SE RATIFICÓ UNA DECLARACIÓN EN CONTRA DEL VOTO ROGADO QUE SE ENVIARÁ PERSONALMENTE A TODOS LOS DIPUTADOS Y SENADORES

El Pleno del CGCEE aprobó crear una subcomisión para elaborar una propuesta de Ley de Nacionalidad

| 26 Septiembre 2014 - 12:24 h.
Ángel Capellán, durante la lectura del texto de la Comisión.
Ángel Capellán, durante la lectura del texto de la Comisión.

El Pleno del CGCEE aprobó la propuesta de la Comisión de Derechos Civiles y Participación de crear una subcomisión, que estará formada por Eduardo Dizy, Ángel Capellán, Carmen Pérez y Francisco Ruiz, para elaborar un proyecto de Ley de Nacionalidad en lo que afecte al colectivo de los españoles en el exterior.

Con este texto, que se presentará en el próximo Pleno, se quieren corregir “los problemas que se están dando en el acceso a la nacionalidad española por una parte importante de los descendientes de ciudadanos españoles residentes en otros países, al tiempo que unificase y facilitase las condiciones para ese acceso y, en general, las normas existentes, en ocasiones muy dispersas y difíciles de conocer e interpretar”.

La mayoría de los representantes de la Administración del Estado se opusieron a esta propuesta ya que, según dijo el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, Rubén Baz, la materia es muy compleja y “como está redactada no satisface a muchos”. Los consejeros electos, por su parte, pidieron una oportunidad para hacer una propuesta de Ley de Nacionalidad ya que conocen los problemas de España y los problemas de los países de acogida y consideraron fundamental elaborar una ley que acabe con las sucesivas modificaciones del Código Civil.

El Pleno también aprobó la propuesta de la Comisión para instar al Gobierno a que restablezca el rango de Secretaría de Estado al departamento encargado de la inmigración y emigración “para garantizar que los asuntos que afectan a la colectividad de españoles residentes en el exterior sean tratados al nivel jerárquico que requieren dentro de la Administración española”.

Otra de las propuestas que aprobó el Pleno y que fueron leídas por su presidente, Ángel Capellán, fue la creación de un boletín electrónico del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) que incluya información de procesos legislativos, normas, leyes y, en general, cualquier cuestión que afecte a los residentes en el exterior, tanto si procede del Gobierno central como de las comunidades autónomas.

La Comisión también tenía una propuesta para crear un directorio de correos electrónicos para poder comunicarse con los residentes en cada país. La propuesta causó bastantes discrepancias. La consejera por Panamá, Concepción Cabanillas, defendió la creación de este directorio que estaría en manos de la administración pública, que sería quien mandase los comunicados de los CRE, pero varios consejeros consideraron que podría haber problemas con la Ley de Protección de Datos y, finalmente, la propuesta fue retirada.

El recuerdo por el presidente fallecido de la Comisión de Derechos Civiles, Rafael Castillo, también estuvo presente en el Pleno que guardó un minuto de silencio en su memoria.

 

Permisos de trabajo en República Dominicana

El Pleno también aprobó la propuesta del consejero de República Dominicana, Eduardo Pahíno, para que se establezca un “trato equilibrado” en la tramitación de permisos de trabajo y residencia en la República Dominicana. En el Pleno, Pahíno señaló que el consulado está trabajando en este tema pero “se deben hacer gestiones al más alto nivel diplomático, de gobierno a gobierno”.

 

Consulados en Venezuela y Cuba

Una vez más, el Pleno aprobó, con los votos en contra de los representantes de la Administración, que se inste al Gobierno a que cree uno de los dos consulados previstos para Venezuela y otro en Santiago de Cuba. Desde la Administración se aseguró que no hay presupuesto para nuevas aperturas y que lo que están tratando de hacer es reforzar las oficinas consulares ya existentes. Los consejeros por Venezuela rechazaron, una vez más, estas explicaciones y aseguraron que no son argumentos válidos por las grandes distancias en Venezuela y los problemas del país.

 

Supresión del voto rogado

La Comisión de Derechos Civiles insistió una vez más en la necesidad de suprimir el voto rogado en el exterior y para ello llevó al Pleno una declaración que, tras ser aprobada, está previsto que se remita a todos los senadores y diputados del Parlamento español.

En la declaración se les hace responsables “de las nefastas consecuencias” de la Loreg “en la participación electoral de los españoles en el exterior” y se les acusa de ignorar por completo las advertencias del Pleno del Consejo que ya auguraban que esos cambios iban a disminuir la participación de niveles mínimos.

Además, explican “ni por un momento nos creemos que una de las razones fundamentales que el Congreso alegó y muchos diputados siguen alegando para ‘justificar’ el cambio legislativo ha sido la existencia de fraude en el voto exterior”. La declaración, asegura que el verdadero “fraude” es el “perpetrado por nuestro Parlamento. Es el que modificó drásticamente las condiciones de participación de los españoles del exterior en todos los comicios posteriores”. Según recoge el texto, el argumento de “transparencia” y “seguridad” “es otro modo de injuriar a nuestro colectivo con una simple acusación indirecta” y “malamente velada”.

En el texto también se explica que el sistema del voto en urna no “llegará nunca a ofrecer a los españoles en el exterior las mismas facilidades que tienen los votantes en territorio español”. “Para una mínima supuesta igualdad harían falta unas 1.500 mesas electorales y unas 9.200 urnas en el exterior a fin de mantener la misma proporción relativa de los votantes del CERA con los del territorio nacional. ¿Quién en su sano juicio pretendería que el Gobierno llegara a poner en marcha este proyecto”, se preguntan en la declaración.

Para los consejeros, el método que había ofrecía las suficientes garantías desde que se obligaba a introducir en el sobre del voto una fotocopia del DNI, del pasaporte o un certificado consular. “Esto garantizaba más allá de toda duda de que el que enviaba el voto era el votante que debía hacerlo”. “Falsificar este voto era menos que imposible”, asegura el documento.

El texto quiere dejar claro que desde la emigración se considera que el “voto rogado” es igual a “voto mendigado” y recuerdan que, “aparte de ostentar estos derechos como españoles, nos los hemos ganado a pulso, como contribuyentes decisivos al desarrollo y bienestar de España”. En esta misma línea, recuerdan que “los dos millones de españoles en el exterior envían remesas a España hoy día de más de seis mil millones de euros anuales. En compensación, el presupuesto del Gobierno en ayuda directa a nuestro colectivo es de menos de cien millones de euros. ¡Qué desequilibrio tan abrumador!”.

En el ámbito de la argumentación económica, el texto a remitir a los diputados y senadores recuerda que los emigrantes contribuyen con “muchos miles de millones de euros” a la promoción “del comercio exterior de España” y que cuando se jubilan y regresan a España traen pensiones “multimillonarias, ganadas con gran mérito en sus estancias en el exterior”.

La declaración concluye pidiendo, una vez más, que se les dé la posibilidad de ser oídos en el Parlamento español, un derecho que está recogido en la Ley de la Ciudadanía Española en el Exterior.

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