían estas personas y que las dejaba “excluidas del acceso a la cultura, a los estudios y a un montón de lugares” de uso común que, lejos de estarles vetados, suponen simplemente una barrera que bien debe ser franqueada y, a partir de ahora, contando para ello con el amparo de la ley. 

Una ley que busca, además, sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas que sufren los minusválidos y sobre la manera de ayudarles a sobrellevarlos, así como asegurar la accesibilidad plena de estas personas en los espacios de dominio y uso público para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones. Porque hablamos de “sujetos con derechos” y no dignos de “pena o lástima” a los que se pensaba que había que atender por “obligación”, apostilla. 

Este extremo quedó para siempre de lado en la provincia de Córdoba, tras la aprobación de esta ley “que va a ser un ejemplo para toda Argentina y otros países que la limitan”. Gracias a esta ley “vamos a tener todos más conocimiento y sentido de la disfunción” y ellos van a tener mayor “integración social”, porque hasta los colectivos que hablan de la diversidad dejan fuera “a las personas con discapacidad”, se queja la subsecretaria, natural de Redondela (Pontevedra), quien emigró siendo muy niña con sus padres a la provincia del Chaco. Tras su paso por Buenos Aires, hoy reside en Córdoba, donde ocupa un cargo político y desarrolla una vida activa en favor de los menos favorecidos.

Médico de profesión, viaja con frecuencia a España, donde recalaron dos de sus tres hijos (tiene una hija arquitecta residiendo en Barcelona, y un hijo chef, en Lugo). Por eso, no descarta retornar e instalarse en su querida Galicia, al menos seis meses cada año, para mantener viva su esencia.

“Mira si la sangre no tira”. “La sangre tira, y las raíces tiran”, asegura esta mujer, quien se confiesa deseosa de pisar de nuevo territorio español. “Pero la pandemia dio la vuelta al planeta” y ahora habrá que esperar a que la situación amaine.

Una ley que obliga a la formación continuada

La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó con fuerza de ley el programa ‘Córdoba Inclusiva’, destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso público.

En un total de 13 artículos, el texto recoge la necesidad de brindar un trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad; propender a la promoción de la sensibilidad social; ofrecerles orientación legal y administrativa para ejercer sus derechos; garantizar el acceso a la legislación vigente en materia de discapacidad; posibilitar la participación plena y efectiva en la sociedad y el reconocimiento a la diversidad; facilitar a las personas con discapacidad su desempeño en la comunidad, disminuyendo o neutralizando la desventaja que su condición les provoca, permitiendo la inclusión, y asegurar una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los espacios de dominio y uso públicos, para el desarrollo de sus actividades diarias.

La capacitación obligatoria está destinada a los agentes y funcionarios públicos en todos sus niveles y cualquiera que sea su jerarquía, que dependan de los poderes del Estado.

La Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión será la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá desarrollar mesas de trabajo para la adecuación de metodologías, contenidos, etc., y asesorar a cada área del Estado Provincial que lo requiera para la accesibilidad cognitiva, así como elaborar indicadores de evaluación.